MÉXICO, D.F., 22 de febrero (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó 11 mil 333 secuestros de migrantes entre abril y septiembre de 2010.
    De acuerdo con el presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, los más de 11 mil plagios se concretaron en 214 eventos violentos, aunque aclaró que la cifra podría ser mayor, en virtud de que no todos los casos fueron denunciados.
    Durante la presentación del “Informe Especial sobre Secuestros de Migrantes”, el ombudsman lamentó que pese a que la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas –ocurrida el año pasado–, puso en evidencia la gravedad del fenómeno, “hasta el día de hoy no encontramos que los avances sean suficientes para poder prevenir y evitar la repetición de secuestro de migrantes”.
Plascencia reconoció que aunque se ha detectado algún cambio de “mentalidad” en funcionarios responsables de proteger los derechos humanos de los migrantes, “faltan acciones concretas  y contundentes, sobre todo para llevar a la justicia a los responsables”.
Esa, añadió, “es la mejor forma de prevenir y evitar la recurrencia”.
Acompañado del quinto visitador, Fernando Batista, responsable directo del informe, el presidente de la CNDH manifestó su preocupación por el incremento sustancial en la incidencia del secuestro de migrantes indocumentados, toda vez que en 2009 el organismo logró sistematizar 9 mil secuestros.
En esta ocasión, la CNDH documentó los secuestros a través de los testimonios de 178 migrantes, 153 de los cuales fueron víctimas y 25 testigos de los ilícitos.
“El 44.3% de los casos se trata de personas de nacionalidad hondureña, en 16.2% de salvadoreños, en 11.2% de guatemaltecos, en 5% de cubanos y en 4.4% de nicaragüenses, y del total de testimonios recabados, 15.7% corresponde a experiencias narradas por mujeres migrantes”, detalló Plascencia.
Asimismo, explicó que de los 214 secuestros masivos, “67.4% ocurrieron en el sureste, 29.2% en el norte y 2.2% en el centro del país”, y el estado con mayor incidencia de ese delito fue Veracruz, seguido de Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas.
De acuerdo con datos obtenidos por las víctimas o testigos de los hechos, los montos de rescate oscilan entre los mil y cinco mil dólares, aunque también hay reportes que señalan cobros de 10 mil dólares o más.
El ombudsman señaló que por los testimonios recabados, se identificó a funcionarios públicos coludidos con los delincuentes.
“Se documentan casos de la intervención de policía municipal, de policías estatales y federales, de elementos del Instituto Nacional de Migración, y eventualmente algunos casos en los que intervinieron integrantes de la Secretaría de Marina, pero no hemos tenido hasta el momento algún caso en el que se refiera la intervención del instituto militar (Secretaría de la Defensa Nacional), esto no quiere decir que no existan casos, pero no hay información”, puntualizó.
Y agregó que durante el periodo de investigación –de enero a diciembre de 2010– se pudo constatar que detrás de las bandas de secuestradores hay integrantes de cárteles del narcotráfico que operan en los estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí,  Oaxaca,  Chiapas y Tabasco.
No obstante, el titular de la CNDH se negó a identificar a los cárteles responsables de los secuestros de migrantes, aduciendo que “son las autoridades correspondientes quienes tienen que hacerlo”.
Entre las modalidades que se detectaron, subrayó, es que ahora algunos migrantes centroamericanos se han integrado a las bandas de secuestradores de forma voluntaria, por la remuneración económica, e incluso algunos de ellos han sido identificados por sus víctimas en estaciones migratorias.
    “Algunos  (secuestradores) vienen en los grupos de migrantes, además de haber sido los que los engancharon o bien van acompañando a los migrantes desde su país de origen como infiltrados (…) Su función es identificar entre los migrantes quién tiene familia con recursos en su país de origen o bien en Canadá o Estados Unidos,  o bien para que confirmen la información que dan las víctimas sobre los códigos de teléfono (…) Hemos detectado que son miembros de esa estructura del crimen organizado sólo para secuestrar a  víctimas”, explicó Plascencia.
    Los migrantes secuestrados, destacó, no sólo son víctimas de la detención ilegal, sino que muchos de ellos han sufrido violaciones sexuales, torturas y muerte, “agravios provocados para que den información para lograr el pago de los rescates”.
Los homicidios ocurren cuando no hay quien pague por la vida del migrante o simplemente para no dejar testigos, y los que logran ser liberados generalmente acuden a casas de migrantes o a albergues donde reciben ayuda y comida. “La mayoría regresa a sus lugares de origen prometiendo no regresar nunca más a nuestro país”.
    En su informe, Raúl Plascencia insistió en que hace falta la coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir y combatir el delito a nivel federal, estatal y municipal, así como mecanismos y acciones suficientes para garantizar al migrante sus derechos a la seguridad pública, libertad, legalidad, seguridad jurídica, integridad personal y trato digno.
Pero además, dijo, “el Estado mexicano no cuenta con criterios claros y homologados entre distintas instancias encargadas de la procuración de justicia para sistematización, seguimiento, intercambio de información, generación de registros y estadísticas delictivas respecto del secuestro de migrantes”.
La CNDH hizo 28 propuestas a las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública, al Instituto Nacional de Migración, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las dependencias encargadas de seguridad pública y procuración de justicia estatales.
 La mayoría de las sugerencias van encaminadas a la capacitación del personal de esas dependencias para “detectar y atender migrantes víctimas de secuestro”, así como a la identificación de las zonas de riesgo y los mecanismos de seguridad que deben instrumentarse.
También, la elaboración de informes sobre el comportamiento delictivo y modos de operar de la delincuencia, “respetando la confidencialidad de datos personales de víctimas”, así como la  creación de mecanismos ágiles para recabar denuncias desde el extranjero, y una efectiva coordinación entre las instancias encargadas de la seguridad de los migrantes.
Sobre la nueva Ley de Migración presentada en el Senado, Plascencia Villanueva advirtió que de haber un “sesgo” en contra de los derechos humanos de los migrantes, interpondrá un juicio de inconstitucionalidad.
“Vamos a esperar a que se apruebe en definitiva, esperamos que tenga contenidos adecuados para garantizar que el migrante que haya sido víctima de un delito no sea revictimizado  (…) La migración no debe ser considerada como un delito, porque esto lo que ha propiciado son actos de corrupción y abuso de autoridad, como lo hemos referido en el informe”, puntualizó el ombudsman nacional.