Exigen tipificar el feminicidio

lunes, 7 de marzo de 2011

MÉXICO, D.F., 7 de marzo (apro).- El presidente Felipe Calderón y el gobernador Enrique Peña Nieto deberán responder a una demanda de amparo que interpusieron organizaciones civiles por negarse a iniciar una investigación para emitir una declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de México.

Y es que luego de que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres dio carpetazo, el pasado 11 de enero, a la solicitud de emitir una alerta de violencia de género, después de que se documentaron 922 feminicidios en el Estado de México, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y el Observatorio Civil Nacional de Feminicidios (OCNF) interpusieron un juicio de amparo que, el pasado 23 de febrero, fue admitido por el juez noveno de Distrito en Materia Administrativa, Álvaro Tovilla León.

En conferencia de prensa, Sergio Méndez Silva, de la CMDPDH, y María de la Luz Estrada, del OCNF, explicaron que además de Calderón y Peña Nieto, están emplazadas 44 dependencias federales y locales que forman parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Estrada recordó que la solicitud que presentaron las organizaciones se fundamentó en que en el Estado de México “hay un patrón preocupante de violencia contra la mujer”, tomando en cuenta que de 2005 a junio de 2010 “documentamos 922 homicidios de mujeres que tenían indicios de feminicidios, y que permanecen en la impunidad”.

Otros elementos que fundamentaron la solicitud de alerta, agregó Ana Yeli Pérez, también de la CMDPDH, es que en 57% de esos 922 casos no se identificó al responsable de los crímenes; 99 víctimas no fueron identificadas y fueron a dar a la fosa común, y las víctimas fueron descubiertas en la vía pública o en terrenos baldíos “en condiciones degradantes”.

Los abogados señalaron que la responsabilidad de Calderón en la negativa de emitir la alerta está en haber impuesto en 2008 un |reglamento a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que vuelve inaplicable la legislación.

Estrada resaltó que el procedimiento presiona a las “organizaciones civiles a realizar funciones que tienen los órganos del Estado, porque nos obligan a nosotros a realizar una investigación exhaustiva para presentar pruebas de la gravedad de la violencia contra las mujeres; además, tenemos que lidiar con las procuradurías, porque no se nos proporcionan los expedientes, nos dan información rasurada o se nos niega información”.

Por su parte, Méndez agregó que “mientras la LGAMVLV señala que la Secretaría de Gobernación es la entidad responsable de investigar la solicitud de alerta de las organizaciones civiles y resolver en consecuencia, lo que hace el reglamento impuesto por Calderón es politizar el procedimiento, porque delega la decisión a las 11 dependencias federales y 32 organismos estatales de atención a la mujer, que integran el Sistema Nacional, dejando a la Segob el simple papel de vocera de esa decisión”.

Por ello, añadió, “consideramos que Calderón es responsable de imponer un reglamento que va contra la LGAMVLV, haciéndolo inconstitucional, porque mientras el poder legislativo otorga  derechos, él como responsable del Ejecutivo los restringe”.

Méndez recordó que en la respuesta a la solicitud de alerta, la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional, María del Rocío García Gaytán, informó el 12 de enero que “por 20 votos en contra, 11 a favor y dos abstenciones” se declaró improcedente iniciar una investigación sobre la declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de México”.

Es decir, “no se fundó ni motivó por qué no se realizó la investigación, no se nos dijo si nuestra investigación fue correcta o no”, apuntó Anayeli Pérez.

Con el reglamento, “Calderón lo que hizo fue evitar cargar con el costo político que sería emitir una alerta, y dejar que sean los gobiernos locales los que negocien con los representantes del gobierno federal, o sea, no hay interés realmente por acabar con la violencia contra la mujer”, insistió Méndez Silva.

En cuanto a la responsabilidad de Peña Nieto, agregó, “está en la forma en que su representante ante el Sistema Nacional, quien actuó por instrucciones del gobernador, politizó el asunto achacando nuestra solicitud a una supuesta intención de bloquear su candidatura a la presidencia, cuando el fondo es jurídico”.

Los abogados, quienes también demandaron la tipificación del feminicidio en los códigos penal federal y estatal señalaron que la expectativa es que el amparo sea tomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “para que defina la constitucionalidad del reglamento”.

María de la Luz Estrada adelantó que ante la gravedad de la violencia de género, el OCNF y la CMDPDH preparan otras solicitudes de alerta en los estados de Chihuahua, Jalisco y Chiapas.

Y ante la inocultable violencia de género en territorio mexiquense, este martes 8 de marzo, fecha en que se celebra el Día Internacional de la Mujer, organizaciones sociales anunciaron una protesta fuera de las instalaciones de la representación del Estado de México en el Distrito Federal.