MÉXICO, D.F., 23 de febrero (apro).- Organizaciones de derechos humanos y representantes de albergues de indocumentados se pronunciaron en contra de la nueva Ley de Migración, aprobada ayer en lo general en el Senado.
Según los opositores, dicha legislación criminaliza a la inmigración ilegal y aumenta el riesgo de que sean víctimas de agresiones y secuestros.
    En sendos comunicados, los activistas advierten que las “preocupantes cifras” mostradas en el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de 11 mil  333 víctimas en 214 secuestros masivos registrados entre abril y septiembre de 2010, podrían incrementarse si se sostiene la iniciativa, tal como fue presentada.
    Más aún, consideran, si no se regulariza a las empresas de envío de dinero como Western Union, a través de las que familiares de víctimas hacen depósitos a secuestradores.
    Las agrupaciones y las casas de inmigrantes lamentaron que la matanza de 72 indocumentados en Tamaulipas, que fue el punto de arranque para la nueva ley, no haya sido sensibilizado a los senadores para “dar  respuesta a la problemática”.
    Consideraron que  la Ley de Migración aprobada “aumentará la criminalización y, por ende, la clandestinidad de la población inmigrante, sobre todo para aquellas personas que no cuenten con documentación regular”, es decir aquellas para las que México es sólo un paso rumbo a Estados Unidos.
    Entre los puntos que consideran preocupantes, resaltan la ampliación de facultades a la Policía Federal para revisar el estatus migratorio de las personas, sin importar su origen, así como los operativos de agentes de Instituto Nacional de Migración (INM), “constantemente implicados en actos de violencia y corrupción”.
    Sostienen que mientras el Estado mexicano “continué alentando la clandestinidad de las personas inmigrantes, que sólo buscan la oportunidad de darles a sus familias una vida digna”, no podrá “exigir a Estados Unidos un trato digno para las personas mexicanas que se encuentran en ese país”, mucho menos “será capaz de debilitar a los grupos de la delincuencia organizada que lucran con el secuestro de inmigrantes”.
    Exhortaron a eliminar las disposiciones que criminalizan a los “transmigrantes”; que “brinden la posibilidad para que regularicen su estatus en el país y dejen de verse obligadas a transitar por las rutas clandestinas en las que son víctimas fáciles del crimen organizado y autoridades coludidas con éste”.
    Otros firmantes de este comunicado son Belén, Posada del Migrante; Frontera con Justicia; Humanidad sin Fronteras ; Centro de Derechos Humanos del Migrante de Ciudad Juárez; Servicio Jesuita a Migrantes México; Centro de Derechos Humanos del Migrante “Beato Juan Bautista Scalabrini” y Albergue Decanal Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz.
    En otro documento firmado por organizaciones integradas en el Grupo de Trabajo sobre Legislación y Política Migratoria, exhortan a realizar modificaciones para que se logre una ley “congruente con los estándares internacionales de derechos humanos y con una visión no criminalizadora de la migración”.
    Del contenido de la iniciativa critican que no establece mecanismos que garanticen el debido proceso y acceso a la justicia  de los inmigrantes; carece de enfoque de género para identificar a víctimas en el proceso migratorio; no hay claridad en el trato hacia la niñez migrante no acompañada.
    Recomiendan incluir “medidas concretas de reconocimiento público, protección eficaz y promoción de la labor de los albergues, casas de inmigrantes, centros de derechos humanos y defensores independientes de derechos de los inmigrantes, independientemente si están legalmente constituidos”, así como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, en los que debería incluirse la participación de las organizaciones de la sociedad civil o instituciones académicas, para el seguimiento y evaluación de la política migratoria.
    Entre las organizaciones que integran este grupo de trabajo destacan Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas (NALACC); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Fundar, Centro de Análisis e Investigación;  I(DH)EAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Instituto de Estudios de Divulgación sobre Migración (INEDIM); Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI); y la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM).