TUXTLA GUIÉRREZ, Chis., 14 de marzo (apro).- El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) exigió al gobierno mexicano detener los proyectos hidroeléctricos que se llevan a cabo en diversas partes del país porque, en su opinión, poco o ningún desarrollo le han traído a pueblos enteros.  
En el marco del “Día Mundial de Acción Contra las Represas, por los Ríos, el Agua y la Vida”, más de 500 representantes del MAPDER, que agrupa  a una decena de organizaciones no gubernamentales,  manifestaron su rechazo conjunto a la construcción de la presa Itzanum, tras el VIII encuentro que sostuvieron en el municipio de Huitiupan.
Gustavo Castro Soto, de la organización Otros Mundos, dijo que las represas han ocasionado el desplazamiento de millones de personas en el mundo.
Además, prosiguió, ha producido el 5% de los gases invernadero que inciden en la crisis climática y, pese a que han demostrado ser social y ambientalmente insostenibles, siguen amenazando con destruir los ríos.
    “En Chiapas la realidad habla por sí sola. Existen nuevos proyectos de represas que iniciarían pronto”, sin que se haya consultado a la población ni buscado alternativas de energía sustentable; además, muchas de las comunidades no gozan de ese servicio, pese a que generan casi la mitad de la electricidad de origen hidroeléctrico de todo el país.
Castro Soto criticó que el costo de la electricidad para la comunidad rural sea más alto, mientras que para la gran industria ha disminuido hasta casi regalar el servicio.
Ante esa situación, los activistas exigieron la cancelación definitiva de los proyectos hidroeléctricos  Itzantún y Chinín, Chiapas, que propone la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y anunciaron que se declaran en resistencia civil hasta conseguir sus objetivos.
    Al leer la declaración conjunta firmada por los 500 miembros que participaron en el octavo encuentro, rechazaron también la construcción de la presa de Tenosique (Boca del Cerro) en Tabasco “y todas las que el gobierno pretende construir sobre el Río Usumacinta”.
Entre ellas, el proyecto de “Presa Las Cruces”, en Nayarit; la construcción de la presa “La Yesca”; la indemnización justa a quienes han sido afectados en Hostotipaquillo, Paso de la Yesca y Mesa de Flores en Jalisco, así como el resarcimiento pleno de los daños a los afectados por las presas “Arcediano”, en Jalisco, “El Cajón”, en Nayarit, “Cerro de Oro”, en Oaxaca, y “Picachos”, en Sinaloa.
    Además, denunciaron que  pobladores de los municipios de El Salto y Juanacatlán, en Jalisco, han visto afectada su salud por la contaminación del Río Santiago, sin que el gobierno haya tomado cartas en el asunto.
    Los activistas señalaron que su lucha contra las presas ocasionó el incremento de la militarización en sus territorios, por lo que también exigieron que cesen las amenazas, las agresiones y la criminalización de que son objeto comunidades, activistas y organizaciones.
    Por otra parte, Miles de indígenas de la costa de Oaxaca y Guerrero, respaldados por el magisterio y la diócesis de Puerto Escondido, realizaron una marcha por las calles de Pinotepa Nacional para exigir la cancelación del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina.
Los inconformes explicaron que la cuenca del río Verde o Atoyac es la segunda más extensa de Oaxaca, ya que ocupa 20% de la superficie estatal y, con el proyecto de la presa Paso de la Reina, se atenta contra los pueblos originarios, su territorio, cultura, recursos naturales y prácticas de subsistencia.
En el marco del Día Mundial de Acción contra las Represas, el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (Copudever) advirtió que las comunidades y humedales costeros ubicados al final de la cuenca también se encuentran en riesgo de inundaciones provocadas por la eventual apertura de las compuertas de la presa, algo que ya ha ocurrido en otros estados del país.
La movilización, que concentró a unas 6 mil personas, inició a las diez de la mañana en las dos principales avenidas de Pinotepa Nacional y culminó en el zócalo de esa localidad, donde también participaron representantes de comunidades de Jamiltepec, Pochutla y Putla, además de las parroquias de Puerto Escondido y maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En su intervención, el dirigente del Copudever, Con mantas y pancartas en defensa del río Verde, Cenobio Chávez, exigió al gobierno federal y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la cancelación del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina.
En tanto la representante de la diócesis de Puerto Escondido, Cristina Solís, acusó que “la proliferación de proyectos hidroeléctricos no responde a una verdadera demanda energética en el país, más bien responde a una política neoliberal depredadora de crear infraestructura y apropiarse de los recursos de los pueblos; es la disputa de los grupos de poder a nivel global”.
Es por eso que “la defensa de la tierra se considera un asunto de soberanía nacional, pues las presas no responden a intereses nacionales, sino más bien el beneficio de otros países”.
El secretario de Alianzas de la sección 22, Lorenzo Herrera, refrendó su compromiso con los pueblos asentados a las orillas del río Verde y se comprometió en la defensa de los recursos naturales de Oaxaca.
Finalmente, denunció que en la región se pretenden imponer proyectos hidroeléctricos, mineros y eólicos, entre otros, por encima de los intereses de los pueblos, sin embargo, “no lo vamos a permitir”.
En este escenario, en más de 50 países se llevan a cabo acciones de resistencia contra la construcción de represas, ya que se considera que estos proyectos afectan el medio ambiente y tienen un impacto directo en el calentamiento global.