JALAPA, Ver., 17 de febrero (apro).- Las cabezas cercenadas de seis personas y los cuerpos de tres fueron halladas este jueves cerca del módulo de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública ubicado en el poblado El Moralillo, del municipio de Pánuco, que se localiza en los límites de Veracruz y Tamaulipas.
    En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) señaló que dos de las víctimas, las únicas identificadas hasta ahora, eran originarias de Tamaulipas. Se trata de Alberto Gómez Salazar y Antonio López Hernández, quienen eran choferes del transporte público en Ciudad Madero.
    Según la dependencia, los demás cuerpos hallados  esta mañana en El Moralillo “se presume que son originarios” del mismo estado.
    De acuerdo con fuentes de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), el asesinato de las nueve personas, entre las que estarían cuatro civiles, podría tratarse de una venagnza entre miembros del cártel del Golfo y Los Zetas.
    Asimismo, añadieron que hasta el momento los cuerpos decapitados no han sido localizados.
    La PGJE informó que tras el hallazgo de los tres cuerpos y las seis cabezas humanas se movilizó a personal policiaco en diferentes puntos de la región, donde establecieron retenes de revisión y patrullaje con el propósito de localizar a los responsables de los crímenes.
    Detalló que desde temprana hora se reforzó la  seguridad en las principales carreteras que comunican con el municipio de Pánuco, así como en las entradas y salidas de la entidad.
    El pasado 2 de noviembre, precisamente en El Moralillo, un grupo de desconocidos arrojó los cadáveres de seis hombres a un costado de la carretera Tampico-Valle.
En esa ocasión, los cuerpos se hallaron semidesnudos y esparcidos en un área de 100 metros, debajo del puente Prieto. Las víctimas fueron torturadas y asesinadas presuntamente en Tamaulipas y sus cuerpos arrojados sobre territorio veracruzano, en Pánuco, municipio que desde hace varios meses ha sido escenario de al menos cuatro incidentes y enfrentamientos entre grupos delictivos y fuerzas federales y policiacas estatales.