MONTERREY, N.L., 1 de febrero (apro).- En Nuevo León ya nadie está a salvo. Si no son ataques a sedes policíacas y de procuración de justicia, los criminales matan por igual a policías que a ciudadanos. Ni siquiera la prensa ha escapado a la ola de violencia que azota a esta entidad.

Aquí, en esta pujante región norteña, estalló el primer cochebomba en el país; aquí también una presunta secuestradora fue sacada del penal de Topo Chico por un grupo de desconocidos, quienes luego la ejecutaron y colgaron en un puente peatonal, y aquí también aparecen diariamente cadáveres cercenados y abandonados en plena vía pública.

De un tiempo acá, la impunidad es la única garantía en Nuevo León, según reflejan las propias cifras de la Procuraduría General de Justicia.

Por ejemplo, el año pasado fue el más violento, con 828 homicidios dolosos, 561 más que en 2009, que sólo registró 267. El incremento fue de 210%. En ese mismo año perdieron la vida 30 inocentes.

Y más: De acuerdo con un conteo de la prensa local, el año pasado fueron asesinados 74 de policías y 10 militares. También dos alcaldes se sumaron a las estadísticas criminales: Edelmiro Cavazos, del municipio de  García (el 18 de agosto), y Prisciliano Rodríguez, de Doctor González (23 de septiembre).

Este año, el lunes 7 de enero, el presidente municipal de Zaragoza, Coahuila, Saúl Vara Rivera, fue encontrado muerto a balazos en territorio nuevoleonés, en el municipio rural de Galeana, 205 kilómetros al sur de Monterrey.

Y como el año pasado, en 2011 las balas siguen lloviendo sobre Nuevo León, por lo que se perfila como un año récord en homicidios relacionados con la delincuencia organizada.

Al concluir el primer mes de este año fueron ejecutadas 98 personas, entre ellas dos inocentes y 19 uniformados, con lo que en enero se superó la cifra de 75 homicidios de este tipo reportada durante todo 2008.

Narcoterrorismo

La nueva racha de violencia en territorio nuevoleonés inició a mediados de diciembre pasado, con la detonación de un coche-bomba.

El 17 de diciembre, alrededor de las 13:00 horas, un auto cargado de explosivos estalló enfrente de la comandancia de policía de Zuazua, municipio ubicado a 34 kilómetros al norte de Nuevo León.

En esa localidad, reconocida por sus multitudinarios bailes gruperos, se replicó por primera vez en el estado el fenómeno del narcoterrorismo que había demostrado su fuerza en Chihuahua y Tamaulipas.

La detonación provocó heridas a una mujer policía y al conductor de una grúa que se encontraban cerca del automóvil Tsuru, en cuyo interior detonó una carga explosiva que lo dejó hecho añicos y con sus partes dispersas a 20 metros a la redonda.

En otro hecho, la madrugada del mismo día que detonó el coche- bomba, un grupo de desconocidos agredió a balazos al director de Despliegue Policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, Guadalupe Saldaña Vargas, quien resultó ileso.

A raíz de esa agresión, diez policías de Guadalupe fueron detenidos como sospechosos de participar en el atentado.

En General Terán, municipio ubicado a 100 kilómetros al suroriente de la capital, fueron rafagueadas –el 20 de diciembre– las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública sin que se reportaran lesionados. Varias patrullas quedaron incineradas frente al cuartel.

La mañana del 27 de diciembre, la patrulla 12630 de la Policía Federal fue encontrada con varios impactos de bala en el kilómetro 99 de la carretera libre Monterrey-Reynosa, a la altura de China. En el lugar fueron encontrados rastros de sangre.

El ocupante de la patrulla, el oficial Francisco Martel, fue secuestrado en una acción en la que los delincuentes accionaron sus armas e hirieron a dos mujeres inocentes que pasaban por el lugar.

Al día siguiente del plagio, fue encontrada la cabeza cercenada del federal. Sus asesinos la tiraron en un camino vecinal de China.

La noche del 27 regresó a escena la plagiaria Gabriela Elizabeth Muñiz Tamez, La Pelirroja, de 31 años. La mujer fue detenida en julio de 2009 e internada en el Penal del Topo Chico, acusada de liderar una banda de secuestradores en la región citrícola, al sur de Nuevo León.

La Pelirroja, quien esperaba sentencia, salió de la penitenciaría estatal a las 21:00 horas, junto con tres custodios, para ser atendida en el Hospital Universitario por una aparente dolencia. A escasas dos cuadras del reclusorio, hombres armados interceptaron la camioneta en la que se trasladaba, amagaron a los guardias y se llevaron a Gabriela Elizabeth.

Los reclamos cayeron de inmediato sobre la autoridad penitenciaria, dependiente de Seguridad Pública del estado, por permitir que la interna, considerada peligrosa, fuera trasladada al hospital custodiada únicamente por tres hombres.

Tras el hecho, de inmediato fueron arraigados el director del penal, José Rodrigo Martínez Yanez; el médico Víctor Manuel Martínez González, quien ordenó el traslado; el sargento de guardia del turno 1, Adrián Guerra Segura, y los tres custodios que trasladaban a La Pelirroja: José Luis Moyeda Guevara, María Dolores Poblano Lugo y Jorge Aldana Pereira.

El último día de 2010, Monterrey amaneció con una macabra sorpresa: en el puente peatonal que cruza la transitada avenida Gonzalitos, a la altura de la calle Tuxtla, en la colonia Mitras Norte, La Pelirroja apareció colgada del cuello. Estaba con el torso desnudo y únicamente vestía pantalón de mezclilla y calcetas rojas. Según el reporte forense, fue colgada viva.

Sobre el pecho y la espalda tenía inscritas de arriba hacia abajo la palabra “Fair”. No hay pistas de los asesinos.

Y mientras el “rescate” de La Pelirroja ocupaba los titulares de las noticias, la violencia contra los policías se incrementó en todo el estado.

En una acción simultánea, la noche del 29 de diciembre fueron asesinados dos policías municipales de Guadalupe, dos de Monterrey y un médico de guardia que acompañaba a estos últimos.

En un primer hecho, a las 20:00 horas los integrantes de un comando que se desplazaba en varias camionetas abrió fuego contra el edificio de la delegación poniente de la policía de Monterrey, ubicada en Ruiz Cortínez y Nogal, de la colonia Valle Verde.

Ahí fueron alcanzados por armas de grueso calibre cuatro policías municipales, un estatal y un médico que hacía la guardia. La fachada del lugar quedó con decenas de impactos.

Mientras eran atendidos en nosocomios locales, los agentes de la policía regia Raúl Salinas del Bosque y José Carrión Galván, así como el médico de guardia Jesús Sánchez Barajas, perdieron la vida.

En tanto, resultaron lesionados los efectivos municipales Isidro Castro Martínez y Gerardo García Sosa, y el agente estatal José Alberto Macías.

Media hora después fueron asesinados en Guadalupe dos policías municipales en hechos diferentes.

De acuerdo con reportes policiales, un grupo de desconocidos interceptó a la agente Santos Muñoz Serna mientras circulaba en su patrulla por las avenidas Loma Redonda y Guadalajara, de Lomas de San Miguel, al oriente de esa localidad.

Los peritajes determinaron que la mujer fue obligada a bajar de la unidad y forzada a ponerse de rodillas. Le dispararon en la cabeza con armas de fusil AR-15.

De manera simultánea, en el cruce de las avenidas Miguel Alemán y Constituyentes de Nuevo León, fue asesinado a balazos José Guadalupe Tovar Martínez, cuando se desplazaba en un vehículo oficial.

Al día siguiente de estos hechos se reunieron los integrantes del gabinete estatal con mandos militares.

El último ejecutado del año fue el policía Plácido Baltazar Cázares, del municipio de Guadalupe, quien fue acribillado la noche del 31 de diciembre, cuando caminaba por calles de la colonia Torres de San Miguel, al oriente del municipio.

2011… más plomo sobre uniformados

La noche del pasado 2 de enero, fue asesinado el agente de tránsito, arlos Gil Villalobos. El uniformado se encontraba en su patrulla cuando una persona le disparó a quemarropa en pleno centro de Apodaca.

Simultáneamente, en Cadereyta, a un costado de la caseta de cobro de la carretera Monterrey-Reynosa, la posta de seguridad municipal fue atacada con balas y una granada. Los oficiales que estaban en el interior resultaron ilesos.

Ese mismo día, a las 00:40 horas, fue arrojada una granada contra las instalaciones de la Procuraduría Estatal de Justicia en el municipio de Allende, a 60 kilómetros al sur de Nuevo León. El artefacto provocó daños en la fachada, sin que se reportaran lesionados.

La tarde del 3 de enero, en la colonia Pueblo Nuevo, de Apodaca, marinos reventaron una guarida de delincuentes.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, fueron detenidos Mario Alberto Gutiérrez Guerrero, Francisco Esteban Díaz González, Juan Martínez Cazares, El Chacal, y Jesús Benigno Rivera Acosta.

La acción provocó varios narcobloqueos. En la avenida Miguel Alemán, un grupo de sujetos despojó de sus autos a los conductores que pasaban por el lugar y atravesaron las unidades para impedir el paso de refuerzos de los federales.

La noche del miércoles 5, hombres armados masacraron al agente de Tránsito de Apodaca, Carlos Zul Rodríguez, sobre la avenida López Mateos, en la colonia Valle del Mezquital.

Horas antes, agentes de la Policía Federal que se trasladaban en un convoy fueron atacados a balazos por hombres armados, quienes pretendían rescatar a cuatro narcomenudistas que habían sido detenidos en calles de Santa Catarina.

La agresión, perpetrada a las 17:45 sobre la joroba de la avenida Cuauhtémoc, del Bulevard Díaz Ordaz, ocasionó que dos uniformados resultaran lesionados.

El jueves 6, desconocidos rafaguearon el exterior del penal de Topo Chico y lanzaron dos artefactos explosivos, de los cuales sólo uno explotó en la pared del lado sur. La caseta de vigilancia ubicada en la calle Cuautla presentaba varios impactos de bala.

El gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, atribuyó la violencia a una condición generalizada que prevalece en el país, no sólo en el estado.

“Nuevo León no se ha constituido como una isla, sino que estamos inmersos en toda una ola de violencia nacional que se ha desatado por la guerra entre cárteles del crimen organizado y también por la acción de la autoridad en contra de ellos”, dijo en esa ocasión.

Y la batalla del crimen organizado contra los uniformados continuó.

El agente vial Juan Antonio Quiñonez fue ejecutado en Monterrey el 7 de enero. Casi al mismo tiempo, el policía de Tránsito de San Nicolás, Jesús Javier Moreno Gómez, resultó herido de bala. El agente fue atacado por desconocidos en la colonia Nogalar.

En Santiago, alrededor de las 18:00 horas de ese mismo día fue levantado el policía municipal Valentín Castaño Cepeda, quien horas después fue hallado muerto junto a otra persona, en un área despoblada de esa localidad.

Entre el sábado 8 y el domingo 9 de enero, en varios municipios rurales fueron atacados edificios públicos.

A las 23:00 horas del sábado, desconocidos arrojaron granadas y rafaguearon la fachada de la presidencia municipal de General Terán, a 100 kilómetros al suroriente de Monterrey.

Las esquirlas provocaron lesiones menores a transeúntes que pasaban por el lugar, ubicado en la cabecera del municipio. No se registraron personas muertas.

Minutos después, en la misma localidad, fue atacado a balazos el edificio de Seguridad Pública.

A las 06:00 horas del domingo, pistoleros dispararon contra el Palacio de Justicia de China, a 116 kilómetros al norte de Monterrey. La fachada del edificio, que alberga el juzgado mixto, la agencia del Ministerio Público local y la delegación de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quedó marcada por centenares de balazos. No hubo personas afectadas.

La noche del lunes 10, a las 23:00 horas, tres policías de San Nicolás fueron asesinados mientras cenaban en una fonda de la colonia Nuevo Mundo. Los agentes fueron identificados como Carlos García Leija, Ricardo Lozano Rodríguez y Edgar Valdez Espinosa.

El vocero Jorge Dome Zambrano también fue víctima de la delincuencia organizada. Esa misma noche, mientras cenaba con familiares en el restaurante El Viñedo, de San Pedro, hombres armados amagaron a su chofer y lo hirieron de un balazo en la pierna para despojarlo de la camioneta Tahoe que le asignó el gobierno del estado. El funcionario resultó ileso.

La camioneta fue recuperada horas después, ya que los delincuentes la dejaron abandonada sobre la avenida Morones Prieto, en los límites entre San Pedro y Santa Catarina.

Ese mismo día, una granada de fragmentación explotó en el exterior de una sucursal del periódico El Norte, en sus oficinas de edición La Silla, al sur de Monterrey. Las esquirlas ocasionaron daños en una jardinera del exterior y rompieron los cristales de la fachada frente al estacionamiento, así como daños en la pared frontal.

En información difundida por el mismo periódico se mencionó que era la segunda ocasión en que la sede era atacada. El 20 de septiembre del año pasado, agregó, un grupo de sujetos arrojó otro artefacto en la barda perimetral del inmueble “provocando daños mínimos a la estructura”.

El martes 11 al mediodía, desconocidos lanzaron dos granadas de fragmentación a la delegación norte de Seguridad Pública del estado, en la colonia San Bernabé. Las explosiones dañaron paredes exteriores, pero no hirieron a nadie.

Por la noche, el celador del Penal de Topo Chico, Camilo Domínguez Hernández, de 59 años, fue acribillado cuando circulaba en su coche por la avenida Fidel Velásquez, a cinco cuadras de la penitenciaría.

En los tres días que siguieron a esa ejecución se contabilizaron 14 asesinatos más.

Una jornada particularmente violenta fue la del jueves 13. Ese día, soldados mataron a un hombre que los agredió, en la colonia Real de San Miguel, del municipio de Guadalupe. Poco después, en la colonia Jardines de Roma, al sur de Monterrey, el policía estatal Juan Martínez fue acribillado.

Tras el homicidio, elementos del Ejército y de Seguridad Pública del estado rastrearon por tierra y aire para dar con los agresores.

En una casa de la colonia Sierra Ventana, varios hombres dispararon contra un helicóptero de la policía nuevoleonesa, lo que delató su posición. Hasta el lugar llegó un grupo de soldados, quienes dieron muerte a tres pistoleros.

Por la noche, una camioneta en marcha fue abandonada en el estacionamiento del cuartel de Tránsito de San Nicolás. En el interior del vehículo, los policías hallaron una caja de plástico con las siglas CDG, que contenía la cabeza y otras partes del cuerpo de una persona.

En tanto, dos policías de Tránsito de Cadereyta fueron ejecutados cuando se desplazaban por la carretera a Allende. En el lugar murió Juan Antonio Alemán Palacios, en tanto que Alfonso Alemán Gallegos quedó gravemente y falleció al día siguiente.

El 17 de enero, tres hermanos fueron ejecutados a balazos mientras atendían un puesto de tacos de su propiedad, al sur de Monterrey.

Los hechos se registraron a las 09:00 horas en el exterior del local denominado “Tacos El Beno”, en la avenida Antiguo Camino a Villa de Santiago, colonia Proletaria, al pie de la Loma Larga.

Los hermanos fallecidos fueron identificados como Heriberto, Benito y Juan Cardosa Vázquez, de 34, 27 y 20 años, respectivamente.

Por la tarde de ese mismo día, seis jóvenes que se encontraban en una esquina de la colonia Moderna, en Monterrey, fueron asesinados por un comando que los rafagueó. Las balas alcanzaron a dos inocentes.

Horas antes, en Montemorelos, 82 kilómetros al sur de Monterrey, personas que circulaban por el centro del municipio descubrieron los cuerpos desmembrados de cinco individuos que estaban tirados en la calle Bustamente, frente  la Plaza Matamoros.

Frente a tal mortandad, Fernando Larrazábal Bretón, alcalde panista de Monterrey,  afirmó que el Estado no podía contra la delincuencia.

"Esto que pasó nos indica claramente que quien tiene la capacidad y las armas largas para enfrentar a los delincuentes, que es el Estado, me queda claro que está rebasado”, dijo el sábado 8.

Y Medina respondió que en lugar de andar haciendo acusaciones, cada quien “haga lo que tenga qué hacer”.

Las declaraciones continuaron, y las ejecuciones también.

La noche del sábado 29, sicarios acribillaron a dos policías de Tránsito de Monterrey que hacían un recorrido en motocicletas: Ramón Tienda Ruiz, de 45 años, y Jesús Gerardo Mora González, de 35. La ejecución ocurrió en el cruce de Churubusco y la Avenida Antonio I. Villarreal, a la altura de la colonia Coyoacán.

En respuesta a la muerte de los dos agentes, el alcalde nicolaita, Carlos de la Fuente, informó que los policías sólo patrullarían la ciudad en horas de sol, es decir de las 06:00 hasta las 19:00 horas, para evitar más ataques.

El mes de enero cerró con una variación en las ejecuciones.

En una brecha de Escobedo, en la comunidad El Palomo, seis hombres fueron quemados. Tras una llamada anónima, soldados encontraron los seis cuerpos el sábado 29.

El domingo 30 por la noche, otros dos cadáveres calcinados fueron hallados en tambos, en un camino de terracería de Apodaca.

Para cerrar con sangre, el 31 de enero hubo otros dos ejecutados, uno en Monterrey y otro en Apodaca.