MÉXICO, DF, 16 de febrero (apro).- La minería de carbón no ha cambiado desde hace un lustro, cuando colapsó el socavón de Pasta de Conchos, en Coahuila, hecho que dejó 65 trabajadores muertos y 13 más lesionados de gravedad.
    La organización La Familia de Pasta de Conchos (FPC), integrada por deudos de los trabajadores muertos, presentó hoy su informe anual, en el que incluyó los datos de casi 40 mineros más que han muerto después del accidente registrado el 19 de febrero de 2006.
    En el informe, los deudos estuvieron acompañados por Javier Hernández, representante en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como por el senador panista Ricardo García Cervantes, y los activistas Carlos Rodríguez, del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), y Luis Arriaga, del Centro Pro.
    La activista de la FPC, Cristina Auerbach Benavides, reveló hoy que, tras la ruptura de más de dos años en los diálogos con el gobierno federal, hace dos meses iniciaron conversaciones con el secretario de Gobernación, Francisco Blake.
    Blake Mora sustituyó a Fernando Gómez Mont, a quien los deudos habían descalificado como interlocutor, pues previo a su arribo a la Segob se había desempeñado como abogado patrono de Grupo México, corporativo controlador de Industrial Minera México (IMMSA), la empresa propietaria de Pasta de Conchos.
    De acuerdo a la activista, la mesa de diálogo ha registrado avances, pero exigió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como a la de Economía (SE) y al Grupo México, que dejen de poner obstáculos e intentar afectar el diálogo con Gobernación.
    El reporte presentado hoy retomó estadísticas, casos e información que sobre la tragedia de Pasta de Conchos han ido acumulando en expedientes que, al no ser atendidos por el gobierno federal, han dejado a los responsables de las 65 muertes en la impunidad.
    No obstante, por tercer año, la FPC dedicó su informe en buena medida a las nuevas tragedias carboneras que, pasando desapercibidas, sumaron más de cien muertes de 2006 a la fecha.
    En cinco años, los casos recogidos por la FPC ponen en evidencia las condiciones de inseguridad que prevalecen en las minas de carbón, además de condiciones de trabajo análogas a esclavitud, contratación de menores de edad y operaciones mineras sin concesión que han sido solapadas por la STPS.
    Entre otros casos, el de la mina Lulú fue uno de los más dramáticos, pues los sobrevivientes de esa operación minera expusieron su testimonio.
    La Mina Lulú es propiedad de la Compañía Minera Siderúrgica de Coahuila, del empresario Salvador Kamar Apud, quien además tiene negocios agrícolas y posee la cadena de periódicos La Voz, con base en Monclova.
El 6 de agosto de 2009, murieron ahí los mineros Rogelio Soto Torres y Alfredo Ríos Martínez, tras un derrumbe que la empresa justificó como “un efecto de aire comprimido”, y que de acuerdo a diversos especialistas y a la propia organización FPC, no existe en la minería de carbón.
    La FPC logró documentar que esa mina no contaba con la concesión para operar, se presentaban condiciones equiparables, por infrahumanas, a la esclavitud, pues los trabajadores dormían ahí toda la semana, sin contar con dormitorios, regaderas ni comedores.
Apenas el 2 de febrero, los trabajadores Daniel Vaquera Contreras y Juan Manuel Gómez Gaytán perecieron en la misma mina, pues a pesar de las denuncias, la STPS le permitió a la empresa seguir operando.
Los casos expuestos por los sobrevivientes de la mina Lulú, así como de Ferver y el Vertical 4, son apenas algunos de los que han registrado siniestros que, después de Pasta de Conchos, acumulan alrededor de 40 muertos por las condiciones de inseguridad en la región carbonífera de Coahuila.
Entre los oradores estuvo Tania Muñoz, hija del minero Jorge Bladimir Muñoz, una joven de 18 años que relató las condiciones de los deudos tras las tragedias mineras.