Aborto inducido, delito grave en Puebla

martes, 8 de marzo de 2011

PUEBLA, Pue., 8 de marzo (apro).-  La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) denunció hoy que en esta entidad se persigue más a las mujeres que deciden suspender su embarazo que a los secuestradores o narcotraficantes.
Como ejemplo citó el caso particular de Guadalupe Luna, una joven de 20 años quien fue procesada por haberse inducido con medicamentos la suspensión de gestación en su quinto mes.
Nataly Hernández Arias, integrante de Ddeser, advirtió que los derechos humanos de esta mujer fueron violentados tanto por autoridades de salud, como judiciales.
Aseguró que médicos, fiscales y policías criminalizaron a Guadalupe Luna y la sometieron a tratos ofensivos. Incluso, refirió, se montó una guardia policíaca afuera de su cuarto, como si se tratara de una persona peligrosa, y tomaron su declaración ministerial cuando aún estaba convaleciente.
La joven fue atendida en la clínica del IMSS de Tehuacán, Puebla, el pasado 1 de marzo, cuando llegó con una hemorragia vaginal, que derivó en la expulsión del producto. Tras ser interrogada por los médicos, confesó que había ingerido medicamentos controlados porque quería suspender su embarazo.
Sus padres explicaron que la joven había pasado por una “depresión aguda” porque su novio la había abandonado al saber que estaba embarazada.
El 4 de marzo, Luna fue detenida por policías ministeriales y llevada  a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado, donde estuvo hasta que sus padres pagaron una fianza de 20 mil pesos.
Ahora, la joven será enjuiciada pues la legislación en Puebla, reformada hace dos años, establece que “la vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”.
Hernández Arias dijo que con esta legislación Puebla se coloca como uno de los estados más retrogradas en lo que  a los derechos reproductivos y sexuales de la mujer se refiere.
El caso de Luna ejemplifica que este tipo de preceptos legislativos sólo sirven para criminalizar a las mujeres que deciden  no llevar a término su embarazo, principalmente a las de escasos recursos económicos, expuso.
Esta semana, el diputado del partido Convergencia, José Juan Espinosa, presentó una iniciativa en el Congreso del estado para despenalizar la suspensión del embarazo en las primeras 12  semanas de gestación.
En tanto, Irazú Gómez Vargas, responsable del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana de Puebla señaló que, a su paso por México, el cuerpo de las mujeres migrantes se convierte en “un cheque en blanco”,  lo mismo para autoridades, compañeros de viaje, polleros y grupos del crimen organizado.
En el marco del Día Internacional de la Mujer la académica aseguró que las mujeres migrantes son el grupo más vulnerable, pues la violencia sexual es la más oculta y la que menos se denuncia.