MÉXICO, D.F., 22 de marzo (apro).- En abril de 2010, el semanario Proceso (número 1745) reveló que el gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, y su delfín, Francisco Olvera Ruiz, entre otros funcionarios, eran investigados por la Procuradurías General de la República (PGR) por sus presuntos vínculos con el narco, en particular con Heriberto Lazcano, El Lazca, líder de Los Zetas.
En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDORPIFAM/185/2010 se asentaba que el mandatario estatal y sus principales colaboradores financiaron campañas políticas, brindaron protección a Los Zetas y estaban coludidos en el tráfico de drogas.
La denuncia fue hecha en marzo de 2010 por el llamado Grupo Ciudadano Hidalguense.
Además de señalar al gobernador Osorio Chong, la querella consignaba presuntas relaciones con el narcotráfico, lavado de dinero y otras modalidades del crimen organizado, en contubernio con Los Zetas, del hermano del mandatario, Eduardo Osorio; del procurador estatal, José Alberto Rodríguez Calderón; del secretario de Agricultura, Manuel Sánchez, y del presidente municipal de Pachuca con licencia, José Francisco Olvera Ruiz, quien, según el documento, recibió más de 30 millones de pesos del narco en 2008 para su campaña por la alcaldía.
    Después de la publicación de esa información, el vocero de la Secretaría de Gobernación negó la existencia de dicha averiguación previa.
    Sin embargo, a casi un año de aquella revelación, el gobierno de Hidalgo reconoce por fin que sí se investigó no sólo al gobernador, sino a una decena de sus colaboradores e incluso a familiares por sus presuntos nexos con el narco.
 En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Gerardo González, anunció que la PGR liberó de cualquier relación con el narco a los gobernadores saliente y electo del estado de Hidalgo, Miguel Osorio y Francisco Olvera, respectivamente, así como a 10 servidores públicos más e incluso al algunos familiares del mandatario estatal.
El funcionario aclaró que luego del desahogo de pruebas --declaración de testigos protegidos, testimoniales de personas detenidas, documentos de cuentas e historial de movimientos bancarios--, la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), Marisela Morales Ibáñez, determinó en días pasados el no ejercicio de la acción penal.
Sostuvo que para el gobierno hidalguense las acusaciones tenían por objeto “calumniar, denostar, agredir, desprestigiar a los involucrados y dividir a la sociedad”, pero tras esa respuesta de la SIEDO, el asunto quedó cerrado.
    En la averiguación previa iniciada por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero estaban relacionados el gobernador saliente, Miguel Ángel Osorio Chong; el mandatario estatal electo, Francisco Olvera Ruiz; el ex procurador general de Justicia, José Alberto Rodríguez Calderón, y el secretario de Seguridad Pública, Damián Canales Mena, así como 10 funcionarios estatales más y algunos familiares de Osorio Chong.