DURANGO, Dgo., 17 de febrero (apro).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDH) calificó de “insensibles” a las autoridades locales y federales que hicieron caso omiso a las solicitudes de ayuda de don Leopoldo Valenzuela Escobar, don Polo, para encontrar a su hijo Leopoldo Valenzuela Gómez, secuestrado en septiembre de 2010.

La mañana del viernes 4, don Polo fue ejecutado. Cuatro meses antes habían secuestrado a su hijo de 29 años, y aunque pagó el rescate no lo liberaron. Pidió ayuda al gobernador y al procurador de Durango, y también al Ejército. Todos lo ignoraron.

Buscó por su cuenta y dio con los secuestradores. Descubrió que están protegidos por funcionarios estatales y el Ejército. Denunció en la Procuraduría General de la República (PGR), en la Secretaría de Marina y en la Presidencia de la República, pero nadie lo ayudó.

En un comunicado, la CEDH manifiesta su preocupación “por la insensibilidad de las autoridades al no atender las solicitudes de intervención que en vida realizara el señor Leopoldo, y esto, sin duda, deja un sentido de falta de responsabilidad ante las necesidades del ciudadano en el respeto a los derechos fundamentales".

De acuerdo con el organismo, "es incomprensible esa situación", ya que don Polo no acudió a una, sino a varias instancias de gobierno, a solicitar ayuda para encontrar a su hijo de 29 años.

Y añade que a partir del momento en que don Polo acudió a las autoridades, era inminente el riesgo que corría su vida.

"El fenómeno de desatención surge de forma reiterada con cada una de las instituciones públicas a las que el infortunado acudió en busca de un apoyo y solución a su preocupación”, pese a que en esos momentos su vida estaba en riesgo porque buscaba encontrar con vida a su hijo.

“Este peregrinar –agrega– es una muestra fehaciente de la denigración que sufrió en todo acto con la autoridad a la que fue dirigida su esperanza de obtener una respuesta positiva".

Según la CEHD, a sus oficinas acudieron familiares del plagiado para denunciar la omisión de varias autoridades en la investigación del secuestro, queja que, explica, fue turnada a la Comisión Nacional de derechos Humanos, donde actualmente se sigue el proceso de investigación correspondiente.

En su edición (1789) del pasado domingo 13, la revista Proceso publicó una entrevista que la reportera Patricia Dávila hizo a don Leopoldo Valenzuela cuatro días antes de su ejecución.

En la entrevista, don Polo relató que la tarde del 23 de septiembre de 2010 su hijo Leo se encontraba “en un yonque (deshuesadero) de su propiedad atendiendo a los clientes; de pronto se percata de que frente al negocio se para una camioneta Tahoe, color arena. Bajaron 4 hombres encapuchados y vestidos con uniforme tipo militar. Entraron por él. Lo golpearon con las armas y lo subieron al vehículo, se fueron rumbo al municipio de Santiago Papasquiaro”.

A 200 metros del negocio de Leo hay un retén con unos 20 soldados. Don Leopoldo corrió hacia ellos: “Les pedí que me dijeran por qué se habían llevado a mi hijo, me investigan y después de 15 minutos me dicen: ‘Lo sentimos. No podemos hacer nada’. ‘¿Cómo no?’, reclamé, pero ellos me dijeron que tenía que ir a poner la denuncia con la policía antisecuestros”.

El 11 de octubre don Polo acudió a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR, donde presentó una denuncia que quedó asentada en el expediente APG-APRGR/SIEDO/UEIS/472/2010. Esa denuncia la amplió en octubre, noviembre y diciembre de 2010 y en enero pasado.

El 14 de octubre, en un acto público, don Polo le entregó un oficio a Teresa Álvarez, esposa del gobernador de Durango; ella lo abrazó y le prometió entregárselo a su esposo, Jorge Herrera Caldera. “También somos padres”, le dijo.

En el documento le daba al gobernador pormenores del secuestro de su hijo e insistía en hacer responsables al procurador Ramiro Ortiz y al teniente coronel Zambrano. No hubo respuesta.

Tampoco la recibió de Javier Jiménez Mendoza, comandante de la Décima Zona Militar, a quien recurrió en dos ocasiones: una para pedir ayuda y denunciar al teniente coronel; otra, a fin de solicitar un permiso para portar armas: “Viendo que a ustedes no les importa la seguridad de nuestras familias espero nos den la oportunidad de, al menos, defendernos nosotros mismos”, argumentó en su texto.

Hay un oficio –recibido el pasado 18 de enero por el área de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República– en el que en 19 puntos don Polo desglosó lo narrado a Proceso. Dio fechas, nombres y lugares. En el punto número 15 se quejaba porque a tres meses de haber denunciado formalmente el secuestro de su hijo no había recibido ayuda. “¿Qué clase de policía tenemos?, ¿en dónde está la investigación especializada?”, pregunta.

La noche previa a su asesinato don Polo habló con su esposa. Le dijo que se sentía muy cansado, que no aguantaba más: “Esto no es vida. Si me matan me harían un favor…”