MONTERREY, N.L. (apro).- Las procuradurías general de la República (PGR) y general de Justicia del estado (PGJE) dieron a conocer hoy los resultados del peritaje realizado en el casino Royale, donde el pasado 25 de agosto perdieron la vida 52 personas, en un incendio provocado por el grupo criminal de Los Zetas. Según las autoridades federales y estatales, los responsables de la tragedia son los sicarios que prendieron fuego al establecimiento. Sobre la responsabilidad de autoridades civiles y el dueño del casino, la PGR y la PGJE manifestaron que éstas sólo pueden ser objeto de sanciones administrativas por el incumplimiento de la normatividad que pudiera surgir de las investigaciones que aún continúan. En conferencia de prensa, el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Cuitláhuac Salinas, y el procurador de Nuevo León, Adrián de la Garza, informaron que las causales determinantes del siniestro fueron los “10 botes de 20 litros para transportar y almacenar gasolina” y “presencia de hombres armados”. Salinas explicó que la entrega irregular de permisos por parte de la Secretaría de Gobernación –que presumiblemente permitió que el casino Royale siguiera operando-- es investigada en una averiguación que se sigue por separado y que aún no ha sido desahogada por completo. De la Garza Santos dijo que no hay culpabilidad de autoridades de Protección Civil de la entidad, pues en Nuevo León no hay una regulación precisa en esta materia y al momento de los hechos, el casino “cumplía parcialmente” con condiciones de seguridad. Explicó, al hacer un desglose del peritaje, que había ocho puertas habilitadas en el interior del casino, 40 extinguidores debidamente visibles, así como señalización hacia las salidas y luces de emergencia. Las alfombras, recubrimientos y muebles contaban con material “retardante” para evitar la rápida propagación del fuego. El procurador señaló que las medidas de precaución de las que disponía el inmueble fueron insuficientes frente a la magnitud del ataque. “El Ministerio Público ha concluido, repito, según la opinión de los peritajes, declaraciones de testigos e inculpados y demás pruebas que obran en la averiguación, que aun cuando prevaleciera cualquier medida de seguridad y de prevención de riesgos, ésta no hubiera sido suficiente para controlar un incendio como el provocado en las condiciones ya mencionadas”, dijo. Pese a que se hubieran cumplido las medidas de seguridad en el lugar “no hubiera sido posible salvar el evento del que fue objeto”, agregó. “Es decir, la causa determinante es la gasolina que fue vertida en el casino y como lo mencionábamos, la presencia de hombres armados provocando histeria entre la gente, lo que condujo dos conductas, una que se resguardaran hacia el interior para esconderse y evitar ser agredidos, y buscar una salida”, dijo. El funcionario estatal reiteró que no había responsabilidad civil en los hechos. “En este momento no encontramos responsabilidad penal, quiero puntualizar, penal de ninguna autoridad de protección civil municipal o estatal. Asimismo, como se está debidamente factorizado en los peritajes, existían condiciones de seguridad al interior del inmueble”, concluyó. Salinas reconoció que el inmueble no cumplía a cabalidad con todas las medidas de seguridad, pero reafirmó que “los antecedentes que se pueden encontrar no fueron los determinantes para concluir que tenían responsabilidad penal (las autoridades) relacionadas con los homicidios, lesiones y daños, las personas que se mencionan como dueños u otra autoridad civil”. Abundó: “El lugar cumplía parcialmente con algunos de los requerimientos que exige la norma mexicana en este sentido, sin embargo, en aquello en donde incumplía con la norma no era determinante para la realización de los homicidios. Ese aspecto no fue determinante. El punto determinante fueron las actividades de los sujetos que ya vimos en videos que han sido mostrados con antelación que imposibilitaron la salida de las personas que se encontraban en el casino.” La causa de la mayoría de las muertes en el interior fue asfixia por sofocación, dijo el titular de la SIEDO. En relación con la posible responsabilidad por la entrega de concesiones al casino propiedad de Raúl Rocha, quien actualmente se esconde en Estados Unidos, y que, según denunciaron diputados locales que lo investigaron, estaba abierto con un permiso irregular, Salinas dijo que hay una indagatoria abierta, aunque sin relación con las muertes. De la Garza añadió que el Ministerio Público seguirá representando a las víctimas para que reciban una reparación del daño, y que se imponga una sanción a los responsables. Además, los deudos recibirán atención psicológica. Salinas dijo al respecto que aún no se ha determinado dónde quedará instalado el módulo de información para que los familiares se aproximen a tramitar las indemnizaciones. En el ataque participaron 36 personas, de las cuales 18 actuaron directamente en el in mueble. De esta cantidad, 16 ya están siendo procesadas. Dijo que por el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de realizar delitos contra la salud, fueron giradas órdenes de aprehensión contra 28 personas; y por el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, contra 12 presuntos responsables. La Procuraduría General de la República ofrece recompensas de 30 millones de pesos por Heriberto Lazcano, El Lazca, líder de Los Zetas; así como 15 millones por Francisco Medina Mejía, El Quemado, y Baltazar Sauceda Estrada, El Mataperros, estos dos últimos autores intelectuales del homicidio múltiple.