MÉXICO, D.F., 23 de marzo (apro).- A menos de seis meses de su primera edición de 2010, Televisa y los medios que lo acompañan han decidido convocar este jueves a la Iniciativa México versión 2011, con un objetivo no explícito, pero que pronto será divulgado por la pantalla televisiva: impulsar un “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia”.
Si en 2010 el objetivo fue “canalizar” y capitalizar las inquietudes sociales por los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, en este año los ejecutivos y operadores de Televisa están impulsando un acuerdo, en sintonía con las necesidades del gobierno federal de Felipe Calderón, para controlar y unificar la información relativa a la guerra contra el narcotráfico.
La percepción generalizada de la ciudadanía indica claramente que esta “guerra”, ahora rebautizada como combate al crimen organizado, ha sido un fracaso. El propio presidente estadunidense Barak Obama declaró ante la cadena televisiva CNN que existe “frustración” en el gobierno de Calderón porque “los cárteles de la droga se han fortalecido”.
El borrador del anteproyecto que circula entre los medios, periodistas y columnistas invitados a participar en Iniciativa México 2011 se titula Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia.
De acuerdo con dicho borrador, que tiene fecha del 11 de marzo, se advierte que ante el avance de la violencia del crimen organizado:
“Los medios tenemos la responsabilidad de actuar con profesionalismo y de preguntarnos sobre las implicaciones potenciales que tiene el manejo de la información.
“Por ello, como en todas las noticias, las que involucran el crimen organizado deben apegarse fielmente a los hechos, al tiempo que provean elementos contextuales (sic) suficientes para la adecuada comprensión. Tratándose de estas noticias, los periodistas y sus casas editoriales debemos estar conscientes de que los hechos pueden tener como fin primordial convertirnos en instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado”.
Según la primera parte del Acuerdo, se trata de evitar que los medios y los periodistas sean utilizados “involuntariamente” por el crimen organizado.
Para ello, plantean los siguientes objetivos:
--Proponer criterios editoriales comunes para la cobertura informativa de la violencia que genera el crimen organizado con el propósito de propagar el terror entre la población no sirva para esos fines; sin demérito de la independencia editorial de cada medio.
--Establecer mecanismos que impidan que los medios se conviertan en instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado”. (No se define cómo lograr esto).
--Definir criterios para la protección de la identidad de las víctimas de la violencia generada por el crimen organizado.
--Establecer mecanismos para la protección de los periodistas en situaciones de riesgo.
--Promover el respeto a la legalidad, el combate a la impunidad y la participación ciudadana.
--Sumar al más amplio número de medios al Acuerdo y, de manera especial, a  aquellos que se encuentran en las zonas más afectadas por el crimen organizado.
--Crear mecanismos de seguimiento del Acuerdo que permitan conocer el grado de apego al mismo”.

La “Línea Editorial” desde Televisa

Tan loables objetivos, con principios rectores como el respeto a la libertad de expresión, la independencia editorial, el profesionalismo y la responsabilidad social, aterrizan en una serie de 10 “Criterios Editoriales del Acuerdo” que pueden llegar a constituir un ejercicio de censura previa, ya que no se establece cómo se medirán esos criterios y quién los definió.
A continuación se reproducen, textualmente, estos criterios:

1 Tomar postura en contra.

“Los medios debemos condenar y rechazar la violencia motivada por el crimen organizado, enfatizar el impacto negativo que tiene en la población y fomentar la conciencia social en contra de este tipo de violencia. Bajo ninguna circunstancia, los medios debemos justificar las acciones y los argumentos del crimen organizado y el terrorismo”.
    En esta parte, no se menciona nada sobre la condena o el rechazo a las violaciones frecuentes a los derechos humanos que se han cometido por fuerzas del orden (militares y policiacas) en el combate al crimen organizado.

2.- No convertirse en vocero involuntario del crimen organizado.

“En la cobertura del crimen organizado y sus estrategias de terror, los medios debemos:
--Evitar el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes.
--Abstenernos de usar inadecuadamente términos jurídicos que compliquen la comprensión de los procesos judiciales en contra del crimen organizado.
--Impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se convierten en víctimas o héroes públicos, pues esto ayuda a construir una imagen favorable ante la población, a convertir en tolerables sus acciones e, incluso, a ser imitados.
--Omitir y desechar información que provenga del crimen organizado con propósitos propagandísticos. Ni convertirse en instrumentos o parte de los conflictos entre grupos de la delincuencia.
(De entrada, se violaría aquí la obligación de todo medio de obtener y contrastar la información, siempre y cuando se verifique, venga de donde venga. Además, el uso de “testigos protegidos” provenientes del crimen organizado ha sido sobreutilizado por las propias autoridades, no por los medios).

3.- Dimensionar adecuadamente la información.
--Presentar siempre esta información en su contexto correcto y en su justa medida. Explicar cuál es el tamaño y la situación real del problema, cómo afecta a la sociedad y cómo se compara con lo que ocurre o ha ocurrido en otras regiones y países.
--Mostrar la información de acuerdo a su importancia. Para ello, los medios debemos establecer criterios para determinar en qué posición se debe ubicar la información vinculada al crimen organizado.
--Establecer criterios precisos para la difusión de imágenes y fotografías de actos de violencia y terrorismo que definan, entre otras cosas, cuándo y cómo se deben publicar o difundir, en qué espacios y cuántas veces. Siempre y cuando se debe advertir al público sobre la difusión de imágenes explícitas.

4. Atribuir responsabilidades explícitamente.

“La información que se difunda sobre el crimen organizado debe asignar a cada quien la responsabilidad que tenga sobre los hechos de violencia. En caso de que alguna acción del Estado en el combate a la delincuencia organizada caiga en excesos, esté fuera de la ley o viole derechos humanos, siempre habrá que consignarla. Una de las funciones de los medios es consignar y denunciar el ejercicio indebido del poder.  Y cuando la acción de gobierno involucra el uso de la fuerza pública, esta función es aún más esencial.
Por otra parte, cuando la acción del Estado se realice dentro de la ley, debe quedar claro que la violencia es producto de los grupos criminales. (subrayados propios).
(¿Quién determinará estas fronteras entre las acciones ilegales del crimen organizado o de la acción del Estado?).

5.-No prejuzgar culpabilidades.

“Las autoridades a veces tratan de mostrar eficacia en la lucha contra el crimen organizado presentando ante medios a detenidos en condiciones que cancelan su presunción de inocencia. Los medios debemos manejar siempre este tipo de información bajo el supuesto de que los involucrados son inocentes en tanto no cuenten con una sentencia condenatoria o estén confesos. Asimismo, los medios exigiremos información oportuna y veraz sobre las detenciones y, en general, sobre actuación del gobierno en sus acciones e investigaciones sobre el crimen organizado.
(¿Por qué no comprometerse a evitar las “recreaciones” y las “videoproducciones” como ocurrió como en el caso Florence Cassez?).

6.- Cuidar a las víctimas y a los menores de edad.

--La información que los medios presentemos debe respetar los derechos de las víctimas y de los menores de edad involucrados en hechos de violencia. Nunca debe darse información que ponga en riesgo su identidad.

7. Alentar la participación y la denuncia ciudadana.

--Los medios debemos promover que la ciudadanía denuncie a los delincuentes y participe, dentro de su ámbito, en la prevención del delito y reducción de la violencia. Esto, por supuesto, siempre que sus acciones no los pongan en riesgo frente a los criminales”.
(¿Cómo convertir a los ciudadanos en “delatores” de actos del crimen organizado si la corrupción en los cuerpos de seguridad no garantiza la integridad física de los denunciantes?).

8.- Proteger a los periodistas.

--Cada medio debe instituir protocolos y medidas para la seguridad de sus periodistas y reporteros al cubrir la información proveniente del crimen organizado y terrorismo, como son no firmar las notas sobre estos temas, hacer notas y coberturas conjuntas con otros medios y no hacer reportes en vivo desde las zonas más violentas.
(¿Cómo se definirán esos protocolos de seguridad?).

9.- Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios.

--En caso de que algún reportero o medio de comunicación sufra amenazas y acciones del crimen organizado y del terrorismo para influir en su línea editorial y contenido informativo, los medios debemos solidarizarnos en contra de esas presiones, pero en los términos que mejor le convengan al reportero o medio afectado.
(¿Por qué no solidarizarse también ante los abusos y amenazas de las autoridades ante información incómoda?).

10.- No interferir en el combate a la delincuencia.

“Los medios no debemos difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos en contra del crimen organizado o que comprometa la vida de quienes combatan a la delincuencia o a sus familias, como son policías, fuerzas armadas, investigadores, jueces y cualquier otra autoridad vinculada a la seguridad y  justicia.
“Lo anterior no implica que los medios dejemos de dar seguimiento al tema. Tampoco significa que renunciemos a nuestra responsabilidad de cuestionar la efectividad de la acción gubernamental contra el crimen organizado. Nuestros espacios deben seguir abiertos a la crítica de las estrategias gubernamentales en ésta, como en cualquier otra área del gobierno”.

Observatorio Ciudadano

En los párrafos finales del anteproyecto se establece la autonomía de cada medio para verificar el cumplimiento del Acuerdo y se habla de la creación de “un órgano ciudadano de observación que realice reportes periódicos sobre el apego de los medios a los criterios editoriales plasmados en el Acuerdo”.