EURODIPUTADOS DARÁN SEGUIMIENTO A CASO DE FINLANDÉS MUERTO EN OAXACA
por: Gloria Leticia  Díaz  fecha: 16 de Febrero, 2011

Gloria Leticia Díaz

MEXICO, DF, 16 de febrero (apro).- Familiares de los activistas Beatriz Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola, asesinados el 27 de abril de 2010 en Oaxaca, exigieron al gobierno de Felipe Calderón el esclarecimiento de los homicidios y anunciaron la conformación de una comisión de integrantes del Parlamento Europeo para la vigilancia de las indagatorias.
    Jaakkola y Cariño fueron asesinados al formar parte de una caravana humanitaria que pretendía llevar víveres y medicamentos a San Juan Copala, declarado desde 2006 municipio autónomo por los habitantes indígenas triquis, y que estaba sitiado por grupos paramilitares vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
    Días después de los asesinatos, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJE) se declaró incompetente para llevar la investigación del caso y lo turnó a la Procuraduría General de la República (PGR).
En conferencia de prensa, los padres de Jyri, Eeve y Raimo Jaakkola, acompañados del representante de Amnistía Internacional (AI) en México, Alberto Herrera, y el abogado David Peña, advirtieron que, desde agosto del año pasado que vinieron a México a revisar el avance de las investigaciones, “no hay nada nuevo y tampoco hay detenidos”.
    Los padres del activista finlandés señalaron que el caso de su hijo ha despertado el interés de organizaciones de derechos humanos europeas, así como de eurodiputados, que han mostrado su disposición para conformar una comisión de supervisión de las investigaciones.
    “Al regreso a Finlandia, nos reuniremos con eurodiputados para informar lo ocurrido y empezaremos a trabajar en la conformación de la comisión”, informó Eeve Jaakkola.
    Luego de señalar que su visita a México cuenta con el respaldo del gobierno de Finlandia y de la representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Catherine Ashton, la madre del activista puntualizó que es su deber “confiar en que el gobierno de México va a esclarecer el homicidio de mi hijo; de lo contrario, sabemos que hay mecanismos internacionales a los que podemos recurrir para que eso ocurra”.
    Los familiares de ambas víctimas ya tuvieron reuniones con personal de la PGR y de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación, en tanto que está pendiente un encuentro con el gobernador Gabino Cué.
    Por su parte, Omar Esparza, viudo de Beatriz Cariño, aseguró que espera que el nuevo gobernador oaxaqueño “cumpla su promesa de colaborar de forma decidida en el esclarecimiento de las muertes, y creo que para demostrar su voluntad tendría hasta el 27 de abril; si no hay respuesta de su parte, nosotros seguiremos exigiendo justicia, pero sabremos de antemano que no contamos con él”.
    Esparza puntualizó que los grupos paramilitares que atacaron a la caravana humanitaria mantienen el respaldo de los grupos priistas que los han auspiciado.
    También integrante de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Esparza destacó que “hemos contabilizado 27 de estos grupos que operan en Oaxaca”.
    Hasta ahora, aclaró, unas “700 personas huyeron de San Juan Copala y sólo 137 cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Luego advirtió que “ante la violencia que han demostrado los grupos paramilitares, responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal de lo que ocurra con los triquis que han salido huyendo de Copala”.
En su turno, Herrera señaló que hasta el momento la PGR se ha negado a dar protección a los testigos del ataque a la caravana humanitaria, ya que alegó que ello “sólo se hace en casos de delincuencia organizado, sin considerar que los atacantes forman parte de un grupo paramilitar cuyas actuaciones encuadran en ese delito”.
    El representante de AI agregó que, “en diciembre del año pasado, la PGR pidió algunas órdenes de aprehensión contra ese grupo, formado por unas 18 personas, pero el pliego de consignación estaba tan mal que el juez negó las detenciones”.
Explicó que hay serias contradicciones en la actuación de la PGR, al grado que ha delegado las investigaciones en los representantes de las víctimas.
    Enseguida consideró que “es una mala señal que los casos de defensores de derechos humanos se mantengan en la impunidad en México, a pesar de las recomendaciones de organizaciones internacionales y de la preocupación manifiesta de eurodiputados”.
    Finalmente, puntualizó que el desdén por resolver los casos de Jyri Jaakkola y Beatriz Cariño, “por desgracia en México no es la excepción sino la regla, y eso es una mala señal, ya que incentiva a que ocurran mayores agresiones a defensores con la certeza de que no pasará nada”.