MÉXICO, D.F. (apro).- Las sentencias de 16 a 40 años, dictadas por un tribunal militar a soldados implicados desde 2007 en la masacre de cinco personas en la sierra de Sinaloa, son “la única excepción de estos casos, en el que el sistema de justicia militar ha fallado consistentemente en brindar justicia a las víctimas de abusos y hacer rendir cuentas a los responsables”, consideró Susan Lee, directora para América de Amnistía Internacional (AI). Después del anuncio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el sentido de que el 28 de octubre pasado el Segundo Consejo de Guerra Ordinario emitió 14 sentencias condenatorias y dos absoluciones, en tanto que tres elementos están amparados, AI destacó que, desde diciembre de 2006 a la fecha, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha documentado más de 6 mil casos de abusos a derechos humanos cometidos por integrantes del Ejército, “sin embargo, son infrecuentes los juicios y sentencias militares”. El caso al que hizo referencia la Sedena en un comunicado se refiere al ataque a tripulantes de una camioneta que no detuvo su marcha al hacerle alto en un retén militar, en las inmediaciones de la comunidad La Joya de los Martínez, Sinaloa. El saldo fue de cinco personas muertas, tres de ellas menores de edad, y tres heridos. Al frente del operativo estaba el capitán segundo de Caballería, Cándido Alday Arriaga, cuyo nombre no se incluyó en el comunicado de la Sedena, aunque sí precisó que al responsable del retén “se le impuso una pena de 40 años, la destitución del empleo e inhabilitación por 10 años por los delitos contra las personas, causando homicidio calificado, lesiones calificadas, daño en propiedad ajena y desobediencia”. Otro oficial no mencionado tuvo una sentencia de 38 años, destitución de la dependencia e inhabilitación por 10 años por homicidio calificado y violencia contra las personas, causando lesiones calificadas, en tanto que 12 elementos de tropa fueron condenados a 16 años de prisión por violencia contra las personas causando también homicidio y lesiones. El de La Joya de los Martínez, ocurrido el 1 de junio de 2007, es uno de los primeros casos de abusos militares registrados en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y por el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 40/2007, en la que determinó que los implicados recurrieron a la “siembra” de pruebas para justificar la matanza y no auxiliaron a las víctimas para que recibieran atención médica cuando tres de ellas todavía estaban con vida. En un comunicado, Susan Lee resaltó que pese a la orientación de las sentencias, el proceso castrense carece de transparencia y es contrario a cuatro resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Éstas obligan al Estado mexicano a conducir investigaciones, juicios y sanciones de violaciones a derechos humanos cometidos por militares dentro del fuero ordinario. “Dada la naturaleza poco transparente del sistema de justicia militar en México, no sabemos mayores detalles del caso o por cuánto tiempo estos hombres realmente permanecerán en prisión”, señaló la directora de AI. “Es tiempo de que las autoridades mexicanas den cumplimiento a las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia (de la Nación) trasladando las investigaciones y procesos judiciales de abusos a los derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas a instancias civiles”, agregó Lee. Amnistía también destacó que antes de estas sentencias “sólo dos funcionarios del Ejército han sido sentenciados por abusos contra civiles desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia, en diciembre de 2006. Hasta el momento, todos los casos relacionados con presuntos abusos por parte de las Fuerzas Armadas han sido procesados a través del sistema de justicia militar”. AI insistió en la urgencia de atender las sentencias de la CoIDH así como la determinación de acatarlas por parte de la SCJN, situación de la que “hasta el momento no hay evidencia de que esto esté sucediendo”.