MÉXICO, D.F., 8 de marzo (apro).- El Sexto Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó la decisión de la juez Blanca Lobo Domínguez de suspender temporalmente la exhibición de la película Presunto Culpable.

Por unanimidad, los magistrados Clementina Flores Suárez, Emma Margarita Guerrero Osio y Rubén Rodriguez echaron abajo la medida precautoria por considerar que causaba “perjuicio al interés social” y contravenía el derecho a la información establecido en el artículo Sexto de la Constitución.

Los magistrados indicaron que ese derecho es una “pieza básica para el adecuado funcionamiento de la sociedad democrática, no sólo para que los individuos se manifiesten libremente, sino para que se respeto su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.

Dijeron que con su decisión también salían en defensa de la actividad cinematográfica nacional, debido a que “por su sentido social, es un vehículo de expresión artística y educativa”, además de ser “una actividad cultural primordial”.

Según un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados también consideraron que esa actividad es “de interés social por expresar la cultura mexicana y contribuir a fortalecer los vínculos de identidad nacional entre los diferentes grupos que la conforman, debiendo el Estado fomentar su desarrollo para cumplir s función de favorecer la composición pluricultural de la nación mexicana”.

La revocación fue en respuesta a la queja interpuesta por Operadora Comercial de Desarrollo (Cinepolis), una de las cadenas de salas cinematográficas que se dijo afectada por la orden de la juez.

De esa manera, el Poder Judicial de la Federación salió al paso de las presiones y críticas desatadas desde el pasado 1 de marzo cuando la titular del Décimo Segundo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, Blanca Lobo Domínguez, ordenó a la secretaría de Gobernación gestionar la suspensión de la exhibición comercial de la película.

La juez reitero el lunes la orden de suspensión provisional toda vez que Gobernación aseguró no entender “los alcances” de la medida precautoria.

La juez indicó que se trataba de una suspensión provisional en tanto se resolvía un amparo solicitado por Víctor Daniel Reyes Bravo, por considerar que la exhibición de la película, en la que aparece como testigo de cargo, le había causado no sólo daño a su imagen, sino amenazas, burlas y humillaciones por quien lo reconoce en la calle. Además, considera que su imagen se ha utilizado sin su permiso.

Todavía este martes, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Margarita Luna Ramos, con el pretexto del Día Internacional de la Mujer, salió en defensa de Lobo Domínguez al asegurar en una inusual declaración pública difundida por el máximo tribunal de que no se trataba de un acto de censura, sino de una medida cautelar.

Con la decisión del Tribunal Colegiado, quedaron sin materia los recursos de queja interpuestos por la productora de la película Layda Negrete Sansores y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), promotor de la película, que apenas el lunes había dejado de proyectarse.

El próximo viernes, la juez Lobo Domínguez se pronunciará sobre la suspensión definitiva de la película solicitada por quien promovió el amparo, aunque es poco probable que resuelva en sentido contrario al Tribunal Colegiado, que es una instancia superior.

Pero aunque resuelva en definitiva que la exhibición debe mantenerse, el juicio de amparo podrá seguir su curso.

Además, en el Décimo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa del DF también se tramite un amparo en contra de la exhibición de la película promovido por los familiares de la víctima del asesinato a partir del cual se elaboró el guión de Presunto Culpable.