MONTERREY, N.L. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) aclaró que su similar de Nuevo León tiene abierta una averiguación previa para determinar si hay responsabilidad penal del propietario del Casino Royale y servidores públicos por fraude específico y ejercicio indebido de funciones. Ayer martes, durante la presentación del peritaje del incendio en el inmueble, donde el pasado 25 de agosto fueron murieron 52 personas, el procurador nuevoleonés Adrián de la Garza Santos, fue enfático al afirmar que no había responsabilidad penal del propietario y funcionarios en torno al funcionamiento del casino. Sin embargo, hoy la PGR da a conocer en un boletín información que no había revelado la autoridad estatal, sobre una investigación por la posible expedición irregular de documentación a nivel local para el funcionamiento del inmueble, ubicado en la avenida San Jerónimo 205 en la colonia del mismo nombre, al poniente de esta capital. Este comunicado, que parece ser un anexo aclaratorio al reporte presentado ayer, aparenta ser un intento de las autoridades federal y estatal por disociar el tema del crimen, atribuido únicamente a delincuentes de “Los Zetas”, de las irregularidades administrativas, que se le achacan a autoridades civiles y al propietario del Casino Raúl Rocha, actualmente refugiado en Estados Unidos. Dice el comunicado: “Al respecto la Procuraduría del estado informó del inicio de la indagatoria a fin de determinar si en la solicitud y expedición de las licencias de funcionamiento de ese lugar hubo responsabilidad penal atribuible a los propietarios y servidores públicos relacionados. “Esas investigaciones corresponden a las autoridades locales y podrán encaminarse a indagar respecto de los delitos de fraude específico y ejercicio indebido del servicio público.” Por su parte la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), que se encarga de la investigación de delitos de orden federal, “sigue integrando el expediente por los delitos de delincuencia organizada, uso de documento falso y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos respecto de diversos sujetos”. Reiteró que la Siedo mantiene abierta una averiguación previa por las probables responsabilidades en que pudieran haber incurrido servidores públicos federales en relación a la expedición de la licencia de funcionamiento del casino y por las máquinas de juegos encontradas en el lugar. Esta parte de la información la dio a conocer el miércoles en Monterrey el titular de la Subprocuraduría, Cuitláhuc Salinas, quien fue señaló enfático que esta indagatoria sobre los permisos era independiente de la tragedia. Aunque en la presentación del peritaje Salinas y de la Garza señalaron reiteradamente que el casino cumplía parcialmente con medidas de seguridad, en el boletín de hoy se menciona lo contrario. Con una redacción ambigua se especifica: “En diverso sentido se puntualiza que del dictamen en materia de seguridad industrial y protección civil realizado por expertos de esta institución se desprende lo siguiente: El inmueble denominado casino Royale, no cumple con las condiciones de seguridad acorde a la Normatividad en Materia de Seguridad Industrial y Protección Civil…”. Luego el texto de la PGR hace un recuento del avance de las investigaciones. Dice que el 13 de noviembre un juez federal otorgó orden de captura por delincuencia organizada con la finalidad contra la salud contra 28 personas y privación ilegal de la libertad en calidad de secuestro contra 12. El 15 de ese mes un juez federal otorgó orden de captura por los delitos de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea contra tres personas y posesión de granada contra una persona. El 14 de noviembre, de elementos de la Policía Federal Ministerial dieron cumplimiento a la orden de aprehensión contra: Roberto Carlos López Castro o José Alberto Alejandro Reyes Castro o Jorge Carlos Alberto Alejandro Reyes o Iván Alejandro Zertuche Zambrano o Iván Alexandro Zertuche Zambrano, alias El Toro y/o El Toruño; Miguel Ángel Barraza Escamilla, alias Barraza; José Alberto Loera Rodríguez, El Voltaje; y, Héctor Javier Montoya Chávez, alias La Rana y/o Juguetero. Ellos fueron internados, primero en el Centro Federal de Arraigos y después ingresados al Cefereso 3, en Matamoros, Tamaulipas. El 16 de noviembre la Policía Federal capturó a Juan Antonio Meléndez Suárez, alias El Tony y/o El, quien fue internado en el mismo reclusorio. El 25 de noviembre fueron aprehendidos por orden federal 10 personas que habían sido detenidas por la Procuraduría de Nuevo león en relación a los hechos. Concluye el boletín: “Por tal motivo, la Procuraduría General de la República reitera su compromiso de seguir continuar con la investigación de los reprobables hechos para desarticular el grupo criminal autor de esos hechos”.