MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Felipe Calderón insistió en calificar de “imputaciones calumniosas” las razones para demandarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI), pero se retractó de proceder jurídicamente contra los 23 mil mexicanos que firman el documento, informó la Secretaría de Gobernación (Segob). Sin embargo, la dependencia aclaró que la decisión de proceder jurídicamente contra los implicados en la demanda por crímenes de guerra y de lesa humanidad “corresponderá a cada funcionario público, a título individual”. En un comunicado emitido anoche, en respuesta al desplegado de cientos de ciudadanos que repudian la reacción de Calderón de “explorar” proceder contra los promotores de la demanda ante la CPI, la Secretaría de Gobernación aseguró que no atenta ni atentará contra la libertad de expresión. “El gobierno federal no ha perseguido ni perseguirá a las personas que ejercen su derecho a la libre expresión, que incluye el disenso con la Estrategia Nacional de Seguridad”, subrayó. “Esta administración ha utilizado el diálogo como herramienta de trabajo conjunto con la ciudadanía y las fuerzas políticas. Prueba de ello son los 17 foros de Diálogos por la Seguridad celebrados hasta la fecha, en donde el Presidente de la República ha atendido a críticas y propuestas de manera abierta, transparente y, sobre todo, respetuosa del ejercicio democrático que representa. “Asimismo, el gobierno federal ha propiciado una cultura de la denuncia entre la población, a fin de que la ciudadanía utilice los mecanismos y canales existentes, ante las instancias correspondientes, para hacer valer sus derechos”. Haciendo eco de las declaraciones de la vocera de Calderón, Alejandra Sota, la Secretaría de Gobernación reiteró que “el gobierno de la República no procederá en ninguna forma y por ningún conducto en contra de personas que critican las políticas públicas y las decisiones de esta administración”. Y también  precisó que, “derivado del análisis de alternativas realizado por el gobierno federal, corresponderá a cada funcionario público, a título personal, defender sus derechos y garantías individuales en respuesta a las imputaciones calumniosas vertidas ante la opinión pública nacional e internacional”.