Calderón debe disculparse con víctimas de abuso sexual por parte de militares: Cejil

martes, 8 de marzo de 2011

MÉXICO, D.F., 8 de marzo (apro).- Para demostrar su respeto a las mujeres, el presidente Felipe Calderón estaría obligado a ofrecer una disculpa pública a las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, víctimas de abusos sexuales por parte de miembros del Ejército mexicano, afirma Alejandra Nuño, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que defendió a las dos guerrerenses.
En el arranque de la campaña por el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  (CoIDH), que declaró culpable a México por las agresiones sexuales a las indígenas me ‘phaa, impulsada por Amnistía Internacional (AI), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), la Organización del Pueblo Indígena Me ‘phaa (OPIM), Nuño hace un recuento del proceso jurídico en el sistema interamericano.
    Resalta que durante los juicios llevados por separado, los jueces de la CoIDH “hicieron lo que en México nunca obtuvieron Inés y Valentina por parte de las autoridades: tomaron en cuenta sus testimonios como víctimas para acreditar que fueron soldados del Ejército Mexicano quienes las agredieron sexualmente, y consideraron esas violaciones como tortura, toda vez que fueron violentadas después de ser interrogadas, como un castigo por no obtener la información que querían”.
    Una vez que la CoIDH dio a conocer las sentencias el primero de octubre de 2010, “el Estado mexicano está obligado a cumplir cada punto, porque no se trata de recomendaciones que pueda acatar o no”, subraya la abogada de Cejil.
    Refiere que entre las “medidas de satisfacción, la CoIDH ordenó que el Estado debe reconocer que la regó, por lo que debe reconocer en público que las violaciones a derechos humanos a Valentina e Inés fueron su responsabilidad, por lo que si realmente se quiere demostrar el compromiso con los derechos humanos y con los compromisos internacionales, debería ser el titular del Ejecutivo  (Felipe Calderón) quien dé la disculpa pública”.
    Alejandra Nuño recuerda que uno de los mandamientos fundamentales se refiere a que las investigaciones de los casos tienen que ser seguidas en el fuero ordinario, en este caso en la Procuraduría General de la República (PGR), situación que al momento no ha ocurrido ya que continúan en poder de los tribunales castrenses.
    Aída Hernández, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) y quien realizara los peritajes psicosociales de los casos, puntualiza que la militarización regional “trae consigo la suspensión de los poderes locales”.
    Añade que las sentencias de Fernández Ortega y Rosendo Cantú “son de gran actualidad, y reflejan que no son casos aislados sino que forman parte de patrones, y como ejemplos están las violaciones sexuales a las indígenas de Chiapas agredidas en 1994, durante el conflicto zapatista, así como el caso de las mujeres de Castaños, en Coahuila; es decir, violaciones sexuales en las que la responsabilidad recae en miembros del Ejército y que siguen en la impunidad”.
    La investigadora señala que debido a la militarización de la lucha contra el narcotráfico, “la violencia sexual por parte de soldados tiene como objeto desmovilizar los procesos organizativos, los soldados no fueron movidos por un impulso sexual para atacar a las mujeres”.
    Hernández resalta que en las recomendaciones que hizo en el peritaje para garantizar la no repetición, “se pidió la desmilitarización de las regiones indígenas y que en apego al derecho internacional, al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), antes de que las tropas se instalen en terrenos comunitarios indígenas, deben hacer una consulta previa”.
    En el evento también participaron el representante de AI en México, Alberto Herrera, y el abogado del CDHMT Santiago Aguirre, quienes pugnaron por el cumplimiento irrestricto de las sentencias.
    El acto fue aprovechado por integrantes del Movimiento por la Unificación y la Lucha Triqui Independiente (MULTI) para exigir el esclarecimiento de los asesinatos de las locutoras indígenas Felícitas Martínez y Teresa Bautista, así como para pedir el respaldo para los habitantes del municipio autónomo de San Juan Copala.

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