Llegan a la ONU los casos de la guardería ABC y Contralínea

jueves, 3 de febrero de 2011

MÉXICO D.F., 3 de febrero (apro).- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) envió al Comité de los Derechos del Niño de la ONU información sobre las afectaciones físicas y emocionales que presentan 60 de niños --31 de ellos murieron—durante el incendio registrado en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 6 de junio de 2009.

Además, el organismo civil hizo llegar al Relator Especial sobre la Libertad de Expresión, información actualizada acerca de los recientes hechos de hostigamiento judicial en contra de periodistas de la revista Contralínea, que dirige Miguel Badillo. Según el Centro Pro, ese tipo de actitudes constituyen un ataque a la libertad de expresión.

Luis Arriaga Valenzuela, director de Prodh, presentó el pasado 2 de febrero, en el Palacio Wilson de Ginebra, un documento en el que detalla las secuelas físicas y emocionales que presentan los menores sobrevivientes del incendio en la guardería sonorense, cuyo caso, por cierto, tiene en prisión a siete personas.

El informe destaca también que se violaron los derechos humanos de los padres y madres asegurados, quienes pensaban que la guardería contaba con las condiciones mínimas de seguridad, ya que corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) satisfacer sus necesidades por estar bajo el esquema de subrogación a particulares.

Además argumenta que, en las mil 480 estancias infantiles que operan bajo el mismo régimen legal, conocido como “vecinal comunitario”, se ha privilegiado el lucro de un servicio que debería satisfacer los derechos de los niños y niñas bajo su custodia.

Las acciones emprendidas por el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio así como la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que evidenció el desorden generalizado que prevalece en las guarderías subrogadas, también forman parte del informe.

En relación con el caso de “hostigamiento judicial” en contra de Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, director y reportera de la revista Contralínea, respectivamente, el centro Prodh envió a Frank La Rue, Relator Especial sobre la libertad de expresión, información actualizada  de los recientes hechos de acoso de los que han sido objeto y le solicitó que exhorte al gobierno mexicano a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión.

Investigaciones publicadas por la revista, involucran a funcionarios públicos con tráfico de influencias y abuso de autoridad en los procesos de contratación de Petróleos Mexicanos, entre ellos al exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

El último dato que tiene registrado el organismo protector de los derechos humanos es la sentencia que emitió una juez, el pasado 3 de enero, contra los periodistas por el “uso abusivo de la libertad de expresión” y porque, según ella, la información relacionada con el uso de recursos del gobierno federal a través de contrataciones “no es de interés público”.

Los periodistas, señala el Prodh siguen siendo víctimas de hostigamiento judicial a pesar de que cuentan con medidas cautelares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

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