SANTA CRUZ DEL RINCÓN, Gro. En un hecho sin precedentes en Guerrero, cinco hombres que transportaban más de media tonelada de mariguana fueron sancionados por una asamblea popular indígena, a trabajo comunitario e incineraron la droga. Los detenidos, cuatro indígenas mixtecos y un hombre procedente del estado de México, serán obligados a realizar trabajo forzado por tiempo indefinido en las más de 70 comunidades de las regiones de Costa Chica y Montaña de la entidad que forman parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Lo anterior durante una reunión del máximo órgano de la CRAC, la Asamblea Regional de Autoridades que se realizó este sábado en esta población tlapaneca, donde uno de los 10 coordinadores de la organización social, Pablo Guzmán señaló que esta medida no trata de confrontar a los narcotraficantes, sino atacar el conflicto desde las causas que obligan a  los campesinos indígenas a dedicarse a la actividad del narco.   Ello a pesar de que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC), Ramón Almonte Borja, presente en la reunión, sugirió  a los miembros de la CRAC que entregaran a los inculpados y la droga decomisada, a las autoridades federales para que "no se metan en problemas", indicó. El pasado 13 y 14 de octubre, policías comunitarios del poblado de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc -el más pobre del país- detuvieron a cinco hombres que transportaban 33 paquetes de mariguana que sumaron  un peso total de más de 600 kilos. Ante la gravedad del conflicto y por primera ocasión en la entidad, los miembros de la CRAC decidieron juzgar mediante el sistema de usos y costumbres un caso relacionado con el narcotráfico. Después de deliberar cerca  de tres horas, más de un centenar de miembros de la CRAC determinaron someter a trabajo comunitario a los inculpados, así como a incinerar la droga decomisada. Los detenidos son los hermanos Javier y Marcos Ventura Morales, ambos originarios de la comunidad de Cahuañaña, municipio de Metlatónoc; así como Pedro Ponce Rodríguez y Feliciano Ponce Chávez, del poblado de Río Encajonado, municipio de Cochoapa El Grande, y Gabriel Orozco Nieto, del Estado de México. Desde 1995, en 70 comunidades de nueve municipios de las regiones Costa Chica y Montaña se implementa un sistema de seguridad pública y justicia comunitario basado en un sistema de reeducación del infractor a través de trabajo en las comunidades y orientación impartida por un consejo de ancianos.