MÉXICO, DF, 21 de marzo (apro).- Organizaciones defensoras de los derechos humanos entregaron a la misión de Naciones Unidas (ONU) que se encuentra en México, un reporte sobre desaparecidos que incluye casos del pasado y de la actual “guerra” del gobierno de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada.

Con la información recabada, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), que está  conformado por cinco especialistas, elaborará un informe que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en junio próximo.

Entre las organizaciones que entregaron el reporte a la misiónd e la ONU, se encuentran la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Centro Fray Francisco de Vitoria y Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (Afadem-Fedefam).

En ese documento, se señala que “en el actual contexto de violencia se han multiplicado las desapariciones forzadas”, circunstancia que puede constatarse con el aumento en el registro de quejas por ese delito ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que, entre diciembre de 2006 y febrero de 2011, acumuló 283 denuncias, 124 de ellas presentadas sólo el año pasado.

Las organizaciones responsables del informe destacan en un comunicado que “existen constancias de que el número real de casos sea mayor y que no están siendo denunciados en entidades con altos índices de violencia”.

Asimismo, manifestaron ante los expertos del GTDFI su preocupación por “las deficiencias del marco normativo en materia de desaparición forzada, que deja a toda persona en estado de indefensión frente a su consumación”.

También denunciaron “la persistencia de la crónica impunidad que marca los casos de desaparición ocurridos durante la llamada ‘guera sucia’” en las décadas de los setenta y ochenta.

Ente otros, destacaron los casos del infante de marina Paolo César Cano Montero; de 16 internos del penal de La Mesa, en Tijuana, Baja California; de siete agentes de la Policía Federal (PF) desaparecidos en Michoacán, y de un teniente de Infantería del Ejército Mexicano.

Además, presentaron sus consideraciones sobre el estado de cumplimiento del gobierno de Calderón a la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco.

El director de Incidencia e Investigación de CMDPDH, Silvano Cantú, pidió a los expertos de ONU que en su informe final “requieran al Estado mexicano y, en particular a la Procuraduría General de la República (PGR), emprender de manera seria las excavaciones en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, y demás diligencias pertinentes para investigar el paradero de Rosendo Radilla en los términos de la sentencia de la CoIDH”.

El abogado también celebró que el GTDFI decidiera realizar una audiencia en Atoyac, lo que será una “importante oportunidad” para que los expertos de Naciones Unidas “conozcan de cerca los testimonios y relatos de los familiares de las más de 700 desapariciones forzadas ocurridas en ese municipio”.

Cantú consideró que la presencia de los expertos de ONU “dará voz a quienes durante décadas han padecido la indiferencia de las autoridades investigadoras y el sistema de justicia, así como el manto de la impunidad y el olvido que el gobierno actual pretende perpetuar sobre este execrable episodio que enluta la historia reciente de México”.

Además, añadió, los integrantes del grupo de trabajo “podrán constatar in situ el abierto desacato del gobierno mexicano en relación con la sentencia de la CoIDH en el caso Rosendo Radilla”.

Después de realizar reuniones con organizaciones, familiares de víctimas y autoridades del gobierno de Calderón en la Ciudad de México, los integrantes del GTDFI acudirán a Chihuahua, Coahuila y Guerrero, entidades donde tendrán encuentros con ONG y familiares de desaparecidos.