Ordena EU detener operativos que impliquen cruce de armas a México

martes, 15 de marzo de 2011

MÉXICO, D.F., 15 de marzo (apro).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó detener las maniobras que incluyan el cruce de armas de fuego a México, aún a costa de poner en riesgo alguna investigación que realice en territorio mexicano.
    Luego de que el operativo Rápido y Furioso en EU –que presumiblemente permitió el ingreso deliberado a México de casi 2 mil armas– puso en un momento delicado la relación entre ambos países, la dependencia estadunidense pidió "no diseñar o conducir las operaciones encubiertas que incluyen armas que cruzan la frontera”.
    El mensaje, dirigido la semana pasada a los fiscales de los estados fronterizos con México, y dado a conocer este martes por la cadena CBS News, señala:
“Si tenemos conocimiento de que las armas están a punto de cruzar la frontera, debemos tomar medidas inmediatas para detener las armas de fuego desde el cruce de la frontera, incluso si termina antes de tiempo o de otro modo pone en peligro una investigación".
    No obstante, agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) en Phoenix, Arizona, que se opusieron con vehemencia a la estrategia gunwalking o Rápido y furioso, dijeron a CBS que en los últimos años se les ordenó hacer exactamente lo contrario: “Dejar que miles de armas de fuego pasen a través de la frontera en manos de los cárteles mexicanos de la droga en un intento por ganar la inteligencia en el futuro”.
Según los agentes, la operación no tenía precedentes y era extremadamente peligrosa, pero fueron rechazados y algunos de ellos trasladados o incluso separados de sus funciones a causa de sus objeciones.
John Dodson, entonces agente especial de la ATF, aseguró en días pasados que fue testigo "casi a diario durante meses" de la instrumentación de la operación Rápido y Furioso. “Se me ordenó dejar las armas en México”, sostuvo.
    Sobre el mismo tema, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Julián Ventura, afirmó este martes que el gobierno de Felipe Calderón no conoció, avaló ni participó en el operativo Rápido y Furioso, que provocó la molestia unánime de legisladores mexicanos.
    Durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el funcionario dijo que aquel “fue un acto ilegal que no podría avalarse, y el gobierno de México aguarda a conocer las conclusiones de la investigación en Estados Unidos para actuar con la mayor cotundencia”.
Asimismo, insistió que no se modificará la política que impide a agentes de gobiernos extranjeros portar armas en territorio mexicano, como lo solicitó el presidente de EU, Barack Obama.

Niegan libertad bajo fianza a contrabandistas de armas

Un juez federal estadunidense negó hoy la libertad bajo fianza a los tres funcionarios públicos de Columbus, Nuevo México, que la semana pasada fueron detenidos bajo cargos de contrabandear armas hacia México.
Durante una audiencia en Las Cruces, Nuevo México, el juez federal William Lynch dispuso que el alcalde de Columbus, Eddie Espinoza, así como el jefe de Policía, Ángelo Vega, y el regidor José Blas Gutiérrez, permanezcan en la cárcel mientras se inicia su juicio.
De acuerdo con Lynch, los funcionarios públicos de Columbus constituían un peligro para la comunidad y un riesgo de fuga, por lo que les negó el derecho de libertad y no aceptó que fueran liberados incluso bajo supervisión.
El juez también negó la libertad bajo fianza a cinco sospechosos más, de entre 10 detenidos el pasado jueves, acusados de participar en una red fronteriza de tráfico de armas.
En la audiencia de este martes, los 10 acusados –entre ellos Gabriella Gutiérrez, esposa del regidor Blas Gutiérrez, quien logro salir en libertad bajo supervisión, luego de cubrir una fianza de 10 mil dólares– se declararon inocentes de los cargos en su contra.
El pasado jueves 10, la Oficina del procurador federal en Nuevo México presentó 84 cargos en contra de los sospechosos por conspiración, compra ilegal y contrabando de armas.
La acusación sostiene que entre enero de 2010 y marzo de 2011, los imputados participaron en una conspiración para adquirir armas para su exportación ilegal a México.
Y precisa que a lo largo de esos 14 meses, los acusados habrían comprado unas 200 armas de fuego en varias armerías del sur de Nuevo México, incluyendo la tienda Chaparral Guns, ubicada en la comunidad de Chaparral, Nuevo México.

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