MÉXICO, D.F., 1 marzo (apro).- La iniciativa presidencial que faculta a la Sedena a utilizar a todo el personal de la dependencia en el combate contra el narcotráfico dio el primer paso hacia su aprobación

La Comisión de Defensa del Senado aprobó este martes, a puerta cerrada, el dictamen de la iniciativa remitida a Xicoténcatl el 18 de noviembre del año pasado, por la que se permite aplicar esa medida cuando la dependencia así lo requiera.

En la reunión de comisiones, a la que no asistieron senadores del PRD, priistas y panistas votaron a favor para que la Sedena reclasifique al personal de servicio (administrativos y profesionistas que existen en el Ejército) y cambiar a “un servicio de arma”.

Con ello, ingenieros, médicos, secretarias y demás personal administrativo podrá ser requerido para incorporarse a las tareas activas del Ejército y la Fuerza Aérea en la lucha contra el crimen organizado.

En su edición 1787, del pasado 30 de enero, la revista Proceso publicó una entrevista con el exsubprocurador general de la República, Federico Ponce Rojas, en la que evalúa la situación en que se encuentran las tropas después de cuatro años de participación directa en la “guerra” contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón al iniciar su gobierno.

 De acuerdo con Ponce Rojas, el Congreso es el que tiene que enmendar la propuesta de reforma al gobierno federal, que deja sin resolver los alcances de la jurisdicción castrense cuando los soldados actúan fuera de sus cuarteles.

“Sacaste al Ejército para contener un problema, pero no le diste ni desarrollaste paralelamente el instrumento jurídico que le permita” cumplir con esa tarea y ahora hay una realidad de violaciones a los derechos humanos, para la que se propone una “reforma limitada”, señala el académico.

Defensor del fuero de guerra, pero acotado a actos de la disciplina militar, Ponce advierte: “De que va a haber (demandas contra militares por violaciones a los derechos humanos) las va a haber, y de que los acusados tendrán que responder, deberán hacerlo”.

Al referirse a la reforma al Código de Justicia Militar promovida por Calderón –que limita a tres los casos en que la justicia civil pueda conocer de delitos cometidos por militares y contra la población civil: tortura, violación y desaparición forzada–, Ponce Rojas dice:

“Hago votos para que la reforma no se apruebe como está. Nada tiene que ver con la responsabilidad. Ésta va a subsistir transexenalmente por el tiempo que las normas establezcan respecto a la prescripción o no de los delitos”.

El subprocurador de Averiguaciones Previas cuando Ignacio Morales Lechuga estuvo al frente de la PGR favorece la concurrencia de los fueros civil y militar, con definiciones claras de conductas, obligaciones y derechos de los actores. Se necesita, dice, una reforma que responda a las necesidades actuales y que no limite la jurisdicción militar, que dé certidumbre, transparencia y claridad a las acciones de la justicia civil contra los militares.

Pero lo que se propone, señala, “es una reforma limitativa y confusa”, pues deja fuera violaciones que son del fuero civil, como el homicidio, el robo o el daño a propiedad ajena.

Y agrega que no sólo la sociedad quiere que los militares regresen a los cuarteles. “Ellos (los militares) lo quieren más que nosotros. Han dicho que quieren regresar, terminar con esta lucha”.

El Ejército, añade, “ha sido una contención de todos los riesgos y penurias que hemos vivido, pero no les dieron los instrumentos jurídicos” para esa contención.

E insiste que la solución “está en manos de los propios legisladores”. Ellos mismos pueden proponer una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar, más allá de lo propuesto por el gobierno federal.