MEXICO, DF, 24 de febrero (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió investigaciones de oficio en Chihuahua por actos de violencia contra menores y agresiones a la familia de la activista Josefina Reyes Salazar, asesinada en enero del año pasado.
    En dos comunicados, la CNDH exigió a las “autoridades de los tres niveles de gobierno” el esclarecimiento de las agresiones y la detención de los responsables.
    En el caso de los seis jóvenes baleados el miércoles pasado en la colonia División del Norte, en Ciudad Juárez, hechos en los que tres de ellos perdieron la vida, se destaca que el ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva envió a personal de la CNDH para brindar atención médica, psicológica y jurídica a los familiares de las víctimas.
    De esta manera, personal de la oficina regional de la CNDH recaba información sobre los hechos en que seis menores de edad, dos niños y cuatro niñas, de entre 8 y 16 años, fueron atacados con armas de fuego mientras jugaban en el patio trasero de una casa. Tres de los menores fallecieron y el resto está siendo atendido en la Cruz Roja.
    En el comunicado, la CNDH exigió a las autoridades municipales, estatales y federales “que investiguen la agresión con la celeridad que amerita el caso y detengan a los responsables”.
    Al informar que estará al tanto del caso a través del programa Províctima, la CNDH puntualiza que “permanecerá atenta a la evolución de los hechos y, en su oportunidad, emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda”.
    El organismo también abrió en Juárez un expediente de queja “por las violaciones a derechos fundamentales” de la familia Reyes Salazar.
    En el comunicado, la CNDH hace un recuento de las agresiones contra la familia: en 2010 fueron asesinados los hermanos Josefina y Rubén Reyes Salazar; desde el 7 de febrero pasado están desaparecidos otros dos hermanos de esa familia, Elías y Magdalena, así como Luisa Ornelas, esposa del primero.
Asimismo, la casa de Sara Salazar, madre de los activistas, fue quemada mientras se manifestaba con sus hijas Claudia y Marisela frente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la ciudad de Chihuahua.
    El organismo reconoció que “en la actualidad los defensores civiles enfrentan situaciones críticas de violencia, amenazas, secuestro, tortura, detenciones arbitrarias e incluso privación de la vida”.
    En Chihuahua, puntualizó el ombudsman nacional, de 2005 a la fecha se tienen registrados seis asesinatos de defensores civiles, mientras que están abiertos 16 expedientes por agravios a integrantes de organizaciones no gubernamentales.
    A escala nacional, informó, sólo en 2010 se radicaron 48 expedientes de queja por actos cometidos contra defensores, se emitieron dos recomendaciones y se solicitaron 13 medidas cautelares.
    La CNDH, destaca el comunicado, ha dado seguimiento a las denuncias de agresiones a los defensores “y pide a las autoridades de los tres niveles de gobierno una indagatoria eficaz para resolverlos y llevar ante la justicia a los responsables”, y advierte que “los derechos humanos de los defensores civiles sólo serán resguardados con acciones legislativas, políticas y sociales coordinadas”.