Cárcel a quienes suministraron arma con que se mató a agente de EU

viernes, 4 de marzo de 2011

MÉXICO, D.F., 4 de marzo (apro).- Un juez de Dallas, Texas, dictó cárcel provisional sin derecho a fianza a tres sujetos a quienes  responsabiliza de haber suministrado el arma con que fue asesinado el agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Jaime Zapata, el pasado 15 de febrero en la carretera federal de San Luis Potosí.
    La captura de los responsables de la muerte del agente estadounidense ha tenido una celeridad inusitada: Ocho días después del crimen, elementos del Ejército aprehendieron a Julián Zapata Espinoza, alias “el Piolín”, y a otros cuatro miembros del cártel de los Zetas, como presuntos responsables del ataque y muerte del estadounidense.
Cinco días más tarde, el 28 de febrero, el gobierno de Estados Unidos detuvo a tres hombres que suministraron el arma al “Piolín” en Lancaster, Texas, y este viernes un juez de Dallas les dictó cárcel provisional sin fianza por posesión ilegal de armas, por eliminar ilegalmente la identificación de un arma y por perjurio.
Sus nombres son: Renferi Osorio, de 27 años, su hermano Otilio, de 22 años, y su vecino Kelvin Leon Morrison, de 25.
Según el pliego de consignación, una de las armas utilizadas fue comprada por Otilio Osorio en octubre pasado.
El ataque en el que fue asesinato Zapata y herido su compañero, Víctor Ávila, ha sido considerado como el peor cometido contra un agente estadounidense desde la muerte de Enrique Camarena Salazar, elemento de la Agencia Antidrogas (DEA), en 1985.
El hecho tuvo tal relevancia que en su última visita a Estados Unidos, el jueves pasado, el presidente Felipe Calderón se comprometió a revisar en el Congreso el tema de la seguridad de los agentes norteamericanos que operan en México.
Y en cuanto al caso del agente Zapata acordaron aplicar todo el peso de la ley sobre los autores del asesinato. Estados Unidos solicitó la extradición de “el Piolín”, misma que el mandatario  mexicano se comprometió a conceder, después de que las autoridades de nuestro país se pronuncien al respecto.