MÉXICO, D.F. (apro).- El Senado aprobó, por 81 votos a favor y ninguno en contra, reformas a los artículos 61, 111 y 112 constitucionales para eliminar el “fuero” de los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto a escala federal como central, a través de un procedimiento que fue calificado como “sencillo e ingenioso”, pues se respeta la inmunidad hasta en tanto no exista una orden judicial. El senador perredista Pablo Gómez, impulsor de esta reforma que presentó desde 2007, explicó que con ella “se igualarán los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial con cualquier ciudadano”. Luego precisó que los funcionarios públicos “no pueden ser privados de su libertad, pero sí pueden ser procesados penalmente y seguir en el desempeño de su cargo hasta que venga la sentencia”. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priista Pedro Joaquín Coldwell, destacó que esta reforma “ataca frontalmente” la impunidad prevaleciente, pues abarca tanto al presidente de la República como a secretarios del gabinete, gobernadores, alcaldes, legisladores locales y federales, jefe de Gobierno capitalino, ministros de la Suprema Corte, magistrados electorales, así como consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE). Para Coldwell, la impunidad “es la principal causa que está ocasionando el deterioro de la cohesión social en nuestro país, y también conlleva la degradación y el envilecimiento de nuestro sistema de justicia”. Mientras el legislador panista Guillermo Tamborrell puntualizó que esta reforma también protege a diputados y senadores que no pueden ser sancionados por expresar sus opiniones durante el tiempo que desempeñen su cargo. La iniciativa aprobada indica que al existir presunta responsabilidad de cualquier servidor público, “el juez de la causa determinará si da lugar a la expedición del acto de vinculación a proceso penal”. En términos de procedimiento, el juez solicitará a la Cámara de Diputados el fin de la inmunidad para que el sentenciado cese en sus funciones y quede a disposición de la autoridad. La solicitud de fin de la inmunidad se resolverá por mayoría absoluta en las cámaras legislativas, a 10 días hábiles del pedimento judicial. En el caso del presidente de la República, la cámara de origen será la de Diputados y el Senado fungirá como revisor.