Narco y secuestros sumen en crisis a zona citrícola de Nuevo León

miércoles, 7 de diciembre de 2011
MONTERREY, N.L. (apro).- El alcalde de Montemorelos, Pablo Elizondo García, lanza la advertencia: la región citrícola de Nuevo León ha entrado en crisis por la reciente ola de secuestros que ha paralizado la actividad nocturna en la zona y ha golpeado severamente su economía. El edil priista de esta capital naranjera, ubicada a 80 kilómetros al sur de Monterrey, revela que en la comunidad se han registrado seis secuestros exprés en los últimos dos meses. La cifra es “negra”, reconoce, porque los involucrados no han presentado denuncias formales, pero ya están alertas todos los pobladores de este municipio rural de 60 mil habitantes. Afortunadamente, todas las víctimas fueron liberadas ilesas. Entrevistado en el palacio municipal, el alcalde se muestra alarmado por la cantidad de ilícitos de este tipo que perpetran dos grupos de la delincuencia organizada, a los que rechaza definir por su nombre. “Aquí en Montemorelos se ha disparado la cifra de secuestros, pero se ha revertido recientemente, porque ya hay una presencia muy fuerte del gobierno del estado, que se instaló en el municipio. Aquí ya hay fuerza civil, militares, marinos y policías federales”, comenta. No sabe cuál es la cifra de secuestros en los demás municipios, aunque hay versiones que indican que la situación es igual o peor. Es tan serio el incremento en el área que ya hay trabajo de inteligencia militar para detectar y desarticular a las bandas. Incluso la semana pasada el gobernador Rodrigo Medina se reunió con los alcaldes de Montemorelos, Linares, Hualahuises, General Terán y Allende, que conforman la región naranjera de unos 200 mil habitantes, para abordar el tema de la seguridad. Elizondo García aclara que el problema es reciente. Aunque en 2007 arreció el fenómeno de la delincuencia organizada en la zona metropolitana del estado, en todos estos años acá solamente había, como hechos aislados, balaceras entre criminales y miembros del Ejército. Lo mismo ocurría con las privaciones ilegales de la libertad. La ciudadanía llevaba una vida pacífica hasta que comenzaron a ocurrir las desapariciones de personas con el mismo modus operandi: eran secuestradas de día y liberadas por la noche. Los primeros casos involucraban a hombres acaudalados de la localidad, pero también hubo algunos eventos en los que los objetivos fueron asalariados, lo que le da mayor gravedad al problema, pues queda la sensación de que nadie está a salvo, dice el edil. Hasta noviembre pasado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reportó 48 denuncias de secuestros en la entidad. En sus estadísticas, la dependencia no especifica la cantidad de estos delitos por municipio. La esperanza de Elizondo García es que con el trabajo de inteligencia se concreten los que llama “tiros de precisión”. Dice que los criminales ya han sido identificados y asegura que en las próximas dos semanas, a más tardar, las investigaciones arrojarán los primeros resultados. “No queremos soltar escopetazos. Queremos agarrarlos en fraganti, dar con estas personas cuando se hace la acción, para que se vayan a la cárcel por muchos años. Vamos a rendir cuentas claras en un lapso muy corto”, ofrece. La amenaza del secuestro ha provocado que la actividad turística, una de las principales del municipio, disminuyera considerablemente. Los visitantes procedentes de Monterrey, que acostumbraban visitar durante el fin de semana esta capital citrícola, ya se replegaron. Estima las pérdidas de la actividad comercial hasta en 18%. La ocupación hotelera ahora es escasa y también la afluencia a los merenderos y tiendas de artesanía en el tramo que le corresponde de la Carretera Nacional, que divide el municipio. Fuera del área metropolitana, esta región rural es la más próspera de la entidad. Para contener la racha criminal, las corporaciones federales y del estado han sido indispensables. Son estas las que hacen los rondines preventivos. Depuración policiaca Al inicio de su administración, en noviembre de 2009, Elizondo García contaba con una fuerza de 146 policías municipales que, en una primera depuración, se redujo a 105. Actualmente hay una fuerza de 36 uniformados que hacen trabajo administrativo, la mayoría de ellos desarmados. Él mismo ha sido víctima de la delincuencia organizada. Ha sufrido tres agresiones, dos de ellas por poco le cuestan la vida. El 3 de abril, desconocidos arrojaron una granada de fragmentación en el exterior de su despacho, en la presidencia municipal. El artefacto voló la puerta de madera y destrozó el interior. Elizondo García asegura que estaba a un lado de la entrada. Por unos 30 centímetros se salvó. El 16 de mayo, el priista, médico veterinario zootecnista de profesión, fue objeto de otra agresión, esta vez de carácter psicológico. Personas no identificadas dejaron en las escalinatas del palacio una ofrenda floral funeraria con el nombre del alcalde. El 31 de octubre sufrió otro atentado directo cuando circulaba en su vehículo blindado junto a su secretario de Seguridad Pública, Salvador Sepúlveda, por un camino rural, rumbo a la alcaldía. Una camioneta salió en reversa detrás de unos arbustos y bloqueó el paso. Un hombre descendió de ella y disparó con una pistola escuadra en seis ocasiones. Dos impactos hicieron blanco en el cristal delantero y otros dos en el techo. Los tiros restantes se perdieron. Sepúlveda descendió y repelió la agresión a tiros. Los atacantes huyeron. Elizondo, quien estaba tras el volante, muestra fotografías de los impactos en la camioneta. “Yo iba manejando. Los expertos me dijeron que de haber sido cualquier cristal, hubiera recibido un balazo en el cuello y otro en el tórax. El blindaje me salvó”, dice. Ahora sus guardias están más alertas. En el exterior y en la entrada de la presidencia, sus escoltas vestidos de civil y portando armas largas vigilan a todas las personas que entran y salen. Cree que ha sufrido estos intentos de asesinato porque ha conseguido doblegar a los criminales. “Siento que pisamos callos y que le estorbamos a la gente que no anda bien. Creo que por ahí vienen los ataques”. El 4 de diciembre el alcalde estuvo cerca de una balacera, ésta frente a su casa, una quinta ubicada en la comunidad de El Saucito. Explica en la entrevista que lo que ocurrió esa noche fue un intercambio de fuego entre militares y delincuentes sin que se reportaran muertos. Dice que sus escoltas, al ver que los soldados eran los que participaban en e tiroteo, optaron por replegarse a la casa del alcalde, quien descarta que los balazos estuvieran dirigidos a él. Luego de la reunión la semana pasada con fuerzas federales y estatales, los ediles acordaron que en Linares fuera establecido un cuartel militar fijo, que será construido el año entrante. También hay la intención de establecer en esta región un punto fijo de la Fuerza Civil, la nueva corporación estatal que sustituirá a Seguridad Pública. El alcalde espera que sean edificadas en Montemorelos las instalaciones, que serían como un gran alojamiento para los 500 efectivos estatales que harían trabajos preventivos permanentes en la zona. Su objetivo es que por lo menos 80 elementos de esta corporación sean jóvenes radicados en el municipio, pues las oportunidades de progreso en ese empleo son ventajosas con un sueldo de 14 mil pesos mensuales y prestaciones por encima de las de la ley, incluidos seguros de vida y becas de estudio para los policías y sus hijos. Pablo Elizondo García nunca antes había ocupado un puesto de elección popular. El año entrante se aproximan las elecciones estatales y federales. Él asegura que terminará su gestión y se retirará a sus actividades agropecuarias, porque ya no quiere saber nada de la política. “Yo con estos chingazos tengo”, dice riéndose al referirse a los atentados que ha sufrido.

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