Dolo de la Sedena contra Proceso

sábado, 19 de marzo de 2011

La exhibición de la revista Proceso en los operativos del gobierno de Felipe Calderón contra el narco se ha vuelto una constante. Esta vez la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incluyó dos ediciones del semanario como parte del material asegurado en un campo de entrenamiento de sicarios en Veracruz.

Por segunda vez en menos de dos años, integrantes del gabinete de seguridad nacional implicaron oficialmente a la revista con grupos de delincuencia organizada, ante la inacción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La acción de la Sedena, que tuvo lugar el lunes 14, coincidió con la admisión a trámite de la queja presentada por la revista en contra del Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la decisión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de vincular al semanario con La Familia Michoacana.

En agosto de 2009, la dependencia encabezada por Genaro García Luna utilizó varias ediciones de la revista en la presentación de una célula de ese cártel y difundió un video en que uno de los detenidos mencionaba a Proceso como uno de los recursos con que opera el liderazgo de la banda delictiva.

Esta vez, la Sedena incurrió en la misma práctica. Colocó ejemplares de la publicación junto al equipo y material bélico asegurado en el rancho La Leona, en el municipio Carrillo Puerto, donde según el Ejército operaba un campo de entrenamiento de sicarios. El lugar, ubicado en el centro del estado, se encuentra en una de las zonas donde operan Los Zetas.

A diferencia de la SSP, la Sedena no hizo ninguna referencia directa a Proceso ni a algún grupo del narcotráfico. Sin embargo, colocó ejemplares de la revista junto a armas simuladas de madera, cortas y largas, siluetas de medio cuerpo de personas como tiro al blanco y otros implementos, como los utilizados a principios de la década pasada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para entrenar a sus fuerzas.

Además del campamento y del campo de tiro, los militares presentaron armas largas, granadas de mano y de fusil, estopines, un soporte para fusil, aditamentos lanzagranadas, cartuchos de diversos calibres, cargadores, dispositivos para minas antipersonales, vehículos, maniquíes y siluetas para el campo de tiro.

El Ejército informó también del aseguramiento de “equipo y material diverso”, en el que se incluye la revista Proceso. Los ejemplares corresponden a la edición 1788, del pasado 6 de febrero, cuyo principal texto de portada se titula El Sicario, un documental proscrito en México. La nota se refiere a la película del cineasta y periodista italiano Gianfranco Rosi sobre la vida de un sicario mexicano. Asimismo, exhibió un ejemplar de la edición especial número 32, Los rostros del narco. Primera parte, publicada en febrero último.

El mando territorial de la Sedena en El Lencero, Veracruz, informó a la prensa local sólo sobre los objetos asegurados como resultado del operativo realizado los días 12 y 13 de marzo pasados por efectivos de la VI Región Militar y la XXV Zona Militar.

El comunicado de prensa en el que el Ejército dio a conocer el aseguramiento fue acompañado de una serie de fotografías. El mando territorial convocó a los medios y les permitió tomar sus propias imágenes.

Un día después, la prensa del estado reprodujo la información con imágenes del equipo y el material. En algunas de ellas se aprecian los ejemplares de la revista. Incluso, el periódico Diario de Xalapa describió: “En el paraje, que lucía solitario, había vehículos que con toda intención fueron cubiertos con maleza, se hallaron revistas con reportajes sobre la vida de los narcotraficantes y sus rostros en la portada”. El periódico evitó mencionar el nombre del semanario.

 

Atropello

 

Al día siguiente de que el Ejército expusiera a la revista en medio del material de entrenamiento, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón, informó a Proceso del inicio a trámite de la queja promovida por la revista en contra de la decisión del gobierno de Calderón de presentarla como parte de sus acciones de “combate integral al narcotráfico”.

La queja ante el organismo interamericano, registrada en el expediente P-1700-10 México, se presentó el 29 de noviembre pasado luego de que la CNDH desestimara la queja en contra de García Luna por implicar a la revista con una célula de La Familia Michoacana.

En dos ocasiones consecutivas, el 29 y el 30 de julio de 2009, la SSP relacionó al semanario con el cártel michoacano luego de que la Policía Federal (PF) detuviera a un grupo de presuntos narcotraficantes vinculados con Servando Gómez Martínez, La Tuta, considerado uno de los principales líderes de esa organización.

El Profe, como también es conocido, es además uno de los principales objetivos de la PF, toda vez que a él se le atribuyen algunas de las bajas más importantes de esa corporación en Michoacán, que han sido también de las más significativas en todo el país.

Según la información difundida por la SSP, uno de los detenidos aseguró que La Tuta le pedía que comprara la revista, además de que cuatro de sus ediciones fueron presentadas por la dependencia como parte de los recursos con los que opera la organización delictiva.

A la semana siguiente, Proceso presentó una queja ante la CNDH al considerar que la dependencia a cargo de García Luna, uno de los hombres más cercanos a Calderón, violó los derechos humanos de los trabajadores y directivos de la publicación.

“En función de los antecedentes corroborados por organizaciones defensoras de periodistas, respecto a las agresiones a periodistas y medios de comunicación por parte de diversos grupos y organizaciones delictivas que se sienten afectados por alguna publicación, consideramos que la actuación de la autoridad coloca en un riesgo al personal y a las instalaciones de la revista”, señaló la publicación en sus agravios.

La queja se tramitó ante la Quinta Visitaduría de la CNDH, encargada del programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, pero después de casi un año, su entonces titular, Andrés Calero Aguilar, desestimó la queja al considerar que la revista no debía sentirse afectada (Proceso 1752).

Para el organismo, la exhibición de la revista por parte de la SSP fue un mero “acto de difusión” que no puede considerarse “como un medio indirecto de presión o censura contra la línea editorial que maneja la revista”.

La CNDH decidió entonces archivar la queja y dejó en manos del propio gobierno de Calderón, a través del Órgano Interno de Control de la SSP, que investigue si hubo alguna irregularidad.

El organismo, que mantiene bajo reserva el expediente de la investigación, desestimó también un punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión adoptado por unanimidad el 19 de agosto de 2009, en el que el Poder Legislativo le pidió a García Luna garantizar “el libre ejercicio de las libertades de presión y expresión” y evitar actos que pongan en riesgo a los periodistas.

Los legisladores dijeron que al vincular a Proceso con La Familia Michoacana la SSP puede “generar diversas interpretaciones que deriven en actos de agresiones hacia los integrantes de la revista”.

Luego de que la CNDH rechazó la querella, el semanario acudió en noviembre pasado a la CIDH por considerar que tanto el gobierno de Calderón como el organismo que encabeza Raúl Plascencia desestimaron las garantías previstas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración de los Principios sobre la Libertad de Expresión, suscritos por México. l