En el marco de los estallidos de violencia exacerbada, con toma de calles y suspensión de actividades públicas en ciudades como Zacatecas, Guadalajara y Monterrey, el investigador Lorenzo Córdova Vianello no duda en emitir un severo diagnóstico: el país vive un “estado de excepción de facto” al que el gobierno de Felipe Calderón pretende legalizar a toda costa. Si lo consigue, advierte, los derechos humanos quedarán anulados frente a las “pulsiones autoritarias” del régimen panista.

La presencia de los efectivos del Ejército y de la Marina fuera de sus cuarteles pasó de ser excepcional a cotidiana. Si en un Estado democrático tal medida está prevista de manera temporal, en México la incertidumbre sobre el tiempo en que los militares se quedarán en las calles denota un ejercicio autoritario del poder que tiene en crisis a la democracia constitucional.

Desde esa perspectiva, Lorenzo Córdova Vianello, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asegura que en los últimos cuatro años México ha vivido una “situación excepcional de facto” que se pretende remediar mediante una reforma a la Ley de Seguridad Nacional “para cubrir lo que ya se hizo”.

En el periodo ordinario de sesiones del Congreso, iniciado el martes 1, la Cámara de Diputados prevé además reformar el artículo 29 de la Constitución con el propósito de regular el estado de excepción, ante la eventualidad de que se tengan que suspender las garantías individuales para enfrentar a la delincuencia organizada.

Si la suspensión de garantías se aplicara tal y como está en el ordenamiento, se daría carta abierta para una mayor violación a los derechos humanos sin que el Ejecutivo tenga la obligación legal de rendir cuentas, advierte el especialista en derecho constitucional.

Entrevistado en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde es profesor de teoría constitucional y teoría del Estado, el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores asegura que la intensidad del problema delictivo en México es de tal magnitud que pondría en crisis a cualquier Estado. Pero aquí, dice, se ha pretendido enfrentar la crisis de inseguridad a partir de “pulsiones autoritarias”.

El problema se ha agravado porque el autoritarismo empezó a permear en las leyes y en la sociedad, que está dispuesta a renunciar a sus derechos a cambio de seguridad, incluso a aceptar estados de excepción sin estar regulados y a imponerse a sí misma medidas en la lógica del “sálvese quien pueda”, advierte.

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1788 de la revista Proceso, ya en circulación.