MÉXICO, DF, 17 de marzo (apro).- Ante las “presiones” de parte de integrantes del Sistema de Administración Tributaria (SAT), la comisión especial que investiga el funcionamiento de las 49 aduanas en el país suspendió una rueda de prensa en donde daría a conocer las irregularidades encontradas.
    El miércoles, la comisión especial que encabeza el perredista Héctor Hugo Hernández Rodríguez citó a conferencia, y en ella se hablaría del tema de las armas decomisadas en las aduanas y de cómo se ha permitido el ingreso de manera ilegal debido a la “porosidad” de las garitas.
    El encuentro se convocó para el mediodía, sin embargo, la conferencia se fue posponiendo debido a que integrantes del SAT llegaron a San Lázaro para hablar con el presidente de la comisión y evitar la exposición de esta dependencia, y que por cierto tiene a su cargo la operación de las aduanas. No se especifico quiénes acudieron del SAT.
    A los medios se les dijo que la conferencia se posponía para la próxima semana y que, debido a un “problema personal”, no se daría la rueda de prensa programada para este jueves 17.
    A las cuatro de la tarde, una vez que los enviados del SAT se habían retirado, la oficina de la comisión especial distribuyó un comunicado en donde se adelantaba que el presidente de la misma propondrá, “como un asunto de seguridad nacional”, que la “operación” de aduanas pase a la Secretaría de Gobernación, en tanto que el aspecto de “recaudación” continúe bajo la tutela del SAT.
    Además, se propondrá que se “solicite a las autoridades competentes que abran una investigación en contra del anterior administrador de la aduana, Juan José Bravo Moisés” por el grave daño ocasionado al país “y por respeto a los familiares de los más de 35 mil muertos de la fallida guerra contra la delincuencia”.
    Esto último debido a que en su recorrido por 18 aduanas, de las 49 existentes en el país, la comisión pudo constatar que el sistema aduanero tan sólo detecta 2% de las armas que ingresan ilegalmente al país y que, según datos de la propia Procuraduría General de la República (PGR), suman las 35 mil armas ilegales de diversos calibres que hay en el país.
    En el comunicado, la comisión especial detalla que, debido a la “guerra” de Felipe Calderón en contra del narcotráfico, se tiene la percepción de que existe una afectación al turismo, empleo y el desarrollo económico.
    Y ofrece datos: “La caída de hasta 95% en el turismo en algunas ciudades fronterizas; la pérdida de alrededor de 280 mil empleos; la disminución en los ingresos de comerciantes y prestadores de servicios que, en algunos casos, rebasa 80%, y la cada vez más cuantiosa fuga de divisas, capital humano y de inversión a Estados Unidos”.
    Sostiene que en las aduanas existe “una vulnerabilidad y corrupción” que se ha generado un “comentario generalizado” sobre ellas, y el gobierno federal pareciera “tuviera concesionada la operación de aquéllas a algunos empresarios y a la delincuencia organizada”.
    Para evitar lo anterior, la comisión propone que los administradores “sean rotados” para que no se “perpetúen en sus cargos”, como actualmente ocurre, y que éstos “sean nombrados a partir de concursos de oposición”.
    En el boletín también se sostiene que las aduanas forman parte de la seguridad nacional del país, pero que tanto el SAT como el sistema de adunas no cuentan con los equipos, sistema y estrategias suficientes para detectar artículos o mercancías que ponen en riesgo la seguridad nacional, “como el tráfico de armas”.
    Proceso dio a conocer recientemente cómo se realiza el tráfico de armas por las aduanas del país y cuáles son las rutas que siguen; las armas son de alto calibre y son adquiridas por integrantes del crimen organizado.