La disputa por las Cascadas de Agua Azul; cinco consignados

domingo, 6 de febrero de 2011

TUXTLA GUTIÉRREZ. Chis., 6 de febrero (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas acusó al gobierno de Chiapas de realizar detenciones arbitarrias y violaciones de derechos humanos de más de 100 indígenas zapatistas detenidos en la zona norte del estado, de los cuales cinco ya fueron consignados como presuntos homicidas de otro no zapatista.

Con relación a los hechos ocurridos en San Sebastian Bachajón, municipio de Chilón, en donde por la disputa del centro ecoturístico Cascadas de Agua Azúl, que dejó un muerto, 17 turistas retenidos y más de 100 detenidos, la PGJE del gobierno de Chiapas y el Frayba se enfrascaron en una serie de acusaciones, los primeros que señalan a los zapatistas como presuntos asesinos y los segundos en defender su derecho a un juicio justo.

La PGJE dijo que luego de la agresión a ejidatarios en Agua Azul, confirmó que de las 116 personas que se dicen de “La Otra Campaña” del EZLN, a quienes se les aplicó la prueba de rodizonato de sodio, practicada por peritos especializados en Química Forense, cinco de ellos dieron positivo de haber disparado armas de fuego y que otros cinco sujetos fueron plenamente identificados como parte del grupo agresor que el día de los hechos portaba machetes, palos, piedras y armas de fuego.

La Procuraduría de Chiapas inició la averiguación previa por los delitos de Homicidio Calificado, Tentativa de Homicidio, Privación Ilegal de la Libertad, Ataques a las Vías de Comunicación y Daños. Destaca que peritos en criminalística y forense hallaron en el lugar de la agresión diversos casquillos percutidos calibre 22 y .223 o R15 (utilizado para armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea), así como 10 cartuchos útiles calibre 22.

Los detenidos responden a los nombres de: Mariano Demeza Silvano, Juan Aguilar Guzmán, Domingo Pérez Álvaro, Pedro García Álvaro, Gerónimo Guzmán Méndez, Miguel López Deara, Pedro López Gómez, Domingo García Gómez, Miguel Álvaro Deara y Pedro Hernández López.

Señaló la PGJE que en las próximas horas determinará su situación legal conforme a Derecho, al tiempo en que refrenda su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones.

Por su parte, el Frayba dijo hoy que los 117 ejidatarios indígenas tseltales, adherentes a La Otra Campaña del EZLN, fueron detenidos de forma arbitraria, que se cometió graves violaciones al debido proceso y acceso a la justicia a presos indígenas; rechazó que hayan habido extranjeros retenidos y que nunca hubo bloqueo carretero y que si bien ya liberaron a 107 personas, se mantienen detenidos a 10 ejidatarios.

Recordó el Frayba que ell pasado 3 de febrero fueron detenidos de manera arbitraria 117 ejidatarios de San Sebastian Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas; las personas detenidas, adherentes a La Otra Campaña, señalaron que entre las múltiples irregularidades en el proceso legal no contaron con abogado defensor ni traductor de oficio, además fueron amenazados por policías estatales y hostigados por autoridades locales encargadas de la procuración de justicia.

Según testimonios documentados por el Frayba, la detención de las 117 personas ocurrió el pasado jueves 3 de febrero, aproximadamente a las 11:30 a.m, cuando el grupo de ejidatarios se encontraba reunido sobre la carretera, a la altura de la entrada a las Cascadas de Agua Azul, tomando acuerdos sobre la respuesta que darían al gobierno estatal sobre el ofrecimiento de diálogo y negociación que los operadores políticos de la zona les habían ofrecido.

“Entonces se acercaron aproximadamente 300 elementos de la policía estatal, lanzaron un gas lacrimógeno que cayó en una de las ollas de frijol que estábamos cociendo y después un Comandante (de la misma Policía) se acercó para pedir la respuesta a la negociación; como ya lo habíamos hablado anteriormente se decidió no aceptar entrar en ese diálogo que el gobierno (estatal) había propuesto”, dijo uno de los indígenas entrevistados por el Frayba.

Explicó que la negativa de los ejidatarios al diálogo, “fue motivado debido a que anteriormente ya habían denunciado públicamente los planes del gobierno estatal de crear un escenario de confrontación entre los pobladores de la región para que el gobierno interviniera reprimiendo y terminara administrando el conflicto tomando control definitivo de la zona el cual tiene un interés territorial estratégico para inversión turística y de despojo hacia los pueblos que habitan en este lugar”.

“Ccuando el Comandante tuvo nuestra respuesta se alejó, hizo una llamada por teléfono y cuando terminó de hablar dio la orden para que comenzaran a detenernos; nadie de nosotros estaba bloqueando, no teníamos ningún arma, los turistas que dicen nunca los vimos, pensamos que estaban en las Cascadas de Agua Azul; estábamos reunidos tomando acuerdos de no caer en provocaciones ni enfrentamientos cuando nos empezaron a detener a todos”, apunta otro de los testimonios del Frayba. Indicó que las personas que fueron detenidas refieren que, incluso, los Policías Estatales se metieron a distintas casas para perseguir y detener a los que intentaban refugiarse con vecinos del lugar.

“En las casas revisaron las cosas que habían (cajas y pertenencias de los pobladores), nos gritaban que quiénes eran los líderes y que nos subiéramos (a los camiones de la Policía) a las buenas o a las malas, hasta dijeron que íbamos a ser quemados”; Quienes vieron la detención masiva refieren que mientras los subían al camión estaban presentes las autoridades oficiales, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señalando a las autoridades ejidales, adherentes a La Otra Campaña”, dice la misiva del Frayba.

Y que durante los interrogatorios y el desahogo de pruebas, realizados en Palenque, los testimonios refieren lo siguiente: “al bajarnos del camión nos tomaron fotos a todos, hubo revisión de mochilas y revisión corporal, no hubo abogado o Ministerio Público presentes, no había traductor, nos tuvieron en un lugar chico donde dormimos parados mientras los mismos policías daban ordenes de sentarse y pararse siempre burlándose”.

Ahí mismo, refieren, les hicieron la prueba de rodizonato de sodio y fueron obligados a dar muestras de orina para exámenes toxicológicos. A las dos de la tarde del 4 de febrero, según los testimonios, comenzaron a llamar de cinco en cinco a las personas detenidas y llevadas ante el Ministerio Público encargado; establecen que en ningún momento fueron asistidos por abogado defensor, ni auxiliados por traductores de lengua indígena, por el contrario fueron amenazados de “meternos una bolsa con agua en la cabeza y sacarnos los testículos”.

Fue apróximadamente a las dos de la mañana del día 5 de febrero, que la PGJE liberó a 107 ejidatarios; sin embargo a las 20:00 horas, del mismo día, fueron consignados 10 personas, entre ellos un menor de edad, al Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 17 del Municipio de Playas de Catazajá.

Mencionó el Frayba que por la información documentada se confirma las violaciones al debido proceso que todas las personas detenidas sufrieron, consistentes en no contar con abogado o representante legal, no tuvieron traductor, entre otras violaciones: “Es clara la acción represiva del gobierno del estado de Chiapas el cual actúa junto con las autoridades oficiales (priistas) para señalar y detener de manera arbitraria a los ejidatarios adherentes de La Otra Campaña, acción en la que se han provocado hechos de violencia por el interés del territorio en la región”.

El Frayba condenó las acciones del gobierno estatal al perseguir y criminalizar a los ejidatarios, adherentes de La Otra Campaña, toda vez que fueron estos últimos quienes fueron agredidos y despojados de la caseta de cobro por un grupo numeroso de ejidatarios, militantes del PRI, que de manera violenta tomaron el pasado 2 de febrero la caseta de cobro que hoy en día esta bajo control de la Policía Estatal.


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