CHILPANCINGO,Gro. (apro).- El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), César de los Santos Mendoza, confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR), declinó investigar el homicidio de los dos estudiantes normalistas, abatidos a tiros el pasado lunes 12 durante un desalojo realizado al sur de esta capital por policías estatales y federales. Paralelamente, en Acapulco, cerca de 800 estudiantes de diferentes normales rurales del país, aglutinados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), realizaron una marcha sobre la zona turística de ese destino de playa donde insistieron en demandar la separación del cargo del gobernador, Ángel Aguirre. Mientras tanto, en Chilpancingo, De los Santos Mendoza señaló que la PGR determinó, mediante un desglose, que los delitos del fuero común, “homicidio, lesiones, daños y lo que resulte”, serán investigados por la Procuraduría local; la dependencia federal solo investigará el delito de ataques a las vías federales de comunicación. Entrevistado al término de un acto oficial en la sede de la casa del Ejecutivo, al oriente de esta capital, De los Santos Mendoza dijo que la dependencia a su cargo tiene un periodo de 30 días para resolver la situación jurídica de los 12 policías estatales –seis preventivos, cinco agentes ministeriales y un aspirante a policía de la última corporación– que actualmente se encuentran arraigados. Este lunes 19 Apro reveló que desde el sábado 17, la PGR había declinado su facultad de investigación sobre el homicidio de los dos normalistas, así como la definición de la situación legal de los 12 policías inculpados. Ese día, Apro dio a conocer que la PGR decidió que ambas acciones fueran resueltas por la Procuraduría local, específicamente sobre el grupo de agentes del ministerio público del fuero Común que están bajo las órdenes del encargado de despacho de la dependencia estatal, César de los Santos. Normalistas marchan en Acapulco Mientras en Acapulco, cerca de 800 estudiantes de diferentes normales rurales del país, aglutinados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), realizaron una marcha sobre la zona turística de este destino de playa donde insistieron en demandar la separación del cargo del gobernador, Ángel Aguirre. La marcha se realizó cerca del mediodía sobre la avenida costera Miguel Alemán y concluyó con un mitin en el zócalo porteño. En tanto en esta capital, un grupo de 200 normalistas de Ayotzinapa arribaron a la central de autobuses, al norte de esta capital, y secuestraron al menos 16 unidades de la empresa Estrella Blanca. Sobre este caso, la policía local señaló que cerca de las 15:00 horas el contingente de normalistas arribó a la zona a bordo de otros autobuses y después de bloquear el carril sur-norte del bulevar Vicente Guerrero, los estudiantes sustraerono las 16 unidades y se retiraron del lugar rumbo a la sede de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, ubicada en la cabecera municipal de Tixtla de Guerrero. Al respecto, el abogado de la empresa de transporte Estrella Blanca,  David Cienfuegos Cisneros interpuso una denuncia por robo ante la agencia del ministerio público del fuero común de esta capital que se registró con el número BRA[UCI[2011-III. Nombran director de la Policía Ministerial En tanto, el general retirado y exdirector de la Policía Ministerial de Chiapas, Marcos Esteban Juárez Escalera, fue designado como nuevo director de la Policía Ministerial de Guerrero (PM), en sustitución Antonio Valenzuela, quién renunció al cargo la semana pasada luego del desalojo realizado por policías estatales y federales donde fueron asesinados dos estudiantes normalistas . La designación se realizó durante un acto privado en la sede de la PM, al sur de esta capital. Juárez Escalera se desempeñó como director de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; posteriormente fungió como titular de la PM de esa entidad, durante el primer periodo del actual gobernador, Juan Sabines. Durante su gestión al frente de la PM de Chiapas, el general Marcos Juárez fue acusado, por medio de un narcomensaje dejado en el cuerpo de un comandante de esta corporación, de "haber robado" dos toneladas de cocaína a un grupo de narcotraficantes que opera en el sureste del país.