Cesan al director del Cereso de Acapulco; denuncian mujeres abusos en cateo

martes, 8 de noviembre de 2011
MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero destituyó este martes al director del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Acapulco, Guerrero, Carlos Coronel Avitia, por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. En un comunicado, el vocero del gobierno estatal, Arturo Martínez Núñez, informó que Coronel Avitia y el jefe de custodios fueron separados de su cargo luego del cateo realizado ayer en el penal, donde se hallaron tres armas de fuego, 160 televisores, 34 aparatos de sonido, 13 ventiladores, 65 reproductores de DVD, una consola de videojuegos, una cafetera, tres máquinas traga monedas, 19 celulares, un extractor de jugos, dos máquinas de videojuegos, dos pavorreales, 53 gallos de peleas, 23 gallinas, y 10 polluelos de gallina y nueve de guajolote. "Entre las anomalías destaca un nulo sistema de control en cuanto a la introducción de objetos ilegales, así como personas sin autorización para estar con los reclusos", puntualizó Martínez Núñez, quien agregó que el subsecretario de Administración Penitenciaria, Miguel Ángel Orihuela Hernández, quedará de manera provisional al frente del Cereso. El funcionario estatal expresó que de las 25 mujeres que se encontraron al realizar el cateo en el penal, sólo seis eran reclusas y las otras 19 cohabitan con los internos. Asimismo, señaló que luego del hallazgo de ayer se inició “un proceso de investigación para detectar a los trabajadores y/o funcionarios que han promovido la corrupción y quienes muy probablemente estén coludidos con el crimen organizado". Martínez Núñez adelantó que a partir de ahora no sólo se harán los cateos necesarios, sino que se colocarán cámaras de video vigilancia en cada uno de los centros penitenciarios “para tener un mayor control de los mismos". Y más: reconoció que tras las acciones realizadas por las autoridades podría haber reacciones de los grupos del crimen organizado, los cuales pretenderán continuar con su estructura al interior del penal. Más tarde, las mujeres que se encontraban en el penal durante el operativo manifestaron que son esposas de los internos, no prostitutas, como aseguraron las autoridades. En rueda de prensa, cuatro de las mujeres, quienes estuvieron acompañadas por el abogado Alfredo Pérez Zarate, denunciaron que durante el cateo se violaron los derechos humanos de los reclusos. Comentaron incluso que al menos unos 20 de los reclusos fueron golpeados. Asimismo, revelaron que pagaban cuotas de 100 pesos por noche para poder quedarse con sus parejas. El dinero era entregado, según ellas, al jefe de custodios y al director del penal, Carlos Coronel Avitia, quienes ya fueron separados de sus cargos y son investigados por estas irregularidades. Por tal motivo, las cuatro mujeres exigieron una disculpa pública al portavoz oficial del gobierno de Guerrero, Arturo Martínez Núñez, quien las llamó "prostitutas". Durante la conferencia, las mujeres relataron a los medios de comunicación que fueron golpeadas y sacadas de los dormitorios semidesnudas por los policías federales, estatales y marinos que participaron en el cateo. Dainay Zacapala Barrera, esposa de uno de los internos que fueron cambiados de cárcel durante la requisa, se quejó por haber sido detenidas, golpeadas y acusadas de ser prostitutas por los elementos de seguridad a pesar de que en el penal había niños. "Éramos 19 y nos trataron de prostitutas, siendo que había niños también en el lugar y a los niños lo cargaban jaloneando. "Pagamos 100 pesos por estar ahí, cada vez que nos quedábamos pagamos cien pesos, unas dos veces al mes. Nada más nos quedábamos una noche y al otro día salíamos. Le pagamos al director. Mandaba al custodio, al jefe de seguridad a él se los dábamos los cien pesos", señaló. Indicó que minutos después, algunas mujeres en ropa interior fueron llevadas a la zona de enfermería, donde las revisaron, las desnudaron y las pararon pegadas a la pared para tomarles fotos y grabarlas. Pérez Zárate responsabilizó de la agresión y violación a los derechos humanos al secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, y pidió su destitución inmediata por la "actitud permisiva" y demandó que el vocero Arturo Martínez Núñez, rectifique su calificativo hacia las esposas de los internos al llamarlas prostitutas.

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