MÉXICO, D.F. (apro).- Por un presunto quebranto patrimonial de cerca de 28 millones de pesos, la Contraloría General del estado de Baja California Sur inhabilitó al exgobernador Narciso Agúndez Montaño para el desempeño de cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo de seis años.

La sanción incluye al exsecretario general de Gobierno Alfredo Porras Domínguez, y al exoficial mayor, Juan Garibaldo Romero Aguilar.

Maritza Muñoz Vargas, titular de la Contraloría estatal, informó en conferencia de prensa que el resolutivo incluye una sanción económica de 27 millones 973 mil 800 pesos para el exmandatario y de 13 millones 986 mil 900 pesos, para
los otros dos exfuncionarios.

Explicó que el pasado 17 de junio recibió una denuncia del director de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra del gobierno del estado, José Refugio Carrillo Sánchez, contra los exfuncionarios por la presunta comisión de actos u omisiones de carácter administrativo en el desempeño de sus funciones previstos por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Baja California Sur.

La funcionaria dijo que tras las diligencias de la Contraloría General del estado como parte del expediente CGE/065/2011, el 28 de octubre se resolvió la inhabilitación y sanción de los exfuncionarios por la venta de siete terrenos, propiedad del gobierno del estado, ubicados en el fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, a un precio “notoriamente inferior” al del mercado ordinario, lo que generó un daño patrimonial de 27 millones 973 mil 800 pesos.