MÉXICO, D.F., 7 de febrero (Proceso).- Luego de que el Icomos Mexicano presentó el martes 1 ante la UNESCO la denuncia por el “grave daño” al Palacio de Bellas Artes, y una vez que una misión reactiva del organismo internacional corrobore in situ las afectaciones al monumento, se presentará una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por violaciones a la Ley del Patrimonio y desvío de recursos.

Lo informa así el exdiputado José Alfonso Suárez del Real, miembro de un grupo de la sociedad civil que ha respaldado al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) Mexicano, en el proceso de llevar el caso del Palacio de Bellas Artes (PBA) ante el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, presidido por Francesco Bandarin, con sede en París.

Nuria Sanz, encargada de la oficina para América Latina y el Caribe de dicho centro, acusó recibo del expediente, informó la presidenta de Icomos, Olga Orive.

Suárez del Real fue secretario y luego presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados que aprobó el presupuesto para la “rehabilitación” de la Sala Principal del PBA. Puntualiza a Proceso que se autorizaron 300 millones de pesos para la “rehabilitación integral y restauración” de la sala, dentro de los ejercicios presupuestales 2008 y 2009. La actual comisión, presidida por Kenia López Rabadán, autorizó la ampliación de más de 400 millones de pesos para 2010.

Enfatiza que la anterior legislatura aprobó una “rehabilitación... quiere decir volver a habilitar”, y una restauración para “recuperar el resplandor original”. Pero el producto entregado es una “remodelación”, por lo cual encuentra “elementos susceptibles del análisis de los órganos de control”, pues los recursos destinados a un fin se utilizaron para uno distinto “y eso es desviación” y la ley lo sanciona. Por ello copia del mismo expediente y oficio dirigidos a Bandarin fueron remitidos a Arturo Chávez Chávez, procurador general de la República, donde se hará la denuncia penal. Se hará lo propio ante la Auditoría Superior de la Federación.

Relata Suárez que la siguiente fase del proyecto original para el PBA –para el cual debió aprobar el presupuesto la actual Comisión de Cultura– contemplaba la creación de un centro cultural, al cual se llamaría La Mariscala. Ahí se alojaría la mecánica teatral que Adamo Boari colocó en la Sala Principal desde 1904.

En este sentido reconoce que la comisión pasada autorizó los recursos para el cambio de maquinaria, pues el proyecto estaba respaldado con un estudio de la UNAM, aunque en él se ofreció la opción de conservarla. Icomos dice a su vez que la mecánica debió mantenerse “conforme a los principios de restauración de la Carta de Venecia”. Cita que el teatro Margrave, de Bayreuth, conserva su maquinaria desde el siglo XVIII.

Insiste el exdiputado en que el proyecto aprobado nunca mencionó la creación de una concha acústica ni la colocación de micrófonos y bocinas, sino que fue a partir de 2009 cuando se decidió prescindir de La Mariscala, y comenzaron a aparecer modificaciones al proyecto. 

Cuando el martes pasado se anunció en las oficinas de Icomos México la entrega de la denuncia ante UNESCO, hubo voces que consideraron como el gran problema la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos promulgada en 1972 por “laxa y obsoleta”.

Otros integrantes del grupo dejaron en claro que si bien toda legislación es perfectible, el problema fue la violación de la ley, y los responsables “tienen nombre y apellido”, y fue el propio INBA responsable de la protección del patrimonio artístico monumental del siglo XX y XXI.

El decreto presidencial mediante el cual se declaró monumento nacional al PBA el 4 de mayo de 1987, indica el INBA, dará cumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal... y su Reglamento “en lo que resulten aplicables al Palacio de Bellas Artes en su calidad de monumento artístico”. Y advierte que “la contravención o simple inobservancia de las disposiciones... será sancionada en los términos previstos en las leyes”.

El Icomos indica que el artículo sexto de la Ley sobre Monumentos señala la facultad de los propietarios de bienes inmuebles declarados monumento para conservarlos y restaurarlos, en su interior y exterior, pero no la tienen para “remodelarlos”, precisa Olga Orive, presidenta del organismo.

Es fácil concluir –se lee en el dictamen– “que la intervención... resulta violatoria de la Ley Federal de Monumentos y de la declaratoria de este inmueble como monumento artístico...”.

Se destaca asimismo que se incumplió con la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, suscrita por México.

Sin vuelta de hoja

El arquitecto Víctor Jiménez afirma que el aspecto legal del dictamen está muy claro y “no deja lugar a la interpretación”. Así que perfectible, incompleta, defectuosa o no, la ley vigente –si se hubiera aplicado– “hubiese protegido Bellas Artes”:

“No fueron sus insuficiencias, fue la absoluta ignorancia. Desde el punto de vista legal ningún ciudadano y menos las autoridades de Bellas Artes pueden alegar: ‘Yo desconocía la ley, por eso no la apliqué’. Eso jamás es un argumento válido... Una de las grandes fortalezas de este dictamen, lo mencioné al principio, es todo el instrumental legal que muestra que se trató de una intervención contra la ley.”

–Se habló de interponer una denuncia legal contra quien resulte responsable. ¿No hay funcionarios responsables? ¿Alguien que firmara documentos?

–O si no firmaron y dejaron en otras manos, dejaron hacer, lo cual también identifica la ley como una actitud que puede ser perseguida... Pueden haber dejado la responsabilidad difusa y no sea tan fácil, etcétera, no soy abogado, pero tienen un nombramiento y ese nombramiento los hace responsables de lo que ocurrió en su esfera de competencia, no hay manera de decir: “Yo no me enteré”.

De otra parte, expresa su desacuerdo con lo dicho “con palabras similares” por la arquitecta Louise Noelle y el historiador Xavier Guzmán, en el sentido de no llevar el asunto al nivel internacional. Lo interpreta como un temor de exhibir cómo hay acuerdos entre instituciones para “torcer la ley”. No comprende que Noelle defendiera el edificio de Vladimir Kaspé, conocido como Superservicio Lomas, en el caso de la llamada Torre Bicentenario, y le pasara “de noche” el Palacio de Bellas Artes que “es bastante más importante”.

Luego comenta que así como el INBA autorizó al Gobierno de la Ciudad de México el elevador en el Monumento a la Revolución, el gobierno capitalino “quizá haya rebajado” todo lo posible el dictamen del aspecto de la seguridad civil en el PBA para no dañar tanto la imagen de las autoridades, pero sigue siendo “una sala peligrosa”. Da testimonio de su asistencia el 5 de diciembre a un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional, donde la misma acomodadora impedía la salida por el lado izquierdo de su fila J1 advirtiendo: “Es que es peligroso”.

“¿Es lógico?”, pregunta, y responde que sencillamente no es función de las acomodadoras proteger la vida del público; pero además, que antes de la remodelación eran necesarias estas advertencias. Tiempo después, concluye, removieron a Rodrigo Pumarejo de su cargo de gerente del Palacio de Bellas Artes.  la