MÉXICO, D. F., 24 de marzo (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó hoy el cese de dos titulares de unidades especializadas “por no acreditar exámenes de control de confianza”.
    Se trata de Juan Carlos Rincón Sánchez, quien encabezaba la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, y Samuel Hernández de Alba, quien estaba a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.
Luego de que el periódico La Jornada dio a conocer que la PGR investiga una cadena interna de corrupción, en la que altos funcionarios están involucrados –entre ellos el subprocurador Arturo Germán Rangel–, la Visitaduría General, encargada de la indagación, emitió un comunicado en el que ofrece más detalles de la operación “limpieza”.
En el texto, la Visitaduría General de la PGR señala que realiza inspecciones de evaluación técnico-jurídica y supervisión en tres áreas de la institución: Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros; Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial; Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores y contra la Administración de Justicia.
    Y subraya que de manera adicional “integra averiguaciones previas originadas por denuncias anónimas en las que se atribuyen ilícitos cometidos por servidores públicos de dichas unidades administrativas, en las cuales se recaban los elementos probatorios necesarios para determinar si efectivamente existen conductas que puedan ser constitutivas de delito, o bien de responsabilidades administrativas”.
    Actualmente, añade, la Visitaduría General trabaja, investiga y evalúa el desempeño de las diferentes áreas de la Institución, entre ellas las unidades especializadas, por lo que realiza inspecciones y visitas a cada una de ellas, y en su momento rendirá un informe para que se apliquen los correctivos o las sanciones de servidores públicos que hayan incurrido en alguna responsabilidad.
    La Visitaduría General es el órgano encargado de la evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control de los agentes del Ministerio Público de la Federación, así como de los agentes de la Policía Federal Ministerial y de los peritos de la institución. Además, investiga los posibles delitos e infracciones administrativas en que dichos servidores públicos pudieran incurrir.