La propuesta para abrogar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, recién presentada por el diputado priista Francisco Herrera Jiménez, está tan mal sustentada que “echa al bote de la basura más de 100 años de experiencia legal”, “abre la puerta de lleno a la explotación turística y económica del patrimonio” e intenta “legalizar” de facto al Conaculta, a decir de dos de los especialistas más serios en el tema, los antropólogos Bolfy Cottom e Iván Franco, doctores en derecho y ciencias políticas, respectivamente. 

MÉXICO, DF., 21 de marzo (Proceso).- Una iniciativa más de ley sobre el patrimonio, de las varias que han surgido desde la promovida en 1999 por el entonces senador panista Mauricio Fernández Garza, fue presentada el pasado 1 de marzo por el diputado federal por Veracruz Francisco Herrera Jiménez, miembro de la fracción parlamentaria del PRI e integrante de la Comisión de Cultura de la LXI Legislatura.

Esta nueva propuesta plantea la abrogación de la vigente Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, promulgada en 1972 y pretende incluir al llamado patrimonio “intangible”.

Además, crea el Sistema de Salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Nación, presidido por “el director general” del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), organismo al cual deja las funciones de orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar y dar seguimiento a los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas destinadas al cumplimiento de la ley.

Una “más”, porque a decir de dos investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) especialistas en legislación cultural consultados por Proceso, el documento está elaborado con tal desinformación e ignorancia de los temas, del sistema jurídico nacional, del derecho internacional y de la historia nacional en materia de salvaguarda y protección del patrimonio, que técnicamente no se sostiene.

Coinciden en que es, más bien, otro intento por “legalizar” de facto al Conaculta, ante la dificultad –admitida por la presidenta de la Comisión de Cultura, Kenia López Rabadán– de lograr consenso para la aprobación de una ley general de cultura.

Y es que el diputado, expresidente municipal de Papantla y quien se ostenta como miembro “distinguido” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) afirma en la exposición de motivos de su proyecto, titulado Ley general de protección al patrimonio cultural inmaterial y material de la nación, que el Conaculta, “sin ser cabeza de sector, sí tendría las facultades que de facto ya ejerce, de coordinar las políticas públicas encaminadas en la materia”.

En su cubículo de investigador de la Dirección General de Estudios Históricos, el antropólogo y doctor en derecho Bolfy Cottom, autor de Nación, patrimonio cultural y legislación: los debates parlamentarios y la construcción del marco jurídico federal sobre monumentos en México, siglo XX, entre otros libros, afirma que se trata de un proyecto “poco serio”, que no contribuye a solucionar problemas:

“Para empezar tiene motivaciones y fundamentos muy endebles. Por ejemplo: habla de los problemas de explosión demográfica, de los planes de desarrollo, de que ha aumentado el turismo cultural... En estricto sentido, ¿qué tiene que ver eso con la materia de la ley? ¿Qué vamos a poner en la ley, que la población ya no siga creciendo, o qué cosa?”

Expresa preocupación por el hecho de que el diputado (“no sé si no leen, no estudian o no se enteran”) haya pasado por alto que en 2009 se hicieron reformas a los artículos 4 y 73 constitucionales, lo cual permite distribuir competencias en materia de acciones y actividades culturales relacionadas con el gobierno federal, “excepto lo que se refiere a la fracción 25 del artículo 73 que es precisamente el asunto de las zonas y monumentos artísticos, arqueológicos e históricos”.

Para unir en su proyecto los conceptos de patrimonio material e intangible, continúa el especialista, el legislador utiliza dos convenciones de la UNESCO suscritas por México: la de salvaguarda del patrimonio cultural y material de 1972, y la de salvaguarda del patrimonio inmaterial de 2003. Pero el artículo 133 de la Constitución ya reconoce a los tratados internacionales como parte del sistema jurídico mexicano, siempre que no estén por encima de la Carta Magna. 

Tampoco consideró el diputado que en el artículo 124 se establece que lo que no es materia del gobierno federal lo es de los gobiernos estatales, y sucede así con el tema del patrimonio inmaterial. Ya existen legislaciones al respecto en estados como Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Coahuila. Y observa:

“Para hablar de la aplicación de una convención, de un instrumento de derecho internacional, hay que estudiar el sistema jurídico nacional. Cuando se aprueba la convención de 2003, México tenía ya 20 años de estar legislando en materia de patrimonio cultural inmaterial, de patrimonio cultural como concepto –digamos– en términos de la facultad de los gobiernos estatales.

“Uno de los grandes errores en las legislaciones nacionales es tratar de copiar literalmente lo que dicen los tratados internacionales, cuando de lo que se trata es de adaptar el contenido a la realidad de cada estado nacional; si no, se trasladan conceptos tan abstractos que nadie los puede aplicar.”

¡Vive México!

Desde Mérida, vía telefónica, el antropólogo y doctor en ciencias políticas Iván Franco dice en este sentido que el proyecto del priista desconoce no sólo las leyes ya existentes, sino la historia legislativa del país:

“En la exposición de motivos nunca menciona lo que se ha avanzado y lo que representó ese avance. Evidentemente hay una secuela de ignorancia, no toman en cuenta trabajos que han sido publicados por investigadores de los institutos o gente que tiene una mirada diferente de lo que ha sido el proyecto nacional. Les parece incómodo resaltar lo educativo, la investigación para la educación y la formación de identidad.”

A decir del autor de Los proyectos neoliberales sobre cultura y patrimonio cultural en México y Los obispos del PRI. El caso Berlié, es claro que el propósito es sencillamente utilizar al patrimonio cultural como algo que “enaltece”, hacer “difusión con campañas publicitarias tipo ¡Vive México! Y sabemos cómo opera esto. ¡Ahí se va todo el presupuesto! Le van a soltar al Conaculta vete a saber qué cantidad y a partir de eso te puede caer cualquier tipo de idea”.

Añade que aunque el proyecto no habla de la desaparición de los institutos INAH e INBA, en la realidad los “desprotege”, como se ha venido haciendo hace tiempo por distintas vías: presupuestal, operativa y a partir de acuerdos con los gobiernos estatales para promover el turismo.

“Lo que quieren es crear una megaestructura de poder, ahora no sólo ‘para la cultura y las artes’, sino para ‘la cultura, las artes y el patrimonio cultural’.”

Los dos investigadores coinciden en lo absurdo del argumento de legalizar la operación del Conaculta, que se ha colocado por encima de dos organismos cuando jurídicamente no debería ser así, pues “no por ocurrir en la práctica es legal, ocurre –dice Franco– por vicios de la propia legislación, han creado ese monstruo que les ha funcionado para crear clientelas. Eso es lo que quieren formalizar”.

Por su parte, Cottom añade que no se puede “seguir resolviendo problemas con más problemas, como el asunto del Conaculta”, y “hay estudios que demuestran que un órgano no puede estar por encima de otro de mayor jerarquía jurídica... Es preocupante porque el argumento es que el Conaculta viene realizando estas funciones de facto y esa es una verdad a medias, porque muchas de las discusiones, de las batallas que se dan entre las instituciones son precisamente por el respeto a la naturaleza jurídica de cada institución. Entones, si yo veo que de manera ilegal están matando gentes, ¿hay que hacer legal la matanza? Ese tipo de lógica no ayuda al funcionamiento administrativo de las instituciones”.

La derrama

En sus primeros párrafos de motivos, el diputado asegura que cuando se habla de patrimonio, “no es en el sentido económico ni comercial”, aunque se puede “generar una gran derrama económica” al “preservar y difundir las culturas”, aunque más adelante se explaya en la relación entre patrimonio y turismo. 

Menciona que la isla de Janitzio, cuyas tradiciones del Día de Muertos fueron declaradas patrimonio oral e inmaterial por la UNESCO, “es el claro ejemplo de la derrama que puede obtenerse al preservar el patrimonio cultural. La isla prácticamente subsiste del turismo que anualmente recibe de todas parte del mundo”.

También cita la declaratoria en el mismo campo de la ceremonia ritual de los voladores de Papantla, cuyo plan de manejo incluye el Encuentro internacional de voladores que se realiza en el festival Cumbre Tajín. “Sin cultura no hay turismo”, concluye citando el Estudio estratégico de viabilidad de turismo cultural en México, publicado por la Secretaría de Turismo en 2003. Y remata que “la premisa debiera ser el aprecio de la cultura per se, y la derrama económica como consecuencia de su salvaguarda y preservación”.

Para Iván Franco es claro que el proyecto retoma ideas planteadas por la UNESCO sobre cultura y desarrollo, “que lleva a comunidades muy pobres que no tienen otra posibilidad y les dicen hagan esto con su cultura y van a salir adelante. Es demagogia y el diputado se está montando en eso. Es claro cómo esta clase política del PRI, del SNTE, recurre a esos planteamientos y se olvida de toda la legislación que hay en México. Veo riesgoso lo de Cumbre Tajín, no lo pone como ejemplo, pero lo señala. Y da la impresión de que es lo que deberían hacer todos. Y ya sabemos el tipo de intereses que se han ido montando en Cumbre Tajín, que usan a la cultura como recurso. Ya se metió Televisa y se hace también promoción política con el festival”.

–¿La ley abre la puerta de lleno a la explotación turística y económica del patrimonio?

–¡Claro! Hay cada vez más un vínculo con la postura del propio Felipe Calderón, con la Ley General de Cultura. En esta dinámica de legalizar lo que ocurre, está en el fondo pensar cómo opera lo de Tajín. En los hechos él está pensando cómo legitimar estos eventos: Cumbre Tajín, Chichén Itzá, el usar –en un sentido de usufructo– las zonas, pero incluso el patrimonio inmaterial. Él menciona la Cumbre Tajín, donde embonan más cosas.

A su vez Cottom considera contradictorio que la ley plantee, por un lado, que en estricto sentido no ve al patrimonio desde el ámbito económico; y por el otro, hable de la gran derrama económica por su uso turístico. De por sí, advierte, con la ley de patrimonio actual (en la cual no se habla nada al respecto), predomina ya el carácter turístico, mercantil y comercial, “con una legislación más flexible el patrimonio correría un riesgo mayor”.

Enseguida indica que el tema del turismo cultural no es asunto de una ley del patrimonio: la Ley de Turismo ya lo contempla estableciendo que la promoción y difusión del turismo tendrá como principio la preservación del patrimonio cultural y natural. Para ello creó órganos donde están representados los institutos INAH e INBA. Lo que le sorprende es que de repente ocurra al revés y el INBA y el INAH asuman roles de promoción turística, porque “no son sus atribuciones”.

No pasarán

Franco lamenta que la ley prácticamente no mencione la relación entre educación, cultura e identidad, que sí está en el espíritu de la ley de 1972:

“Por eso digo que a ellos ya les incomoda, es una ley incómoda, y es paradójico porque la propia UNESCO tiene esos dos discursos: por un lado, que no debe separarse el vínculo entre educación y cultura; y por otro, que deben reformarse esquemas legislativos apuntalando la cultura para el desarrollo.

“Se distancia un concepto de otro, sobre todo como se ha dado en México, porque hay países donde no está tan vinculado a la educación, pero tienen sistemas educativos tan pero tan buenos a nivel básico y demás, que cuando entran como ciudadanos a la órbita de los derechos culturales realmente, se consolida su formación, como los españoles e ingleses. En México tenemos una secretaría de educación paralela que son Televisa y TV Azteca, que lo que hacen es maleducar a la población y ya la controlan infelizmente.”

Cottom expresa su confianza en que esta iniciativa está tan mal hecha que “no debería de trascender”. Apela al buen juicio de la comisión dictaminadora para que no tenga futuro, pues no tiene fundamentos ni argumentación para dejarse pasar y contradice lo que los propios legisladores han aprobado “constitucionalmente hablando”. Precisa:

“Echa al bote de la basura más de 100 años de experiencia legal... Es una falta de respeto a las instituciones de gobierno, a la sociedad misma, y a la memoria histórica y cultural de este país.”

El antropólogo comenta que hay otra iniciativa en curso presentada por la diputada panista Gabriela Cuevas, no para cambiar toda la ley actual, sino con reformas relativas a la supuesta “inconstitucionalidad” de la declaratoria de monumentos. Él ha precisado ya en otras ocasiones en estas páginas que no hay tal, pues los monumentos son de “utilidad pública” y los quejosos pueden ampararse apelando al artículo 27, el Código Civil que es supletorio (Proceso 1289). Y está también la Ley de Procedimientos Administrativos.

Aclara que no se trata de ocultar carencias en la ley de 1972, pero se debe tener muy claro de qué manera se incluye el recurso de defensa, pues se debe cumplir con el derecho de audiencia, pero considerar también que en zonas como los centros históricos, donde la población crece cada vez más, muchos serán los que se sientan afectados por una declaratoria.

“Infiero que ellos no han tenido la delicadeza o la cortesía de ir a las instituciones y preguntar cómo le hacen para esto o por qué ha habido resoluciones en contrario que dicen que la ley sí es constitucional, ¿no? Es falta de objetividad, de profesionalismo, de seriedad.”

Dice que si lo que se quiere es discutir un nuevo modelo de legislación del patrimonio cultural “por tomar la terminología del ámbito internacional”, deben ser claros y no tratar de argumentar que la ley actual es “monumentalista” o que no protege el patrimonio inmaterial, “porque su objeto no es el patrimonio cultural en general, son esos monumentos que tienen muchísimos años de venirse preservando por el Estado, y en el otro ámbito están legislando los estados”.

Y resume:

“El problema no es una ley o una institución, el problema es un modelo para salvaguardar una parte de la memoria nacional. Que estemos en épocas de globalización, neoliberales, de Estado proteccionista o lo que se quiera, el hecho es que existe ese fenómeno sociocultural y no porque estemos en la globalización lo vamos a poner en las leyes del mercado.”