OAXACA, Oax. (apro).- El sacerdote católico Alejandro Solalinde Guerra, coordinador de Pastoral de la Movilidad Humana del Episcopado Mexicano, compareció hoy ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en la entidad, para responder a una acusación de un inmigrante guatemalteco que lo acusó del delito de abandono de personas. Durante hora y media, Solalinde Guerra respondió a las preguntas que le formuló el agente del Ministerio Público Federal, Alfonso Jarquín Díaz. El fundador del albergue “Hermanos en el camino” fue acusado por el guatemalteco Juan Francisco Silvestre del delito de “abandono de personas”, según consta en la averiguación previa PGR/OAX/III/220/2011. Como defensora de oficio fue asignada Catalina Ramos Rojas. Para el sacerdote católico, la denuncia forma parte de una “estrategia intimidatoria” del Instituto Nacional de Migración (INM), porque –recordó– no es la primera vez que actúan de esa manera. “No dudaría que a cambio de esa firma, de esa denuncia, en el INM le tuvieron que dar la regularización migratoria, porque eso comprobaría el dolo”, consideró el sacerdote. “Yo cumplo con presentarme y declarar lo que yo sé, no tengo nada qué esconder y tengo la conciencia tranquila porque no lo dejé en la calle y le dieron atención medica, además, estoy seguro que (la denuncia) no lo hizo de su voluntad, sino que fue asesorado por el INM”, dijo Solalinde. Negó que haya dado un trato inhumano al inmigrante guatemalteco, pues dijo a lo que más ama es a los indocumentados. Insistió en que la denuncia que presentó el guatemalteco Juan Francisco Silvestre fue, “sin duda, asesorada por el INM”, cuyos agentes lo ayudaron a configurar el delito de abandono de personas que ni siquiera sabía que existe. Recordó que el guatemalteco llegó el pasado 27 de septiembre al albergue ubicado en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, para pedir ayuda médica porque en el norte del país –donde estuvo trabajando– le cayó insecticida y le dañó sus ojos. Primero lo llevaron al Centro de Salud de Ixtepec y como no hubo mejoría, el 29 de septiembre lo trasladaron a la ciudad de Oaxaca. Lo instalaron en el Centro de Atención al Migrante donde lo recibió la abogada Nancy Maribel García García; el inmigrante guatemalteco quería que lo llevaran a la capital del país. Le explicaron que no podían hacerlo por falta de recursos, pues el albergue no recibe subvención del Estado. “Además, no es nuestra función y no está en nuestras posibilidades económicas”. La negativa, dijo Solalinde, molestó al inmigrante, quien decidió irse por su cuenta a la Ciudad de México. Sin embargo, lo detuvo el INM en Puebla y ahí –aseguró el sacerdote– empezaron a asesorarlo y el resultado fue la denuncia penal ante la PGR.