OAXACA, Oax., 28 febrero (apro).- Las organizaciones alemanas Initiative Mexiko (Ini-Mex) y la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia manifestaron su “profunda preocupación por la violencia y la impunidad que reinan en México”.

En una misiva enviada al presidente Felipe Calderón, dichas agrupaciones anunciaron que llevarán el tema a la sede del Parlamento Europeo, el próximo 29 de marzo.

En la carta, fechada en Hamburgo, Alemania, exigieron “que las autoridades cumplan con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción de casos de amenazas, hostigamiento y ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos a fin de combatir efectivamente la impunidad y la violencia que priva en contra de ellos”.

Laura Carro-Klingholz y Daniel Tapia, autores del escrito calificaron como “exceso de crueldad la persecución de defensoras de derechos humanos que avanza hasta el exterminio de familias enteras”.

Y lo más grave: (que) “tanto más insistimos en la obligación del Estado de proteger efectivamente a los perseguidos, de investigar a fondo los actos de violencia y las amenazas y de enjuiciar a los culpables” no hay resultados.

La preocupación radica en que “México sufre la mayor ola de violencia en la historia reciente del país. La lucha contra la criminalidad organizada se ha extendido por todo su territorio. Desde el inicio del gobierno del presidente Felipe Calderón, hace ya cuatro años, han sido asesinadas más de 30.000 personas, de las que 15 mil 273 murieron durante el año 2010”, refieren.

Ante esa situación, demandaron al primer mandatario cumplir con los acuerdos internacionales firmados por México para garantizar el libre ejercicio de la actividad de los defensores de derechos humanos.

 También le solicitaron instrumentar medidas precautorias especiales que preserven los derechos fundamentales de los activistas y que aseguren que estén libres de persecución, violencia y hostigamiento relacionados con su actividad.

Sobre todo, cumplir con la recomendación de la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, referente a la protección a defensores de derechos humanos, al reconocimiento a su labor y a la investigación de agresiones en su contra.

Adelantaron que se instalará una mesa de trabajo sobre este tema en el Parlamento Europeo el próximo 29 de marzo donde participarán las eurodiputadas Satu Hassi, Heidi Hautala y Barbara Lochbihler, así como la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México y Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Laura Carro-Klingholz y Daniel Tapia, se refirieron a los recientes crímenes cometidos en Ciudad Juárez, perpetrados contra las defensoras de derechos humanos Marisela Escobedo Ortiz, Susana Chávez y los hermanos Reyes Salazar: Josefina, María Magdalena y Elías, así como de la esposa de éste, Luisa Ornelas Soto.

Respecto a este último caso, recordaron que la lucha de Josefina inició con la desaparición de su hijo quien fue sustraído por militares en 2009, y lejos de ser esclarecido, otros familiares han sido asesinados y sus viviendas incendiadas.

“Es un caso más en que el Estado Mexicano había sido advertido y no tomó las medidas adecuadas para evitarlo”, acusan los activistas en su escrito.

Por eso manifestaron su consternación ante “la terrible situación por la que están pasando estas familias” y se solidarizaron con su lucha por el esclarecimiento de los crímenes.

Urgieron al Estado Mexicano a que cumpla con los tratados internacionales que tiene firmados y ratificados donde se asegura y garantiza el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos.

Asimismo pidieron al Presidente Calderón, tomar todas las medidas precautorias convenientes para, “sin menoscabo de su libertad de expresión”, preservar la integridad física y psicológica de las hermanas Marisela y Claudia Reyes Salazar y de quienes apoyaron su huelga de hambre para pedir a las autoridades –sin éxito-la recuperación con vida de sus familiares desaparecidos.

Exigieron protección para Marilú García Andrade, cuya hermana, Lilia, fue torturada sexualmente y estrangulada en 2001. Desde entonces ha sido blanco de intimidaciones y fuertes agresiones como la ocurrida el pasado 16 de febrero cuando su casa fue incendiada.

Otro caso que atenderán es el de la demanda de  justicia por el asesinato de la defensora mexicana de derechos humanos Beatriz Alberta Cariño y del activista de Finlandia, Jyri Antero Jaakkola, quienes fueron emboscados cuando participaban en una caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca.