El "olvidado" comandante Slim Helú

sábado, 31 de diciembre de 2011
En marzo del año pasado, en su edición 1793, Proceso convocó a su primer Premio Internacional de Periodismo, como parte de los festejos por sus 35 años de existencia. Se recibieron 54 trabajos, de entre los cuales el jurado –Alma Guillermoprieto, Jon Lee Anderson, Juan Villoro, Vicente Leñero y Rafael Rodríguez Castañeda– seleccionó tres: “Carrizalillo, el infierno a cielo abierto”, de Marlén Castro Pérez y Rogelio Agustín Esteban; “Nadie se acuerda de Julián”, de Diego Enrique Osorno González, y “El bombero al que nadie llamó”, de Wilbert Torre. El premio de 200 mil pesos se repartió a partes iguales entre los autores. Este semanario inicia ahora la publicación de los trabajos ganadores. El primero de ellos, el escrito por Diego Enrique Osorno, es una reveladora investigación sobre la historia de un comandante policiaco de los años de la guerra sucia que siempre se mantuvo alejado de los reflectores: Julián, el hermano desconocido de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo El joven profesor de matemáticas Manuel López Mateos entró el 22 de enero de 1975 a las oficinas de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Estaba ahí para denunciar a Miguel Nazar Haro y Julián Slim Helú por secuestro y lesiones. Ellos eran agentes del grupo policial de fama más negra en la historia de México: la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Al calor de la Guerra Fría –bajo cuya lógica maniquea toda disidencia era “comunista”–las acusaciones contra aquella poderosa policía a las órdenes de la Secretaría de Gobernación eran inusuales: como primera línea de defensa contra los enemigos del Estado, la DFS era intocable. Todo valía “para garantizar la gobernabilidad”. La denuncia de López Mateos nunca se investigó. Treinta años después, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la Presidencia de la República. El Partido Acción Nacional (PAN) llegó al poder. La alternancia puso fin a siete décadas de monopolio partidista y se inició la época actual, de transición política. Para investigar los asesinatos, desapariciones forzadas y otros delitos cometidos durante el conflicto al que absurdamente se le llama “la guerra sucia” (¿acaso existen “guerras limpias”?), el nuevo gobierno de Vicente Fox Quesada creó una Fiscalía Especial. De forma paralela, buena parte de los archivos de la antigua DFS se abrieron y con base en ellos se produjeron toneladas de notas periodísticas y textos académicos; libros de reflexión sobre aquellos años traumáticos, e informes especiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Pero de todo ello poco se tradujo en justicia. La impunidad prevaleció, ahora dispersa entre el caos “democrático”. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la edición 1835 de la revista Proceso, que ya está en circulación)