VILLAHERMOSA, Tab., 3 de marzo (apro).- Familiares de los jóvenes Ramón Pérez Román y Víctor Manuel Chan Javier, de 23 y 21 años, abatidos en un retén militar, el 14 de noviembre pasado, sobre el periférico de Jalpa de Méndez, exigieron justicia frente a la delegación estatal de la Procuraduría General de la república (PGR).
    Las autoridades declararon en su momento que los jóvenes apuntaron con un arma a los efectivos de seguridad, por lo que éstos abrieron fuego contra la camioneta Expedition en que viajaban ambos, con el saldo ya conocido. Más tarde, la PGR atrajo el caso.
Sin embargo, los familiares de las víctimas rechazaron la versión y este jueves 3 manifestaron que tienen conocimiento de que los militares siguen libres y trabajando para el gobierno federal, y que además hay policías estatales involucrados, cuyos nombres, anticiparon, darán a conocer próximamente.
Los militares “no están detenidos y hay más elementos involucrados, de la Policía Estatal de Caminos, de la Judicial y ministeriales; en su momento se van a dar a conocer los nombres”, advirtieron los padres de familia, quienes acudieron a la delegación de la PGR acompañados por el abogado y presidente de la agrupación civil Somos Más, Rosendo Valenzuela Martínez, que lleva el caso.
Expusieron que las investigaciones para determinar y consignar las averiguaciones llevan un avance de 80% en la PGR, y que en menos de dos semanas éstas serían consignadas al juzgado de distrito para girar las órdenes de aprehensión respectivas.
Aseguraron que los responsables de las muertes de sus hijos son el teniente de Infantería, Garibaldo Pérez García; el cabo y chofer Rogelio Ventura Valenzuela; el sargento de Transmisiones, Luis Manuel García López, y el cabo de Sanidad, Florizel Ulloa Izquierdo.
    Víctor Manuel Chan Huicab y Ramón Pérez Hernández recordaron que el miércoles 2 se llevó a cabo la exhumación de los cuerpos de sus hijos en el panteón central de Jalpa de Méndez para conocer la verdad de los hechos, como el número de impactos, distancias y trayectorias de proyectiles de armas de alto poder que causaron la muerte de los dos jóvenes tabasqueños cuando presuntamente éstos pretendieron evadir un retén militar.
    Enseguida agradecieron a la PGR las facilidades que brindó a los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rodolfo Rueda y Raúl Nery, quienes estuvieron presentes en la exhumación de los cadáveres.
El abogado Rosendo Valenzuela informó que los implicados en el doble homicidio ya han declarado como indiciados, aunque no se les ha fincado ninguna responsabilidad, por eso los familiares de las víctimas están exigiendo que los asesinatos no queden impunes “y no se manche más Tabasco de sangre inocente”.
    “Exigimos todo el peso de la ley para los asesinos de nuestros hijos. Ya no más impunidad, señor presidente Felipe Calderón”, manifestaron los padres de los jóvenes acribillados.
Lo mismo pasó en el 2010 en Tamaulipas, con la familia Almazán y con los jóvenes del Tecnológico de Monterrey. No más sangre de inocentes, pues luego ustedes dicen, ‘disculpen, nos equivocamos’”, puntualizaron.