MONTERREY, N.L. (apro).- Sobreviviente del ataque al Casino Royale de Monterrey, ocurrido el pasado 25 de agosto, Samara Pérez Muñiz calificó como una burla el peritaje presentado ayer por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado, en el que exoneran de responsabilidad a las autoridades. Los exoneraron a todos, pese a que hubo negligencia criminal de funcionarios y empleados que contribuyeron a que se consumara la masacre, señaló Samara, cuyo hijo –Brad Javier Muraira Pérez, de 18 años– perdió la vida junto con otras 51 personas ese fatídico día. Por separado, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, defendió el resultado del peritaje, al señalar que fue elaborado con rigor jurídico. “Ya se dio a conocer, yo me comprometí con la gente de Nuevo León, y ante los medios de comunicación, que el resultado que fuera, ese iba a ser. No podemos cambiar, ni desviar, ni tergiversar el trabajo de los peritos, de los expertos, de los abogados, de los ministerios públicos, más que siempre estén debidamente motivados, fundamentados y apegados a la ley”, dijo. Samara dio a conocer que familiares de las víctimas acudirán mañana al Centro Internacional de Negocios (Cintermex) de esta ciudad, donde estará el presidente Felipe Calderón, y le pedirán una audiencia de cinco minutos para que cumpla con su palabra de hacer justicia. “Seguiremos clamando por justicia. No es posible que quieran tapar el sol con un dedo y que el presidente Felipe Calderón no haya cumplido con su palabra. Vamos a esperarlo para que reciba a una comitiva y a las familias, para que escuche de viva voz nuestra impotencia y pedirle que cumpla, que tenga la amabilidad de darnos un poco de su tiempo”, apuntó. El titular de la Siedo, Cuitláhuac Salinas, y el procurador general de Justicia del estado, Adrián de la Garza, dieron a conocer ayer el peritaje sobre el ataque, y señalaron que la gasolina arrojada por los sujetos que ingresaron en el local fue lo que causó el incendio. “Se vertieron 200 litros, provocando un incendio en menos de 40 segundos”, precisaron. Además, aseguraron que sí existían medidas de seguridad en el inmueble, y detallaron que había ocho puertas de emergencia: dos en el sótano, cuanto en la planta baja y dos en la azotea. Las investigaciones también determinaron que si el incendio se hubiera debido a una chispa, un cortocircuito o un cigarrillo, las medidas de seguridad hubieran sido suficientes para evitar la muerte de las 52 personas que murieron. No obstante, Pérez Muñiz refutó las afirmaciones de los funcionarios, al afirmar que ella únicamente supo de dos puertas de salida, una de las cuales estaba bloqueada. La otra, por donde escapó, era únicamente para personal autorizado, y por ella salieron únicamente quienes la conocían, o sea los trabajadores del casino. “Observé puertas bloqueadas por máquinas y a encargados de seguridad del casino dar indicaciones para que las personas subieran a la planta alta, lo que las llevó a la muerte. Yo pude escapar por una puerta que decía ‘sólo para personal exclusivo y autorizado’. Pero se preocuparon más por el dinero. El humo estaba muy fuerte. La primera puerta la mandaron cerrar y yo pude salir a la calle”, relató la sobreviviente. Y añadió que si las autoridades no aceptan la realización de un segundo dictamen, ellos costearán el trabajo de un perito externo para conocer la realidad sobre lo sucedido. “Están tratando de proteger intereses, de ocultar muchas cosas que no entendemos, pero esperamos que a la larga salgan a relucir, porque esta situación es de índole pública. No puedo creer que el procurador del estado haya tratado de comparar este hecho con el de las Torres Gemelas. Fue ridículo”, manifestó Samara al referirse a la comparación que hizo el procurador con el atentado en Nueva York. Durante su exposición, el funcionario manifestó que la magnitud de los ataques del 11 de septiembre de 2001 provocaron una catástrofe mayúscula, como la que ocurrió en el Casino Royale, ubicado al poniente de Monterrey. De acuerdo con Samara, los deudos se sienten decepcionados de que las autoridades únicamente hayan responsabilizado a los autores materiales de las muertes de sus familiares. “Estamos muy indignados. No esperábamos que el gobierno fuera a exonerar a todas las autoridades de todos los niveles que, por acción u omisión, permitieron que el casino estuviera en funcionamiento”, subrayó.