MÉXICO, D. F., 10 de marzo (apro).- Pese a que impulsa los contratos de prueba y liga el escalafón con la productividad, además de privilegiar la creación de sindicatos favorables al sector patronal, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, celebró la propuesta de reforma laboral presentada el miércoles por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados.
    La reforma no tiene el aval de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) ni del Congreso del Trabajo (CT), ambos organismos sindicales encabezados por el priista Joaquín Gamboa Pascoe, quien el pasado 8 de marzo la calificó como “regresiva y nefasta” ante el coordinador de los diputados federales priistas, Francisco Rojas, quien  la presentara al sector obrero en la sede de la CTM.
    Contrario a estos organismos corporativos, Lozano Alarcón manifestó “su beneplácito” por la iniciativa presentada por los diputados Tereso Medina Ramírez, Francisco Rojas Gutiérrez, José Ramón Martel López, Isaías González Cuevas y otros 234 legisladores priistas “como parte de los esfuerzos que se han venido impulsando para actualizar la Ley Federal del Trabajo, que data de 1970”.
    El funcionario comparó esta propuesta con la presentada el 18 de marzo del año pasado por los panistas que, según dijo, “respeta los derechos laborales consagrados en el artículo 123 constitucional, considera la necesidad de generar el mayor número de empleos formales y productivos que demanda la economía nacional y, además, toma en cuenta las características del mercado laboral del país”.
     En la propuesta de reforma laboral priista queda de manifiesto su apoyo al sector patronal,  al darles más ventajas para instaurar contratos de prueba, ligar el escalafón con la productividad, notificar despidos a las Juntas federales y locales de Conciliación y Arbitraje y avalar la creación de sindicatos, pero de protección patronal.
    En el artículo 357 establece que "las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar el derecho (a constituir sindicatos) o a entorpecer su ejercicio legal", pero también condiciona la creación de sindicatos al cumplimiento de requisitos que apuntan más hacia sindicatos de protección y corporativos.
    Así, condiciona a los sindicatos a rendir informes semestrales de acuerdo con sus estatutos, porque no permitirán que el gobierno pretenda fiscalizarlos vulnerando su autonomía y su organización interna.
    Por el contrario, al igual que la reforma federal panista, merma las condiciones para estallar una huelga, la cual condiciona a que los patrones entreguen a las juntas de conciliación las cédulas de liquidación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, altas y bajas de los trabajadores, las nóminas y la lista de sindicalizados, incluyendo su registro federal de contribuyente y registro ante el Seguro Social,  a fin de integrar el padrón de votación del sindicato en caso de emplazamiento a huelga.
    Previamente identificados en ese padrón, quienes voten lo harán, dice, de manera libre, directa y secreta y la junta “tomará las medidas necesarias para garantizarlo así (y) en caso de que se susciten actos de presión en contra de los trabajadores para influir o violentar su decisión o cuando se les impida acudir a la votación, se solicitará el auxilio de la fuerza pública".
    El endurecimiento de las condiciones laborales de las que se ufana el PRI en su proyecto de reforma incluye “que los contratos sean por escrito, que los periodos de prueba y de capacitación inicial sean improrrogables, y no puedan repetirse en relación con la misma persona”. Además, si el patrón estima que al término de su contrato el trabajador no fue competente, dará por concluida la relación laboral sin ninguna responsabilidad de su parte.
    Es decir, que la reforma incluye la regulación del esquema outsourcing, la cual refiere que un trabajador será contratado por una empresa distinta a donde laborará, evitando así las prestaciones laborales previstas en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Este tipo de contratación permite la temporalidad y la contratación colectiva de tipo patronal.
La iniciativa, de 58 páginas, excluyó la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, después de una negociación con el sector empresarial. Descarta también la propuesta panista de contratar personal por hora.