MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- El atentado que sufrió el pasado viernes 2 la activista Norma Andrade, fundadora de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, se suma a los cinco casos de amenazas e igual número de crímenes cometidos contra defensoras de derechos humanos en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un claro reflejo de la impunidad que priva en esa región fronteriza, considerada como una de las más violentas del país. Pionera en documentar casos de mujeres desaparecidas y asesinadas en Juárez, Norma recibió cinco disparos de arma de fuego que la tienen postrada en un hospital juarense. Este martes, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito federal (CDHDF) anunció que emitió medidas precautorias para que las autoridades correspondientes garanticen la seguridad de la activista social Malú García, de su madre Norma, yd el resto de sus familiares. En febrero de 2001, luego de que su hija Lilia Alejandra García, de apenas 17 años, desapareció y su cuerpo fue hallado tiempo después en un predio de la localidad fronteriza, Norma y otra de sus hijas, María Luisa García Andrade (Malú), así como la maestra Marisela Ortiz, fundaron la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”. El día de la agresión, Norma Andrade se encontraba afuera de su casa, en compañía de sus dos nietos –hijos de Lilia Alejandra–, cuando fue atacada por un sujeto que le disparó con arma de fuego, provocándole heridas en el torso, la mano y el hombro derechos. De acuerdo con la vocera de la organización, Adazahira Chávez, la activista fue operada la víspera, para reconstruirle la mano y ponerle un clavo en el hombro derecho. Su hija Malú afirmó que la operación fue exitosa, pero debido a que Norma padece diabetes ha resultado difícil controlarle la alta presión y el azúcar. “Está mejorando, pero aún está delicada”, puntualizó. En entrevista, Chávez refiere que, de acuerdo con datos proporcionados por compañeros de trabajo de la escuela primaria donde Norma daba clases, a las ocho de la mañana del pasado viernes 2, sujetos desconocidos hablaron por teléfono al plantel, preguntando “si había llegado a trabajar y a qué hora se presentaría”. Malú, la hija de la activista, quien se refugió en otro estado de la República tras el ataque contra su madre, regresó el pasado sábado 3 a Ciudad Juárez, para exigir que se investigue el atentado. La víspera sostuvo un encuentro con el fiscal de la Zona Norte, Jorge González Nicolás, a quien pidió que declarara públicamente que el atentado fue un intento de homicidio y no un robo, como se ha manejado, y el funcionario accedió. No obstante, hasta el momento no ha habido una declaración pública e incluso la protección policiaca que había en el hospital fue retirada esta mañana. María Luisa dice que ella y su madre eran custodiadas por agentes de la Fiscalía de la Zona Norte, pero fueron llamados de regreso sin que hubiera una explicación al respecto, lo que las dejó en la total indefensión. Otros casos El atentado contra Norma se suma a las amenazas que han recibido en diferentes momentos María Luisa García, Marisela Ortiz, Cipriana Jurado, Sara Salazar y Emilia González, y se agrega a los asesinatos de las activistas Marisela Escobedo, Susana Chávez, Josefina Reyes, Luisa Ornelas y Malena Reyes, todas ellas defensoras de derechos humanos en Ciudad Juárez. No obstante que desde 2008 María Luisa García y Marisela Ortiz cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y pese a que la primera pidió a las autoridades federales y estatales que las medidas de protección se ampliaran a favor de su madre, ambas mujeres han sido blanco de amenazas. La madrugada del pasado 10 de marzo apareció una manta con frases intimidatorias en la escuela secundaria donde Marisela Ortiz daba clases en Juárez, lo que la obligó a abandonar el país y refugiarse en Estados Unidos. María Luisa García también tuvo que salir de Juárez y dejar a su madre, luego de que la madrugada del pasado 17 de febrero unos desconocidos quemaron el techo de su casa mientras ella estaba en un plantón en apoyo a la familia Reyes Salazar, que también ha sufrido amenazas y asesinatos. El 16 de diciembre de 2010 fue asesinada la activista Marisela Escobedo, quien buscaba justicia para su hija Rubí Marisol, asesinada en 2008. Un hombre le disparó en la cabeza, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde instaló un plantón de protesta. Organizaciones civiles han exhortado a las autoridades a adoptar un mecanismo nacional de protección eficaz que garantice la seguridad de todas las personas que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos. El pasado 7 de julio, el gobierno federal publicó un acuerdo para crear ese mecanismo, pero a la fecha sigue pendiente. Posible represalia La abogada de la familia García Andrade, Karla Michel Salas, quien se encuentra en Juárez para participar en un foro sobre feminicidio, explica que ya se ha integrado una carpeta de investigación (averiguación previa) que incluye testimonios de vecinos y trabajadores de la escuela que recibieron las llamadas intimidatorias. Salas afirma que hay elementos suficientes para acreditar que no se trató de un robo, sino de un atentado planeado por un grupo de sujetos que tenían el claro objetivo de asesinar a la activista, por lo que confió en que las investigaciones prosperen. Por su parte, la coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Luz Estela Castro, señala que aunque la primera reacción de la Fiscalía fue asegurar que el ataque se debió a un robo, el respaldo de 75 organizaciones civiles del país y la exigencia de la familia de la activista llevaron a las autoridades a abrir la investigación por intento de homicidio. Castro deja entrever que el atentado contra la activista podría estar ligado a las denuncias que ha hecho por la desaparición y asesinato de mujeres, entre ellas Adriana Sarmiento Enríquez, una joven de 15 años que desapareció el 18 de enero de 2008 cuando se dirigía de la preparatoria a su casa. El cuerpo de la joven fue localizado el 5 de noviembre de 2008 y hasta el 29 de noviembre de 2011 se notificó su identidad, pese a que fue identificada desde julio de 2011. El mismo día del atentado contra Norma, grupos civiles asistieron al entierro de Adriana Sarmiento. Madres exigen investigación Además de exigir justicia por su hija, Norma ha demandado el esclarecimiento del asesinato de Adriana, igual que lo han hecho el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas y la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, que en reiteradas ocasiones han exigido el cotejo de ADN entre los cuerpos de mujeres sin identificar con los de las desaparecidas. El pasado viernes 2, esas agrupaciones pidieron la instrumentación de procedimientos expeditos y confiables en la identificación de las mujeres, e información precisa en tiempo y forma a las madres y familiares sobre los resultados de las investigaciones. Tan sólo en 2011, el Comité de Madres y la Red han identificado a otras tres mujeres que fueron asesinadas en Chihuahua: Hilda Gabriela Rivas Campos, el 13 de abril; Janeth Rivera Chávez, el 20 de septiembre, y Mónica Liliana Delgado Castillo, el 27 de septiembre, todas desaparecidas en años anteriores. Las activistas denunciaron que los gobiernos estatal y local han sido negligentes al no realizar una investigación científica y oportuna en los casos de jóvenes y niñas desaparecidas, y mencionaron que el caso de Adriana Sarmiento es un ejemplo de la ineficacia de las autoridades. “No toleramos que se siga reproduciendo lo vivido desde 1993 y que sigamos denunciando lo plenamente señalado en la sentencia de Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, en el sentido de que continúan las prácticas negligentes, deficientes e ineficaces de las autoridades competentes”, indicaron en un comunicado conjunto el Comité de Madres y la Red.