MÉXICO, D.F., 15 de marzo (apro).- El gobierno de Estados Unidos mantuvo siempre la sospecha de que el crimen de Josefina Reyes, la activista civil y ex política local, asesinada por presuntos sicarios del cártel de Sinaloa en enero de 2010, tenía que ver más con sus presuntos vínculos con el crimen organizado que con su trabajo con organizaciones.
Según información publicada por el diario La Jornada, con base en los cables de WikiLeaks (10MEXICO294), Reyes era madre del presunto sicario y traficante del cártel de Juárez, Miguel Ángel El Sapo Reyes Salazar”.
    En dicho cable, con fecha del 28 de enero de 2010, John Feeley, funcionario del consulado de México en Ciudad Juárez, Chihuahua, afirma que si bien “las amenazas contra los defensores de los derechos humanos son reales, y al parecer, están en aumento en México”, sostiene que el de Josefina Reyes no cabe en esos casos, porque “Reyes fue la madre del presunto sicario y traficante del cártel de Juárez Miguel Ángel El Sapo Reyes Salazar”.
Según Feeley, en Ciudad Juárez se sabía de esa conexión con la delincuencia organizada pero la prensa nacional presentó el de Josefina Reyes como el asesinato de una defensora de los derechos humanos.
Además, refería que organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos presionan al gobierno de México para que actúe sobre el asesinato de Reyes.
Fue el mismo Feeley quien informó de la visita que le hicieron los 23 familiares de Reyes Salazar que salieron de Ciudad Juárez hacia el Distrito Federal para pedir asilo político a Estados Unidos.
En entrevista con CNN, el pasado 5 de marzo, el diplomático estadunidense confirmó que había sido visitado por la familia, pero negó que estuviera en trámite la solicitud de asilo político, porque los familiares de Reyes no cumplían con los requisitos.
Sólo les explicó  que debían solicitar el asilo por conducto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados o en un puesto fronterizo.
    Desde entonces, la representación diplomática estadunidense ha estado en contacto con las autoridades mexicanas para atender el caso, según un despacho de Notimex.
En el cable, Feeley refiere que Josefina Reyes se opuso a la presencia del Ejército Mexicano en Ciudad Juárez después de que éste detuvo y luego puso en libertad a su hijo, Miguel Ángel Reyes Salazar, en 2008. Aquella ocasión Josefina Reyes dijo que la detención de su hijo había sido un secuestro.
En septiembre de 2009 Miguel Ángel fue detenido nuevamente y acusado de ser miembro de un grupo encabezado por “José Rodolfo Rikin Escajeda, operador del cártel de Juárez”, quien fue extraditado en diciembre de 2010.
A Escajeda se le vincula, según el cable, con los asesinatos de Benjamín Le Baron y Luis Widmar, líderes de la comunidad mormona y ciudadanos estadunidenses.
De acuerdo con el seguimiento de la embajada estadunidense, basado en información de prensa y reportes del consulado en la ciudad fronteriza, Josefina Reyes, activista civil y ex política local, fue asesinada por presuntos sicarios del cártel de Sinaloa.
El cable sugiere que Reyes ganó reconocimiento deseado y no deseado por su activismo, que incluyó una huelga de hambre en 2008, cuando su hijo fue levantado.
Señala también que dirigió varias marchas y protestas en Ciudad Juárez y participó en el Foro contra la Militarización y la Represión organizado por el Frente Nacional Contra la Represión e hizo alianzas con numerosas organizaciones no gubernamentales locales e internacionales (...)
Josefina Reyes –sostiene el cable-- comenzó a recibir amenazas de muerte en 2008 y ese mismo año los militares entraron dos veces a su casa, rompieron ventanas y puertas y le robaron sus pertenencias. También da cuenta también de las protestas de diversos grupos tras el asesinato y de las críticas al gobierno mexicano “por su incapacidad” para proteger a los activistas de derechos humanos.
Pese a que el cable relaciona a la familia Reyes con la delincuencia organizada, Amnistía Internacional califica los asesinatos de la familia como una agresión contra los defensores de los derechos humanos y pidió al gobierno de México proporcionar protección inmediata y efectiva a los activistas y defensores de derechos humanos en Ciudad Juárez.