MÉXICO, DF, 1 de febrero (apro).- Por primera vez en su historia, la LXI Legislatura federal inició sus trabajos con un llamado a “la paz en el país y en contra de la violencia”; además, guardó un minuto de silencio por los más de 35 mil mexicanos muertos en la “guerra” del gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado.
    La tónica a lo largo de la sesión fue el rechazo opositor a la estrategia de seguridad y los cuestionamientos hacia el gobierno federal por la ausencia de confianza generada entre la ciudadanía.
Asimismo, los partidos del Trabajo (PT), de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia se pronunciaron en contra de una baja en los impuestos a cambio de gravar alimentos y medicinas.
    En tanto Nueva Alianza (Panal), a través de Gerardo del Mazo Morales, denunció que el gobierno exhibe un “déficit de credibilidad y confianza ciudadana”.
Y aclaró que este desencanto no se debe a la falta de leyes, instituciones o recursos, sino a una errónea actuación de la gestión de Calderón Hinojosa.
    “En los últimos años hemos visto con preocupación que el Estado mexicano ha sido incapaz de cumplir con una de sus funciones centrales: brindar seguridad a las personas y a su patrimonio”, acusó.
Del Mazo Morales dijo que “es verdaderamente desalentador que las mismas autoridades en muchos municipios del país sean víctimas de la delincuencia organizada. En este escenario, de violencia e inseguridad, los mexicanos en muchas entidades de la Republica vivimos en un virtual estado de sitio, puesto que las acciones de los gobiernos locales y federal han mostrado su ineficiencia ante el crimen organizado”.
    Luego el diputado del Panal llamó a cambiar la estrategia en contra de los cárteles del narcotráfico.
    En sintonía, la diputada priista Diva Hadamira Gastélum acusó al gobierno de Calderón de haber generado entre la población “una sensación de incertidumbre y desconfianza”.
    “Lamentablemente, el Ejecutivo federal pretende mostrar una realidad que no existe y un constante reclamo al Poder Legislativo como excusa o justificación a sus fracasos e ineficacias”, reviró.
    Enseguida, la priista dijo que como parte de la agenda legislativa de su grupo parlamentario está la seguridad pública.
Por esa razón, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) propondrá otorgar autonomía al Ministerio Pública federal y reconvertir a la Procuraduría General de la República (PGR) en dos fiscalías: una especializada en el crimen organizado y otra autónoma que atienda los otros delitos federales.
    Frente al descrédito institucional, advirtió, su partido se ha propuesto revertir ese desánimo, fruto, “por cierto, de que el gobierno saque a la calle a las Fuerzas Armadas como si se tratara de un estado de sitio. Este (escenario) puede ser el preludio de una crisis política que nadie desea en el país”.
    Y añadió que si ya experimentamos una crisis en la seguridad pública por el desempleo, la carestía en los alimentos y en los energéticos, que causaron la pérdida del poder adquisitivo del salario, hoy avizoramos un apuro en la economía familiar.
    La legisladora también adelantó que el PRI promoverá cambios en temas electorales “para que con sentido práctico se adopten medidas que eviten el transfuguismo y las intervenciones abusivas del Ejecutivo, que se ha convertido en el dirigente de su partido para mantener el poder a costa de lo que sea”.    
    Por su parte, el coordinador del PRD, Alejandro Encinas, destacó la idea de impulsar una valorización del término “seguridad nacional”, en el que éste se asuma como el conjunto de condiciones y acciones de carácter político, económico, social y cultural que salvaguarden el territorio y garanticen la soberanía e independencia, así como la promoción de los intereses de la nación.
    Encinas también cuestionó la “guerra” contra el narcotráfico y sostuvo que, “a pesar de las declaraciones triunfalistas, el infierno en el que se ha convertido la guerra contra el crimen organizado suma cada día más víctimas, extendiéndose también el control de las organizaciones criminales en vastas zonas del país”.
    Las revelaciones sobre la injerencia de los Estados Unidos, añadió Encinas, “en el manejo de la política migratoria, así como las solicitudes de apoyo del Ejecutivo federal al gobierno norteamericano en el caso Juárez, muestran impotencia, falta de claridad en el rumbo y subordinación a intereses ajenos a México”.
    En cuanto a la tarea legislativa, dijo que el PRD insistirá en la promoción del empleo y en la recuperación real de los salarios, así como una revisión integral del régimen tributario a partir de una política que elimine privilegios y establezca gravámenes progresivos y equitativos, en el que contribuya más al erario quien más percibe.
Asimismo, el PRD pugnará por una política de protección al poder adquisitivo y “rechazo tajante a gravar alimentos y medicinas”.
    Otro partido que coincidió con el PRD en el rechazo a gravar alimentos y medicinas fue Convergencia.
    En voz de Víctor Hugo Círigo, Convergencia destacó el “rumbo perdido en la conducción del país”.
    En principio, se refirió a la inseguridad que priva en México, las más de 35 mil muertes por la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en las organizaciones policíacas y en el sistema de impartición de justicia.
    “Contrario a la visión que ha prevalecido en el gobierno federal, consideramos que el avance de la delincuencia organizada encuentra un caldo de cultivo en la falta de oportunidades que rodea a diversos sectores de la población, sobre todo en jóvenes, quienes eligen el sendero de la incorporación a las actividades ilícitas”, sostuvo.
    Anunció que promoverán una reforma fiscal integral que atienda la desigualdad tributaria, pero también aclaró que no están de acuerdo en la generación de más gravámenes, “pero sí en la eliminación de aquellos que han probado su inoperancia”.
    Finalmente, el PT, a través de la legisladora Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, condenó la estrategia en contra del crimen organizado y rechazó el aumento de impuestos.
    “El Congreso ha aportado leyes y recursos para erradicar el flagelo del crimen organizado, y a cambio el pueblo ha recibido ineptitud, impunidad y sangre”, destacó.
    Y añadió: “Que quede claro, el grupo del PT está en contra de gravar con 12% de IVA a los alimentos y las medicinas. Es mentira que para obtener más recursos se tenga que empobrecer al pueblo”.
    El periodo de este año inició este 1 de febrero y concluirá el próximo 30 de abril, y las sesiones se efectuarán martes y jueves.