Guerra contra el narco provoca la muerte de 111 inocentes en 2010: CNDH

jueves, 3 de marzo de 2011

MÉXICO, DF, 3 de marzo (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, reprobó este jueves que instituciones de seguridad pública violen garantías individuales como pretexto de la lucha contra la delincuencia organizada.
Al rendir su informe de actividades ante ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ombudsman nacional reconoció que en 2010 “la sociedad mexicana experimentó momentos difíciles derivados de la violencia del crimen organizado, así como de los enfrentamientos entre las autoridades encargadas de la seguridad pública y la delincuencia, dando como resultado un incremento considerable de muertes violentas, el número más alto de los últimos años”.
Precisó que el año pasado la guerra contra el narcotráfico “provocó una injusta afectación en la esfera de las libertades de las personas ajenas a la delincuencia”, de manera que 111 personas “inocentes, no vinculadas a delito alguno”, perdieron la vida en operativos de seguridad pública y, en la inmensa mayoría de los casos, “aún esperan que se haga justicia”.
En su discurso, el presidente de la CNDH puntualizó que “no existe justificación alguna para que, con el pretexto de garantizar una efectiva seguridad pública, se violen derechos humanos”.
Destacó que “el desempeño de las instituciones encargadas de seguridad pública en la lucha en contra de la delincuencia es responsabilidad del Estado, la que puede y debe efectuarse con plena observancia de los derechos humanos”.
Destacó que el año pasado la CNDH recibió 16 mil 66 quejas, de las que 6 mil 916 fueron consideradas como presuntas violaciones a derechos humanos.
Las autoridades más señaladas por vulnerar derechos, acotó, son: Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Seguridad Pública (SSP), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Procuraduría General de la República (PGR), Instituto Nacional de Migración (INM) y Marina (Semar), en ese orden.
Enseguida sostuvo que se emitieron 86 recomendaciones dirigidas a 115 autoridades, y que quienes no aceptaron las sugerencias fueron, entre otros: Comisión Nacional del Agua (Conagua), SSP; Petróleos Mexicanos (Pemex); los gobernadores de Chihuahua, San Luis Potosí, así como los Congresos de Oaxaca y Veracruz.
Plascencia Villanueva también manifestó su preocupación por los agravios cometidos contra periodistas y defensores de derechos.
El año pasado, puntualizó, la CNDH integró 80 expedientes por presuntas violaciones a derechos humanos de periodistas y se emitieron nueve medidas cautelares.
“Las agresiones a los periodistas no sólo representan un ataque directo a la vigencia del estado de derecho y a la libertad de expresión, sino también a la ineficiencia de las autoridades competentes en la prevención e investigación de los delitos”, resaltó el ombudsman.
En el mismo año, añadió, la CNDH recibió 50 quejas por agravios a defensores civiles, las que motivaron dos recomendaciones y 13 medidas cautelares.
Sin embargo, para el ombudsman “no existe justificación” para que se limite el trabajo de los defensores de derechos humanos.
“La condición de defensor no debe ser un peligro para quien decide comprometerse con esta causa; al contrario, deben contar con garantías en el ejercicio de sus tareas, especialmente cuando tienen que ver con el tema de la seguridad pública”.
Por último, Plascencia informó a los ministros que la CNDH ofreció 314 mil 936 servicios al público, organizó 11 mil 178 actividades de promoción, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos en las que se atendió a unas 145 mil 298 personas.

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