MÉXICO, D.F., (apro).- Luego de 15 años de juicio, Raúl Salinas de Gortari, quien permaneció preso durante 10 años (1995-2005), acusado de los presuntos delitos de asesinato y enriquecimiento ilícito, busca recuperar los 41 inmuebles que le fueron asegurados desde 1996. El “hermano incómodo” del expresidente Carlos Salinas de Gortari incluso ha pedido  que sean devueltos a sus verdaderos dueños aquellos bienes que, asegura, no son suyos porque no están a su nombre. En el texto publicado este martes por el diario Reforma, se señala también que el 15 de agosto pasado el juez décimo tercero de distrito en el Reclusorio Sur, Carlos López Cruz, ordenó de oficio transferir al Servicio de Enajenación y Administración de Bienes (SAE) de Hacienda, 24 de las 41 propiedades que fueron aseguradas en el juicio contra Raúl Salinas. En respuesta, el exdirector de Planeación de Conasupo promovió un recurso en el que no sólo pide al juez suspender la transferencia de bienes al SAE, sino levantar el aseguramiento de los 41 inmuebles y que sean devueltos a él y a otros propietarios. De los bienes intervenidos a Salinas de Gortari, 25 se ubican en el Distrito Federal, cinco en Guerrero, cinco en Morelos y el resto en Baja California Sur, Oaxaca, Jalisco, Estado de México, Puebla y Querétaro. Entre esos bienes, de acuerdo con el diario, se incluyen la hacienda de Las Mendocinas en Puebla y la finca de El Encanto, en la Delegación Cuajimalpa del DF. Según el desglose de las propiedades, los 24 bienes transferidos por el juez, localizados en Puebla, Guerrero y la capital de la República mexicana, no debieron ser remitidos al SAE porque podrían causar abandono a favor del gobierno federal, sin darle oportunidad de defensa a quien tenga derecho sobre ellos. Raúl Salinas argumenta que en esta lista están ocho casas y departamentos a su nombre que tampoco deben permanecer asegurados porque fueron adquiridos entre 1977 y 1981, cuando no era servidor público. Los tribunales, afirma, han establecido que su juicio sólo debe abarcar hechos en su periodo de funcionario. Sobre los otros 17 inmuebles, el procesado establece que efectivamente sí tienen relación con su juicio porque fueron adquiridos entre 1985 y 1992, cuando desempeñó distintos cargos en el gobierno federal. Afirma que de ellos, sólo nueve bienes, ubicados en Guerrero, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Baja California Sur y Jalisco, los administra la autoridad federal a través de un depositario, y en estos casos –tras 15 años de juicio– ha prescrito el aseguramiento, por tratarse de una medida administrativa. En los ocho restantes reclama que la acción penal sobre los inmuebles prescribió antes de que la PGR solicitara la orden de aprehensión en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito, hoy el único proceso penal pendiente del hermano del expresidente Carlos Salinas. En su recurso, Raúl pide el levantamiento del aseguramiento de los inmuebles "ajenos a los hechos que dieran origen a la causa penal en que se actúa, así como a los pertenecientes a diversos propietarios", y devolverlos. En la década de los 90, varios de los bienes los atribuyó la PGR a supuestos prestanombres de Raúl. Sin embargo, Salinas pidió al juez que citara a declarar a Ana María Pasalagua Branch, Jesús de la Garza, Mariana Margarita Salinas Pasalagua, Juan José Salinas Pasalagua, Rafael Alejandro Valdez González, Claudia Andrea Corte Franco, Rosana Paola Corte Franco y Gladys Isolde Franco Arndt, copropietarios de diversos bienes. El juez López Cruz admitió el recurso, pero rechazó llevar a cabo estas diligencias, así como pedir documentos a la Función Pública y los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio. Raúl apeló la inadmisión de pruebas.