MÉXICO, D.F. (apro).- Promotores de la demanda contra Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional (CPI) solicitaron hoy la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para “evitar daños irreparables”, luego de que el presidente amenazó con procesarlos judicialmente. En conferencia de prensa, intelectuales, abogados y defensores de derechos humanos que apoyan la denuncia por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra contra Calderón pidieron la intervención de la CIDH porque, a su juicio, con las amenazas lanzadas por el gobierno federal, el titular del Ejecutivo violó sus derechos a la libertad de expresión y a la justicia. La demanda interpuesta en la CPI incluye a funcionarios del gabinete de seguridad del gobierno federal, así como a los capos del narcotráfico, entre ellos, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, por su presunta responsabilidad en la muerte de 50 mil personas y la desaparición de 10 mil más desde diciembre de 2006, cuando el presidente Calderón declaró la guerra al crimen organizado y sacó al Ejército y la Marina a las calles. La solicitud enviada a la CIDH incluye los nombre de 32 de los  firmantes de la demanda contra Calderón en la Corte Penal Internacional, identificados por los mismos demandantes como “distinguidos”, y son encabezados por el abogado Netzaí Sandoval. En conferencia de prensa, los demandantes responsabilizaron a Calderón de “cualquier acción legal” en contra de ellos que criminalice el ejercicio de sus derechos. “También lo responsabilizamos de cualquier acción extralegal que pudiera poner en riesgo nuestra libertad e integridad”, advirtieron. Loretta Ortiz Ahlf, académica de la Universidad Iberoamericana –quien asegura que Felipe Calderón fue su discípulo–, explicó que solicitaron a la CIDH que emita medidas cautelares para los promotores de la demanda y que, “por la gravedad de la amenaza”, traslade el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) para que el tribunal ordene medidas precautorias, “que son de carácter obligatorio para México”. John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó que hasta ahora los demandantes de Calderón, en especial el abogado Sandoval Ballesteros, han sido víctimas de “acoso” y de una “campaña de descrédito” en algunos medios de comunicación. Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), recordó que los firmantes de la demanda contra Calderón tienen “una trayectoria de años como defensores de derechos humanos”, y aseguró que han sido ellos quienes han sido calumniados y difamados. “Los enviados de Calderón han llegado al colmo de decir que estamos financiados por el narcotráfico”, denunció. Amílcar Sandoval resaltó que el gobierno federal no ha podido, “hasta ahora”, demostrar que los 470 casos de violaciones al derecho internacional que ellos exponen en su demanda, son falsos. “No lo van a hacer porque esos casos están sostenidos por investigaciones realizadas durante varios años por organizaciones de derechos humanos y testimonios directos de víctimas”, agregó. La académica Loretta Ortiz, sostuvo que como especialista en derecho internacional, está segura de que la demanda cumple con los requisitos para que proceda, por lo que “tiene un alto grado de viabilidad jurídica, y eso lo sabe Felipe Calderón”. Los demandantes señalaron que el apoyo a la demanda contra Calderón se elevó a 27 mil personas.