MÉXICO, D.F. (apro).- El incremento de 65% en las tasas de homicidios, la impunidad en más del 90% de los casos y un aumento preocupante de violaciones a derechos humanos durante el gobierno de Felipe Calderón son el reflejo de “una política de seguridad pública que fracasa seriamente”, porque “no ha logrado reducir la violencia”, considera Human Rights Watch (HRW). “En vez de fortalecer la seguridad pública en México, la ‘guerra’ desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, caos y temor en muchas partes del país”, puntualiza la organización en el documento entregado al mandatario por el presidente de la organización internacional, Kenneth Roth, y su representante para América, José Miguel Vivanco. El documento de 236 páginas, es duro desde su título: Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y torturas en la ‘guerra contra el narcotráfico’ en México, y es una secuencia de un primer informe publicado por HRW en 2009 llamado Impunidad uniformada. Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abuso cometidos durante los operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública. En esta nueva entrega, la organización con sede en Nueva York, da cuenta de 170 casos de tortura, 39 desapariciones forzadas y 24 ejecuciones extrajudiciales. En todos éstos, ocurridos desde que Calderón asumió la Presidencia, habría indicios de que miembros de fuerzas armadas o policíacas fueron responsables de los agravios. En conferencia de prensa, luego de dialogar con Calderón durante dos horas y 20 minutos –el encuentro estaba programado para media hora–, José Miguel Vivanco aseguró que, contrario a la actitud que tomó en 2009 con el primer informe en que negó que militares cometieran abusos en contra de la población civil, en esta ocasión Calderón concedió que “podrían ocurrir” violaciones a derechos humanos durante el combate la narcotráfico “pero que no era parte de su política”. Vivanco mostró también una actitud muy moderada durante la conferencia: se abstuvo de pronunciar la frase “guerra contra el crimen organizado”, y optó por definirla como “política de seguridad”. Aseguró que al principio del encuentro hubo tensión, pero se fue difuminando cuando los representantes de HRW comenzaron a presentar casos documentados en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tabasco, Guerrero y Baja California. “Teníamos que poner un caso sobre la mesa”, dijo Vivanco tras recordar que hace dos años Calderón descalificó a las organizaciones de derechos humanos que documentaron abusos cometidos por las fuerzas armadas. “Hasta hace pocos años –rememoró– el presidente Calderón sostenía públicamente que aquí no había ningún caso de violación a derechos humanos (…) En una oportunidad lo dijo en Guadalajara a un costado del presidente (Barack) Obama y nos desafió a todas las organizaciones de derechos humanos a que le exhibieran un caso”. Ahora HRW le presentó 233 expedientes. Vivanco explicó que los casos presentados fueron elegidos cuidadosamente por el equipo de investigación dirigido por Nik Steinberg, que decidió detallar sólo aquellos en los que la inocencia de las 233 personas fuera irrebatible. “No quiere decir que aquellas personas que cometen delitos no tengan derechos, pero de lo que se trataba era descartar cualquier indicio de descalificación, las víctimas que presentamos son gente humilde, de oficios que podríamos decir invisibles, que no tenían antecedentes en las dependencias policiales de haber cometido un solo delito en su vida”, agregó Vivanco. Según el activista, ante la contundencia de la información, Calderón se mostró “cambiado, al menos en el lenguaje y dijo que no excluía el que se hayan y se estén produciendo violaciones a derechos humanos, y que eso no forma parte de sus política; no fue el mismo presidente que nos afirmaba categóricamente que aquí no había casos de violaciones a derechos humanos, sino que se podían producir abusos y que se comprometía a revisar los casos documentados por HRW, pero hay muchos más casos documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por  organismos locales, por lo menos”. Sobre la política emprendida por el gobierno de Calderón para combatir la delincuencia organizada, Vivanco puntualizó que en materia de derechos humanos “el resultado es lamentable, muy negativo”, aunque aclaró que en ningún momento la organización sostiene que “esto forma parte de una política de Estado”, sino de que “hay unas prácticas como la tortura que son más o menos sistemáticas” y que involucran a algunas autoridades militares. Tras insistir en que corresponde al gobierno federal corregir la política de seguridad, Vivanco insistió en que “la descalificación a priori” de las víctimas mortales de la lucha contra el narcotráfico, de los más de 45 mil muertos, “da la sensación de que las autoridades de seguridad pueden actuar con carta blanca, sin controles”. En el documento se destacan datos de la incompatibilidad entre el número de muertes violentas y el escaso interés de las autoridades por abrir investigaciones, pues de los 45 mil asesinatos atribuidos al narcotráfico, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo integró 997 averiguaciones previas, en tanto que sólo existen 22 sentencias condenatorias durante el gobierno de Calderón. De los abusos cometidos por miembros de las fuerzas armadas en los cinco estados de referencia, recibieron información de que se integraron mil 615 expedientes por parte de la Procuraduría de Justicia Militar, pero hasta ahora no hay un solo militar condenado por violaciones a derechos humanos en esas entidades. Para realizar el documento, HRW realizó 200 entrevistas a víctimas y autoridades, y formuló 60 solicitudes de información. El informe también fue presentado a los titulares de la PGR, de las secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública, de Marina y de Relaciones Exteriores. Vivanco y su equipo se reunieron también con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con legisladores. Calderón: crimen organizado, el que viola los derechos Más tarde, la Presidencia de la República dio a conocer, a través de un comunicado, la respuesta que dio Calderón a los representantes de HRW. Según la presidencia Calderón afirmó: “Los criminales son la principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos. Son ellos quienes, mediante la comisión de delitos agraviantes, como el homicidio, el secuestro y la extorsión, violan de manera sistemática las garantías fundamentales de los ciudadanos y sus familias. “De ahí la obligación ética y legal del gobierno, de desplegar todos los medios a su alcance para que, bajo el principio de corresponsabilidad, se fortalezca la presencia de la autoridad en aquellas comunidades con mayor rivalidad delincuencial”, dijo Calderón a los activistas. El presidente estuvo acompañado por los secretarios de Gobernación, José Francisco Blake Mora; de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, y la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez. Para la PGR sí hay avances en derechos humanos Con el propósito de dar a conocer los avances de la Procuraduría General de la República en materia de protección y defensa de los derechos humanos, la titular de la PGR, Marisela Morales, se reunió hoy con integrantes de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), encabezados por Kenneth Roth. En un comunicado, la PGR precisó que en esta reunión se mostraron los esfuerzos de la dependencia por abatir la impunidad e investigar efectivamente aquellos delitos relacionados con violaciones a garantías fundamentales, tales como la tortura, así como destacar los avances en la puesta en marcha del sistema penal acusatorio en México y las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos. La funcionaria federal dijo que en la PGR se constituyó, como línea estratégica de acción, el fomento y difusión de la cultura de la protección a los derechos humanos. Asimismo, se puso en marcha un programa permanente de promoción, fortalecimiento y capacitación en la materia, cuyo fin primordial es generar confianza en la sociedad de que en las acciones de la PGR se prioriza el respeto a los derechos humanos. Morales Ibáñez ratificó que, bajo el gobierno de Felipe Calderón, México ha avanzado en la defensa y garantía de los derechos humanos, además de impulsar una apertura y transparencia sin precedente, facilitando la observación internacional de sus prácticas. También expuso que la PGR mantiene una estrecha colaboración con las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Marina, con la finalidad de sumar esfuerzos en el combate al crimen organizado. Luego resaltó la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como la permanente colaboración entre ellas, para el seguimiento de un objetivo común: atender de manera inmediata y eficaz a todos aquellos que han sido vulnerados en sus garantías fundamentales. Asimismo, reconoció que las organizaciones civiles constituyen un elemento de diálogo fundamental que permite construir conjuntamente el quehacer gubernamental. Finalmente, Marisela Morales aseveró que la procuración de justicia es un derecho humano fundamental y que, ante una delincuencia cada vez más organizada, temeraria y retadora, el Estado mexicano debe apoyarse en un marco jurídico adecuado, que dote de solidez a las instituciones y las provea de los mecanismos e instrumentos que permitan combatir la actividad criminal con decisión, contundencia y eficacia.